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PP, Cs y Vox consolidan su triple alianza en Andalucía y aprueban sus primeros Presupuestos autonómicos en España

El Parlamento andaluz aprueba las cuentas de 2019, las primeras de un Gobierno no socialista, con el apoyo de la extrema derecha y el rechazo de PSOE y Adelante Andalucía

PP y Cs defienden que el pacto presupuestario firmado con Vox garantiza la estabilidad del Gobierno hasta 2021, pero el grupo ultraconservador matiza que este primer Presupuesto es "de transición" y que sus exigencias más notorias entrarán en 2020

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), junto al vicepresidente Juan Marín (Cs), durante el debate de Presupuestos en el Parlamento andaluz.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), junto al vicepresidente Juan Marín (Cs), durante el debate de Presupuestos en el Parlamento andaluz.

El Parlamento andaluz ha aprobado este jueves los Presupuestos autonómicos de 2019, los primeros de España firmados por PP, Ciudadanos y Vox; y los primeros de Andalucía que no ha diseñado un Gobierno socialista en más de tres décadas de democracia. Las cuentas del presente ejercicio ascienden a 36.500 millones de euros, mantienen intacto, en lo esencial, los servicios públicos (educación, sanidad, dependencia), e introduce una política fiscal distinta, con una rebaja impositiva global que beneficiará más a las rentas más altas. Estas cuentas apenas disponen de cinco meses para su ejecución, pero para el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla representan un valor político indudable, ausente en el resto de España: la estabilidad. 

Los Presupuestos andaluces de 2019 han salido adelante con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, las tres formaciones que el pasado 13 de junio firmaron un acuerdo político que les compromete para las cuentas de este año y el que viene. Los populares y los naranjas dan por amortizado ese pacto hasta 2021, prácticamente toda la legislatura. El grupo de extrema derecha, en cambio, matiza que éstos son unos Presupuestos "de transición", y que será en la negociación de los próximos meses para las cuentas de 2020 donde volcarán el peso de sus principales reivindicaciones políticas. Con todo, la foto fija de este jueves retrata una alianza rocosa y sin fisuras de las tres fuerzas conservadoras. Una imagen que contrasta con una izquierda dividida y peleada, incapaz de conformar un Gobierno en España, ni tan siquiera de emular el movimiento táctico de las derechas en Andalucía para echar del poder a su rival común (como demuestra el crispado escenario político entre PSOE y Podemos en La Rioja, Aragón y Navarra).

Las primeras cuentas del nuevo Gobierno andaluz beben de un documento con 34 medidas que lleva en el encabezado el logotipo y la rúbrica de PP, Ciudadanos y Vox. De momento, no hay un documento similar en el resto de España. La formación de Albert Rivera y la de Santiago Abascal han visibilizado en Andalucía su primera alianza política en abierto, aunque en otros territorios los naranjas siguen marcando distancias respecto a los ultraconservadores. Moreno Bonilla y su equipo se han esforzado por "normalizar a Vox" en las instituciones, enviando el mensaje a Madrid de que están "cómodos los tres". "La fórmula funciona y es exportable. Hay que perderle el miedo a Vox", dicen. 

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Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz.

2020, la prueba de fuego

La formación de extrema derecha, que cuenta con 12 diputados, ha enfriado el triunfalismo épico que respiraban populares y naranjas durante el debate presupuestario. "PP y Ciudadanos se han cansado de llamarlos Presupuestos del cambio. Para nosotros, éstos son unos Presupuestos de transición", ha repetido el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, emplazando a la inminente negociación de las cuentas de 2020. Hernández ha admitido que el Presupuesto aprobado este jueves "contiene aspectos que no nos gustan", por ejemplo, "todo el discurso transversal" de igualdad de género que atraviesa el texto legal. "Lo del uso no sexista del lenguaje en la ley de Presupuestos no nos gusta", insiste el portavoz de Vox, que pretende volcar en las cuentas del año que viene las medidas "más ambiciosas" de su formación incluidas en el pacto de investidura, firmado con el PP, y en el pacto presupuestario, rubricado con los populares y Ciudadanos.

El debate sobre las políticas de Igualdad en el Presupuesto ha vuelto a poner de manifiesto la deriva negacionista de Vox en la lucha contra la violencia de género, algo que da mucha munición a la izquierda y muchos quebraderos de cabeza al Gobierno. Vox quiere que la Junta rechace la existencia de una "brecha salarial de género", quiere derogar leyes de Igualdad, retirar subvenciones a asociaciones feministas, cuestionar la utilidad de organizaciones LGTBI, acusando a toda la estructura organizativa de lucha contra el machismo de estar "politizada" y de tener "pretensiones ideológicas". La ultraderecha aspira a erradicar esas políticas y sustituirlas por otros planteamientos. La diputada de Vox Ángela Mulas propuso convertir el Instituto Andaluz de la Mujer en un Instituto de Víctimas de Violencia Intrafamiliar, un concepto que la extrema derecha usa como sustituto de "violencia de género". PP y Cs matizan que ambas realidades son "complementarias", pero Vox lo que pretende es cambiar un concepto por otro, porque niega que exista violencia y discriminación por razón de sexo.

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El debate presupuestario también ha enseñado un Parlamento semi vacío, con la mayoría de diputados socialistas fuera del hemiciclo (Susana Díaz sólo entró para apretar el botón del no). Las cuentas andaluzas también incluyen otro hecho inédito: por primera vez incorpora un puñado de enmiendas particulares de todos los grupos de la oposición. En total 53 propuestas (de 595), cuatro del PSOE, 11 de Adelante Andalucía, 14 de Vox y el resto de PP y Cs, que movilizan 11 millones de euros. Son enmiendas de gasto sobre proyectos muy específicos que no tocan, en lo mollar, el viraje ideológico de estos Presupuestos. Los socialistas fruncen el ceño y dicen que son cambios "testimoniales"; para los populares evidencian "otra forma de hacer política", distinta a la "soberbia" con la que gobernó el PSOE, sin aceptar una sola enmienda del PP durante 36 años y medio.

Menos impuestos

PP y Ciudadanos han estrenado una reforma fiscal que rebaja impuestos a todos los niveles, pero que es significativamente más beneficiosa para las capas más acomodadas (las rentas superiores a 60.000 euros y la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones). El Presupuesto global crece un 5% respecto a 2018, unos 1.700 millones de euros más, aunque la mayoría del repunte en el gasto social lo absorberá el aumento salarial de los 270.000 empleados públicos andaluces (una medida que emana del acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos, refrendada luego por el Ejecutivo de Pedro Sánchez). Las cuentas, sin embargo, recortan un 15% el gasto para políticas de empleo, a pesar de que la comunidad mantiene una tasa de paro del 22%. La promesa electoral de Moreno Bonilla de crear 600.000 puestos de trabajo no aparece en sus primeros Presupuestos.

Andalucía celebró elecciones el 2 de diciembre, antes que el resto, y los ganadores tratan de exportar su fórmula para desbancar al PSOE del poder, como hicieron aquí después de 36 años y medio. La oposición socialista está centrada en minar la legitimidad del nuevo Gobierno andaluz, reprochándose su dependencia de un partido "radical, negacionista, homófobo, xenófobo y racista como Vox". Pero los primeros seis meses de legislatura han demostrado a los de Abascal que una cosa es el discurso y otra la realidad de las instituciones. Más de una vez, las propuestas de Vox no han pasado el filtro del reglamento parlamentario. Otras veces ha sido la Junta quien ha frenado las propuestas de su aliado. En ocasiones, sin embargo, Vox ha logrado resituar el debate político en torno a su marco mental, a saber, cuestionando realidades sociales sobre las que hasta ahora había consenso: la lucha contra la violencia de género; la brecha salarial de género; la integración de la población inmigrante, sobre la que Vox ha colocado ahora el estigma de la delincuencia.

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La segunda derrota socialista

Ese rifirrafe entre los grupos conservadores y la izquierda es dialéctico, porque el termómetro que mide la estabilidad de un Gobierno es la ley que le permite desarrollar sus políticas, es decir, la ley de Presupuestos. La ex presidenta de la Junta y actual líder de la oposición, Susana Díaz, se ha agarrado a un mantra que repite con insistencia: "Este Gobierno es débil, este Gobierno es frágil, esta legislatura es inestable", adjetivos que vincula siempre a la dependencia que el Ejecutivo tiene de los 12 diputados de Vox. Los socialistas han sido muy duros con las primeras cuentas de sus rivales, les acusan de "desmantelar" los servicios públicos para "abrir la puerta a los negocios privados y particulares a costa de la pública". "Donde esto se hace más evidente es en la sanidad y en la educación", dice Díaz.

Moreno le ha afeado su "ceguera" y su "incapacidad" para encontrar su sitio en la oposición. Si el Gobierno andaluz logra aprobar las cuentas de 2020 el próximo mes de diciembre, Moreno habrá firmado prácticamente una legislatura de cuatro años. La ley le permite prorrogar los Presupuestos de 2020 durante el ejercicio siguiente, y convocar elecciones un año antes de lo previsto, en 2022. El debate presupuestario arrancó la tarde del miércoles y continuó toda la mañana del jueves. La votación final fue cercana a las dos de la tarde y, una vez aprobadas las cuenta, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, subió a la tribuna para cerrar el debate. Se produjo entonces un cambio de registro asombroso. Bravo rompió en mil pedazos el tono hipotenso del debate con un discurso muy ideológico en el que cuestionó el papel "único" del PSOE en los principales avances en materia de igualdad y democracia del país: la Transición, la Ley de Dependencia, Pacto contra la Violencia de Género... Bravo incluso desempolvó episodios de la historia, al debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent, para afear a los socialistas que no siempre estuvieron con los derechos de la mujer.

El consejero recordó que la primera alcaldesa de España, la primera Defensora del Pueblo, la primera presidenta del Congreso, la primera vicepresidenta de la Comisión Europea fue del PP. "¿Eso nos hace mejores?", dijo. La bancada socialista enloqueció, se escucharon gritos y protestas. "¡Esto es inaudito, inaudito!", gritaba la vicepresidenta de la Mesa, la socialista Verónica Pérez. El portavoz del PSOE, Mario Jiménez, terminó solo, a gritos, pidiendo el turno de palabra, incluso después de que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, levantase la sesión. "¡Señora presidenta, señora presidenta me tiene que dar la palabra!", siguió repitiendo Jiménez, mientras se le cortaba el micrófono y sus señorías empezaban a salir del hemiciclo. Bosquet ha alterado aún más los ánimos de los socialistas cuando ha dicho: "A quien no le interese la intervención del consejero, que abandone el hemiciclo". El titular de Hacienda acudió a saludar a todos los portavoces parlamentarios pero, al dirigirse a Susana Díaz, ésta le ha retirado el saludo. “No venga a saludarme a mí, súbase ahí [la tribuna] y pídale disculpas al grupo parlamentario socialista”, le ha espetado.

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