La Universitat de València acusa a la Generalitat de “adoctrinamiento institucional” tras censurar cursos de memoria democrática y antifascismo

La Universitat de València ha denunciado públicamente lo que califica como un acto de censura ideológica por parte de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación, tras la retirada de la convalidación como cursos oficiales de formación docente de dos programas centrados en la memoria histórica y el antifascismo.

Los cursos afectados, '¿Ensanchar la democracia? Vertientes del antifascismo histórico para llevarlas a las aulas' e 'Historia, memoria y didáctica del franquismo y la transición a 50 años de la muerte de Franco', habían sido previamente validados por el CEFIRE de Gandia y contaban con la implicación directa de personal docente e investigador de la Universitat de València, así como de otras universidades españolas. La Subdirección General de Formación del Profesorado revocó ese reconocimiento a última hora, sin aportar justificación académica ni consultar a las partes implicadas.

Las coordinaciones de la Càtedra Alfons Cucó de Reflexió Política Europea y del Aula d’Història i Memòria Democràtica, desde donde se había impulsado la elaboración y coordinación de los cursos, denuncian que esta decisión constituye una intromisión política injustificable y una violación de los principios básicos de libertad de cátedra y autonomía universitaria. En un comunicado conjunto, acusan a la Generalitat de haber actuado con criterios “puramente ideológicos”, al margen de cualquier consideración pedagógica o científica.

Además, advierten que la retirada contradice las leyes educativas vigentes —entre ellas, la LOMLOE y la Ley de Memoria Democrática— que instan a incorporar la historia reciente y la memoria democrática en la formación del profesorado. “La Generalitat está incumpliendo su deber legal de promover una ciudadanía crítica y democrática”, señalan.

La Universitat también critica duramente las declaraciones públicas de responsables de la Conselleria, que consideran un ataque directo contra el sistema público de enseñanza y contra sus profesionales, al desacreditar sin argumentos válidos el trabajo de docentes e investigadores universitarios. “En lugar de proteger e incentivar la enseñanza pública, están debilitándola”, denuncian, advirtiendo del daño institucional y formativo que esto supone.

Las entidades universitarias reivindican el papel de la universidad pública como referente científico y formativo, y alertan de que esta censura rompe el modelo de colaboración entre instituciones educativas. Frente a los intentos de silenciamiento, reafirman su compromiso con los valores de democracia, libertad, pluralidad y tolerancia: “Trabajar por la memoria democrática no es adoctrinar, es formar ciudadanía bajo los principios universales de los derechos humanos”.