Israel, vivienda y aborto: Ayuso pone a prueba la fidelidad de sus votantes

El mismo domingo de septiembre en que 100.000 personas (los cálculos son de la Delegación del Gobierno) se manifestaron en Madrid contra la participación de un equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, se paseó en el coche de ese equipo, fue a saludar a sus ciclistas y cargó con dureza contra las protestas, que llegó a vincular con ETA y el yihadismo. Su número dos en el partido, Alfonso Serrano, fue aún más lejos. Llamó “gentuza” a las decenas de miles de madrileños que clamaron contra el genocidio de Israel y el blanqueamiento que el equipo ciclista estaba llevando a cabo en competiciones internacionales. Fue su respuesta a una reportera de El Intermedio.

A diferencia de otros líderes de su partido y el propio Alberto Núñez Feijóo, que sí ha condenado la matanza de civiles en Gaza, aunque no ha querido llamarle “genocidio”, ni Ayuso ni el PP de Madrid han tenido una sola palabra de censura a la actuación de Israel. Y en varias ocasiones tanto Ayuso como dirigentes de su organización regional han legitimado a Netanyahu y defendido que solo está respondiendo a los atentados de Hamás del 7 de octubre.

¿Creen Ayuso y su equipo que no había votantes del PP en las masivas protestas contra la masacre que propicia el Gobierno de Netanyahu?

No es lo que dicen las encuestas. La posición que Ayuso ha defendido a capa y espada sobre Israel estos meses no solo es minoritaria entre los españoles, a tenor de lo que arrojan todos los sondeos, también es residual entre los votantes del Partido Popular. En el último de Sigma Dos para El Mundo publicado el pasado 5 de octubre, Ayuso se ha colocado en el debate sobre Israel en una posición que solo defiende el 18% de los votantes del PP. Dicho sondeo —realizado durante las dos semanas posteriores al paseo de la presidenta de Madrid en el coche del director del equipo de Israel y a sus fotos con los ciclistas— concluye que el 75% de los votantes del PP está en contra de la actuación de Israel contra Palestina. El 25% de los votantes populares defiende que se está cometiendo un genocidio y el 49,8% asegura que la actuación del Gobierno de Netanyahu es desproporcionada. Solo un 18% asume la posición de Ayuso y el PP de Madrid: que Israel “está actuando en legítima y proporcional defensa a los ataques terroristas del 7 de octubre”. Y el 40% de los votantes populares afirma que debería excluirse a los equipos de Israel de las competiciones deportivas internacionales, como se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania.

Cuando se preguntaba por las protestas que obligaron a suspender varias etapas de la Vuelta Ciclista, los votantes del PP son menos comprensivos: las rechazó el 78,8% de los votantes populares y un 86% de ellos aseguró que empeoraban la imagen de España en el mundo.

Todos los sondeos publicados en la prensa apuntan en la misma dirección. La última oleada de la encuesta del Instituto Elcano, en julio de 2025, destacaba que el 82% de los españoles calificaban como genocidio la actuación de Israel en Gaza y el 78% se mostraba partidario de que los países europeos reconociesen ya a Palestina. En el extremo contrario, el apoyo a Israel caía a mínimos y se quedaban en el 23% de los entrevistados.

Cuentan quienes están cerca de Ayuso que la presidenta asumió las tesis más duras de la derecha en Israel durante un viaje que realizó hace años y que desde entonces está muy próxima a posiciones sionistas. Pero que se trata de una convicción personal. La oposición en Madrid sostiene que no es tanto una cuestión de ideas como de negocios, y recuerda la influencia de algunos empresarios proisraelíes con los que tienen conexiones también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el antecesor de ambos, Alberto Ruiz-Gallardón.

Pero el de Israel no es el único argumento en la guerra cultural de Ayuso y su spin doctor, Miguel Ángel Rodríguez, que levanta ampollas entre los votantes populares. Hace un par de semanas, la presidenta madrileña irrumpió de una manera inesperada en el debate sobre los médicos que deciden no realizar abortos en la sanidad pública y la lista de objetores que según la ley tiene que realizar cada comunidad autónoma. Hasta ese momento, Ayuso nunca había pisado de ese modo un charco que trata de esquivar siempre el Partido Popular. En algunas entrevistas antes de ser presidenta se mostraba a favor de que el PP evolucionase con la sociedad y modificase su postura contraria al aborto. Pero en plena guerra con el Gobierno de Pedro Sánchez, Ayuso amagó primero con negarse a aplicar la ley que obliga a realizar un registro (que no es público, solo para funcionamiento interno) de los médicos que se declaran objetores y rechazan realizar abortos (en Madrid, menos del 1% de las interrupciones de embarazos se realizan en hospitales públicos). Se trata de una lista parecida a la que ya se utiliza para los objetores de la eutanasia, pero el Gobierno de Madrid decidió hacer casus belli con este registro, al que llama “lista negra”. En medio de uno de esos debates, desde el atril de la Asamblea de Madrid, Ayuso espetó a la oposición: “Váyanse a abortar a otro lado”.

El vídeo copó portadas, informativos y obligó a Feijóo a hacer un comunicado para aclarar que el PP defiende garantizar las interrupciones de embarazo “conforme a las leyes”. Feijóo trata de evitar que se reabra un debate que divide a su partido y que ya trató de zanjar en 2023 una vez que el Constitucional avaló la ley de plazos aprobada durante el Gobierno de Zapatero. “En mi opinión personal, una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, constitucional y es un planteamiento que merece mis respetos. Nos parece que en la España actual es una ley correcta”, dijo entonces para cerrar el debate y las preguntas de la prensa.

Feijóo trataba de situarse (él mismo y también a su partido) en línea con la opinión mayoritaria de los españoles que de forma abrumadora se posicionan a favor de ese derecho. Una encuesta de IPSOS realizada en 27 países unos meses antes concluía que el 70% de los españoles era partidario de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, 20 puntos más que la media europea, y que los porcentajes eran similares entre hombres (68%) y mujeres (73%) y tampoco había grandes variaciones por grupos de edad. El sondeo concluía que solo uno de cada cuatro votantes del PP defendía que el aborto fuese ilegal en todos o la mayoría de los casos. El 60% de los votantes del PP estaba a favor. Y esos porcentajes se han mantenido en encuestas recientes. Por eso, incluso puertas adentro en el PP, no se ha entendido ese “váyanse a abortar a otro lado” que la presidenta madrileña soltó desde la Asamblea Regional.

“El mejor lugar para sus inversiones en vivienda”

Pero si hay una crisis que hoy en día atraviesa a extensas capas de la población, esa es la de la vivienda. En los últimos años ha dejado de ser un problema generacional y escalado hasta convertirse en la primera preocupación de los españoles. Subió a esa posición el pasado diciembre y desde entonces se mantiene según las respuestas espontáneas que los ciudadanos dan en el CIS. Más de un tercio de los encuestados sitúan la emergencia habitacional entre los tres primeros problemas del país, tal y como figura en la última oleada de octubre. Es la segunda vez que sucede desde que arrancó la serie histórica en 1985. La anterior fue en 2007, en la cima de la burbuja inmobiliaria. Ya no se trata de un conflicto que afecte a los jóvenes: varias generaciones lo sitúan como la principal urgencia del país y en un solo año casi se ha duplicado el porcentaje de personas que lo ven como el problema más acuciante (en la franja de entre 45 y 74 años, hace un año era el 20% de la población y ahora ha subido al doble). No solo en las preguntas de respuesta espontánea sobre los principales retos del país, también está en la cima del ranking cuando el CIS pregunta por las preocupaciones individuales. Hace solo un año estaban por delante los problemas económicos y la sanidad.

Otro sondeo publicado el pasado septiembre por El País y la Cadena SER señala que el 57% de los españoles creen que es el principal reto para los próximos dos años, por delante de la corrupción y las pensiones. Comparten ese diagnóstico la inmensa mayoría de los votantes de todos los partidos (en Sumar son el 69%, en el PSOE el 65%) pero también en la derecha. También los electores del Partido Popular creen que es el principal problema a solucionar en España, el 54%, tres puntos por encima de los de Vox, (el 51%).

Con ese panorama, la presidenta madrileña se presentó hace unas semanas en el Real State Forum de Blackrock, las jornadas de un megafondo con una capitalización de 184.000 millones de dólares e importantes intereses inmobiliarios en España, para animarles a invertir en la capital. El responsable de Real State para Blackrock en el sur de Europa, Adolfo Favieres, se encargó de presentar a la presidenta regional: “El Gobierno de la Comunidad de Madrid es, probablemente, el que más está haciendo por solucionar el problema de la vivienda [...] aprobando leyes para poder incrementar esa oferta”.

Dos aclaraciones antes de seguir. Sí, el responsable del negocio inmobiliario para el sur de Europa para un fondo multinacional con 184.000 millones de dólares de capitalización lo llamó así: “problema de la vivienda”. Y sí, el mismo directivo dijo que el Gobierno de Ayuso es el que más está haciendo por atajar “el problema de la vivienda”. Así que cuando Ayuso subió al escenario le extendió la alfombra a Blackrock: “Les aseguro y no exagero que están en el mejor momento y en el mejor lugar para pensar en sus inversiones y poner sobre la mesa nuevas ilusiones, proyectos y desafíos”.

Luego prometió lo que no va a hacer al frente del Gobierno madrileño: “No vamos a intervenir la vivienda ni del alquiler ni de la venta. Esto se ha demostrado fallido allá donde se ha aplicado”. “Limitar e intervenir la vivienda siempre demuestra que paraliza el mercado”. “Siempre, siempre vamos a defender la propiedad privada como un principio”. Y para acabar de tranquilizar al auditorio, repleta de directivos del sector del ladrillo, remachó: “No vamos a subir los impuestos a capricho ni para veleidades políticas ni para improvisar situaciones sobrevenidas por una mala gestión, ni tampoco vamos a seguir multiplicando los trámites, porque esto la burocracia, cuando es confiscatoria, lo único que hace es acabar con el incentivo, con la prosperidad y por supuesto, con la libertad en una región”.

En las últimas semanas se ha agravado además otro asunto muy espinoso para el Gobierno de Madrid: el de sus universidades públicas al borde del colapso. Los seis rectores llevaban años clamando al Ejecutivo autonómico por falta de financiación y pidiendo una ley que no llega, pese a la mayoría absolutísima del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. La Complutense ya se ha visto obligada a pedir un rescate para poder pagar las nóminas: recibirá 35 millones de préstamo de la Comunidad de Madrid, que impondrá a cambio un plan de equilibrio. Y la próxima en pedir auxilio será la Universidad Rey Juan Carlos, según su rector, la peor financiada de España. En el Madrid que es la “locomotora de España”, como le gusta presumir a la presidenta y a su partido, las universidades públicas están ahogadas mientras florecen por doquier centros privados. El problema para Ayuso es que de los 358.881 universitarios matriculados en el curso 2023-2024 en Madrid (el último del que hay registros) una inmensa mayoría, 217.671 estudian en universidades públicas o en sus centros adscritos.

De momento, ya ha caído la viceconsejera de Universidades, Ana Ramírez, destituida la misma semana en que se conoció la solicitud del crédito de la Complutense. Su lugar lo ocupa ya una exdiputada de la Asamblea de la máxima confianza de Ayuso, Mercedes Zarzalejo, doctora en Derecho del Trabajo y exalcaldesa de la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias. En las últimas semanas había ganado protagonismo por liderar la comisión de investigación sobre Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, en la Asamblea de Madrid.

El Gobierno de Ayuso trató de enmarcar la destitución de la viceconsejera de Universidades, en plena crisis por la financiación de los centros públicos y cuando está pendiente de aprobar la polémica ley que tiene a la mayor parte de la comunidad educativa en contra, como un relevo “normal en el ecuador de la legislatura”. Pero al mismo tiempo, el PP y la propia presidenta envían mensajes de que los próximos presupuestos incrementarán la partida para universidades públicas, donde estudian el 60% de los jóvenes madrileños.

La oposición de Más Madrid y PSOE martillea con todos estos asuntos en la Asamblea Regional y enfrente Ayuso y los suyos esgrimen su mayoría absoluta y cargan contra el Gobierno de Sánchez, el eje de su discurso desde la llegada de Miguel Ángel Rodríguez al gabinete de la presidenta. En el PP están convencidos de que el antisanchismo pesa más entre los votantes de Madrid que los posicionamientos de Díaz Ayuso, por polémicos que sean incluso para capas importantes de sus votantes.