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La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión para el alcalde de Estepona por contratar a su “amiga íntima” “a sabiendas” de que no trabajaría

José María García Urbano, a su llegada al juzgado | N.C.

Néstor Cenizo

Málaga —
27 de enero de 2026 15:34 h

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La Fiscalía ha pedido que el tribunal del jurado condene a cinco años y medio de prisión a José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP) desde 2011, al que acusa de un delito de prevaricación y otro de malversación, que habría cometido al contratar para el Ayuntamiento a una mujer con la que “mantenía una relación sentimental” “a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna”. Además, solicita que se le imponga una pena de ocho años de inhabilitación.

El escrito de la fiscal, al que este medio ha tenido acceso, supera la petición de pena formulada por las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Vox. El PSOE ha solicitado cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación. Vox pide seis años de prisión. Además, la fiscal pide que se condene a a tres años y medio de prisión a Cristina Pulido, la mujer contratada, como cooperadora necesaria de los delitos.

Pulido fue contratada como cargo eventual en febrero de 2023, a poco más de dos meses de las elecciones municipales. Por 48 días de trabajo percibió algo más de 5.200 euros. En teoría, sus funciones consistían en revisar el mobiliario urbano y el aspecto general del municipio para garantizar que estaba en óptimo estado, pero ella misma dijo que nunca trabajó, y ni el alcalde ni el concejal responsable Blas Ruzafa acreditaron que desempeñase tarea alguna. No tenía ordenador, no se la vio en el Ayuntamiento, no hay mensajes encargando trabajos. Ni siquiera estaba en Estepona por aquel entonces.

De las declaraciones ante el juez instructor y la documental aportada sí se concluye que ambos mantenían una relación por aquellas fechas, y que el regidor le estuvo pagando de su bolsillo el alojamiento en Estepona hasta febrero, justo cuando la contrata para el Consistorio.

El alcalde, que siempre ha insistido que las investigaciones contra él tienen un “ánimo espurio” y forman parte de una campaña para alejarle de la alcaldía, ha subido un tono las críticas a la actuación de jueces y fiscales. En un comunicado difundido por el Ayuntamiento, califica la acusación de la fiscal de “disparate jurídico”. El alcalde insiste en que se basa en una “declaración falsa” de Pulido, que debería ser tenida por nula al haber sido prestada como testigo. Además, insiste que todo cuanto ha declarado la mujer está motivado por su “animo vindicativo” contra él.

Sin embargo, además de la declaración de la mujer que dijo no haber trabajado nunca para el Ayuntamiento, en la investigación desarrollada durante más de un año hay también cuatro informes municipales que corroboran que nunca tuvo tarea, la declaración de un concejal que dijo no conocerla, transferencias bancarias del Ayuntamiento a la mujer, decreto y publicaciones del nombramiento, decreto de cese y cientos de mensajes de whatsapp que acreditan su relación. Lo que no hay, por ahora, son indicios de que hiciera algún trabajo que justificara su nombramiento.

Tres investigaciones abiertas

La causa se instruye por el juzgado de instrucción 5 de Estepona, que abrió la investigación a raíz de la declaración de la mujer en otra investigación penal por presuntos delitos de acoso y agresión sexual que fue archivada. El pasado diciembre ya dictó un auto dando por concluída la investigación y observando la existencia de “indicios suficientes de delito” en la conducta de García Urbano. La defensa del regidor ha recurrido esta resolución ante la Audiencia Provincial.

Si ese recurso se desestima, será un jurado popular quien juzgue al alcalde, que llegó a ser el más votado entre los grandes municipios españoles. García Urbano acumula otras dos investigaciones abiertas: una, ante un juzgado de violencia sobre la mujer, por una denuncia interpuesta por la propia Cristina Pulido. Y otra, ante el juzgado de instrucción 4 de Estepona, abierta tras una investigación de la UDEF y una denuncia de Fiscalía, tras las revelaciones de este periódico relativas a la adjudicación en condiciones muy ventajosas a la pareja de su hijo de un lujoso restaurante en el Mirador del Carmen, que costó 16 millones al Consistorio.

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