La elección de centro educativo o la semilla de la desigualdad

El artículo 27.3 de la Constitución Española garantiza a los padres el derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. En nuestro país, se ha interpretado que este derecho exige a las administraciones públicas ofrecer distintas opciones educativas, algo que pueden hacer de dos modos. El primero, disponiendo diferentes tipos de centro, y el segundo, ofreciendo alternativas formativas dentro de los propios centros. Ese es precisamente el propósito con el que se regula la asignatura optativa de Religión Católica, cuyos docentes y currículum son elegidos por la Iglesia, y que puede ser cursada por todos los alumnos.

Tanto la asignatura de Religión Católica como la financiación pública de colegios confesionales han sido cuestionadas por quienes consideran que la educación sostenida con fondos públicos debe ser laica y evitar el adoctrinamiento religioso. En particular, existe un permanente debate entre quienes defienden un aumento de la educación concertada y quienes apoyan una red pública ampliamente mayoritaria. La polémica se mantiene, en parte, porque muchos centros concertados no se caracterizan solo por su orientación religiosa o moral, sino también por establecer requisitos económicos para su acceso y por no disponer las actividades religiosas con carácter voluntario, prácticas que vulneran la ley al discriminar a las familias con rentas bajas o que no son católicas.

Desde hace unos años, el Estado central y, especialmente, algunas Comunidades Autónomas han apostado decididamente por aumentar la diferenciación educativa en los niveles obligatorios. El objetivo, como explicó la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar, es garantizar la libertad de elección de los padres y, con ello, mejorar la calidad del sistema. Aunque no hay evidencias de que lo primero logre lo segundo, conviene detenerse en el primer paso: ¿Existe libertad de elección? Mi tesis es que no, por las siguientes razones:

1. Hay centros concertados que no están al alcance de muchas familias debido a algunos costes económicos indirectos bastante generalizados, como cuotas cuasi-obligatorias o gastos extra como el uniforme o el transporte, que se han incrementado durante los últimos años.

2. La información sobre colegios e institutos es insuficiente y desigual. Aunque existen mecanismos como las jornadas de puertas abiertas o las páginas Web, los datos ofrecidos suele ser escasos e incompletos. Es infrecuente, por ejemplo, que el proyecto educativo esté disponible. Otras herramientas, como los rankings en base a pruebas externas, se han demostrado poco fiables para estimar la calidad educativa de un colegio. En este aspecto, los padres con mayor nivel socioeconómico suelen disponer de mejor información sobre los centros elegibles.

3. El interés y conocimiento sobre la educación varían mucho entre las familias. Precisamente, los padres con más recursos suelen elegir colegio con un objetivo: que sus hijos se relacionen con un alumnado seleccionado socialmente, sobre la suposición de que estas relaciones serán positivas para su éxito escolar y social.

4. No todas las familias disponen de las mismas posibilidades para acompañar con garantías el proceso educativo de sus hijos. Hay quienes, por ejemplo, no eligen colegios bilingües porque no saben inglés y no podrán servir de apoyo a la hora de hacer los deberes, o porque no tienen el dinero suficiente para pagar una academia de refuerzo.

Por todo ello, quienes tienen menos recursos económicos y culturales tienden a mantenerse en el centro asignado administrativamente, mientras que quienes disponen de ellos sí suelen ejercer de manera efectiva esa elección. Como consecuencia, el alumnado con ingresos bajos, progenitores con menor nivel de estudios (ver gráfico 1) y de origen inmigrante se concentra principalmente en la educación pública. Debido a que los resultados individuales se ven afectados por las características socioeconómicas y culturales de los compañeros, esa concentración de alumnado “difícil” reduce las posibilidades de conseguir buenos resultados académicos en los centros públicos. La mayor expectativa de éxito escolar y de establecer relaciones sociales provechosas hacen aumentar el atractivo de la escuela concertada.

Gráfico 1. Máximo nivel de estudios de la madre, según tipo de centro al que acude el alumno. España 2012

Fuente: PISA 2012.

Diversificar la oferta educativa y aumentar el número de centros concertados no ha demostrado mejorar la calidad de la educación ni aumentar la motivación de los alumnos. En cambio, sí hay evidencias de que aumenta la desigualdad de oportunidades. ¿Por qué profundiza la administración en una separación del alumnado que tiene efectos perniciosos para muchos alumnos? Posiblemente, por dos razones: Primero, porque muchas familias no ven con malos ojos este filtro social, siempre y cuando les siga permitiendo evitar al alumnado con mayores dificultades. Y segundo, porque es muy barato para una administración que no solo potencia la extensión de la educación concertada, sino que además no pone los medios necesarios para que se desempeñe de acuerdo con la ley.

Más que de libertad de elección, por tanto, deberíamos hablar de opciones limitadas en un sistema que conduce a los alumnos al estrato educativo que se corresponde con su origen social. La cuestión de fondo es: ¿Están obligados los padres a tener unos determinados recursos económicos, información, conocimiento y capacidades para que sus hijos reciban una educación básica de igual calidad al resto? Dicho de otro modo: ¿El contenido del derecho a la educación debe depender de los recursos de las familias?

La preservación de las creencias de las familias no puede ser la excusa para segregar al alumnado según origen socioeconómico a través de una falsa libertad de elección de centro. Las políticas educativas deben corregirse para garantizar el respeto a las convicciones de todas las familias y para que tengan a su alcance una educación de la máxima calidad. Ello pasa, ineludiblemente, por repensar el modelo de distribución del alumnado entre centros y el papel que desempeña la Religión Católica en la educación española.