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Agua radiactiva en los grifos, el problema inesperado de la sequía en Andalucía

La presa Guadalteba-Guadalhorce, en la provincia de Málaga, en una imagen de archivo.

Néstor Cenizo

Málaga —

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Con los embalses y acuíferos de Almería, Cádiz o Málaga cada vez más raquíticos, la Junta de Andalucía busca alternativas de suministro que palíen los efectos de la sequía extrema. Acaba de aprobar el cuarto Decreto de sequía para “afrontar una situación límite”, mientras el presidente Juan Manuel Moreno solicitaba, este martes en Bruselas, la aplicación del Fondo Europeo de Solidaridad ante la “catástrofe natural” que supone la falta de lluvias. Casi nada se descarta ya, y sobre la mesa se ponen reservas subterráneas, nuevas conducciones desde Portugal o el transporte en barcos a Málaga, Carboneras o Algeciras.

Se busca agua debajo de las piedras, cada vez más al fondo, lo que ha generado un problema inesperado: el agua sale de algunos grifos con radiactividad. Esto ha obligado a restringir su uso en la pedanía nerjeña de Maro (Málaga) y varios municipios y barrios de Almería. Lo mismo ocurrió en Roquetas de Mar (Almería) a primeros de año.

El primer corte por este motivo se produjo en abril en el pequeño municipio de Chercos (302 habitantes), en la almeriense Sierra de los Filabres. Ahora, la radiactividad afecta también a los 691 habitantes de la pedanía nerjeña de Maro y los cerca de 2000 de los barrios de La Chanca y Castell del Rey en Almería, que recibían el agua de los Pozos de Bernal.

Son municipios y zonas con poca población, pero el primer aviso para una ciudad de gran tamaño ya se ha producido. El 30 de diciembre, en plenas fiestas, la Junta declaró no potable por radiactividad el agua en Roquetas de Mar (106.510 habitantes). Ante la avería de la desaladora de la que se nutren habitualmente, de los grifos salió agua de los Pozos de Bernal que ya había sido declarada no apta para el consumo. El agua potable se suministró mediante camiones durante los dos días que tardó en restablecerse el servicio de la desaladora de Campo de Dalías, pero el asunto ha provocado las quejas de oposición y vecinos ante la falta de alternativas.

En todos estos casos, la administración está advirtiendo de que el agua radiactiva no puede utilizarse para beber ni como ingrediente para preparar alimentos, aunque sí para limpiar el hogar, la vajilla o para el aseo personal.

“Empeoramiento de la calidad” que pone en riesgo el “consumo” seguro

La radiactividad del agua no es resultado de ninguna catástrofe nuclear, sino de un proceso natural: la sequía, agravada en muchos casos por la sobreexplotación, reduce la cantidad almacenada en los acuíferos, lo que en algunos sustratos incrementa la concentración de radionucleidos, que son el origen de la radiación natural. Son elementos “presentes en la formación del planeta y que todavía no se han extinguido por transmutación, por ser muy poco radiactivos”, según los describe el análisis de riesgos elaborado por el Ministerio de Sanidad, donde se señala que “pueden constituir un peligro para la salud”.

La radiactividad natural del agua está estrechamente relacionada con la presencia o ausencia de rocas y sedimentos que contienen esos elementos radiactivos, cuya concentración varía según los minerales de los que se compone el acuífero, los aniones disueltos (cloruros, carbonatos o sulfatos que pueden incrementar la movilidad del elemento radiactivo) y la profundidad de los sondeos. A mayor profundidad, mayor concentración. Dicho de otro modo: cuanto más se escarba y menos queda, más concentrados están. En el caso del agua de grifo recién extraída, la concentración de radiactividad más alta se debe generalmente al radón, que es dos o tres órdenes de magnitud más altas que para otros radionucleidos.

En la Consejería de Salud admiten que la sequía ya no es solo un problema de cantidad sino que supone también un “empeoramiento de la calidad” del agua, tanto en el agua subterránea como en la embalsada, lo que “llega a poner en riesgo la capacidad de su adecuación para el consumo”. Los casos afectan de momento a poca población, pero podrían ir a más si los acuíferos siguen vaciándose y se buscan aguas subterráneas a cada vez mayor profundidad.

Almería es la provincia más afectada por estos cortes, y eso encaja. Es la provincia que más se nutre de acuíferos (y desaladoras), al carecer prácticamente de aguas superficiales. En 2023, el Consejo de Seguridad Nuclear publicó un mapa de radiactividad, en el que varias zonas de la provincia presentaban niveles superiores al de seguridad. En su informe, el CSN aclaraba que no se trataba de contaminación artificial (que en Almería remite inmediatamente al incidente de Palomares), sino a la presencia de minerales con radón y a la proximidad de zonas volcánicas, singularmente en los entornos de Sierra Nevada y la Sierra de los Filabres. El CSN detectó entonces zonas donde la concentración era superior a los 300 bequerelios por metro cuadrado.

“El agua es el disolvente: si entra menos porque llueve menos, a medida que vas sacando agua y lo vacías, hay menos disolvente y se nota más la presencia de químicos, gases o radón que puedan sobrepasar los límites”, explica Matías Mudarra, profesor de Hidrogeología de la Universidad de Málaga. El experto pone el ejemplo de los pequeños acuíferos de las sierras del norte de Málaga, muy explotados. A medida que se extrae aguas cada vez más profundas, aumenta la salinidad, hasta que llega un punto en que no es potable.

En cambio, en el gran acuífero de la Sierra de Almijara (de donde se nutre el manantial de Maro), el agua puede mantener sus propiedades a diferentes profundidades. “Pero en esos contextos las rocas ya son metamórficas, más antiguas, con otro tipo de minerales”, y aunque las trazas de radón sean “ínfimas”, la menor presencia del disolvente (agua) aumenta la concentración y hace que supere los límites.

Más concentración de sedimentos en los embalses

No se trata solo de los acuíferos: la escasez cada vez más acusada en Andalucía no solo empeora el agua subterránea, sino también en los embalses, que acumulan más materiales en suspensión: materia orgánica, sedimentos minerales y residuos provenientes de la actividad humana. Hay menos líquido y más sólidos disueltos, lo que genera un efecto de concentración. A eso se añade el hecho de que a medida que baja el nivel de los pantanos estos se acercan al fondo, donde durante décadas se ha depositado todo lo que el río lleva.

Lo saben bien los 80.000 vecinos de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato (Córdoba), que desde que el agua del embalse de Sierra Boyera se secó, hace diez meses, se abastecen con camiones cisterna, porque las aguas de La Colada (la alternativa) están contaminadas por altas concentraciones arsénico y cianobacterias procedentes de actividades ganaderas. No es apta para su uso como agua de boca, aunque la Junta sí admite su uso doméstico.

“Aunque las captaciones de agua se tomen en la parte superior de los embalses, no se puede evitar que el líquido almacenado tenga más cantidad de partículas en suspensión”, admiten desde la Consejería, que en octubre declaró no apta para el consumo por turbidez el agua en Lora del Río (18.316 habitantes), y en los meses siguientes amplió a Arroyomolinos de León y Cazalla de la Sierra (ambos en Sevilla). En 2022 se produjeron episodios similares en Periana (Málaga) Guadalcanal y Real de la Jara (todos ellos en Sevilla), solventados en los primeros meses de 2023. 

La semana pasada, la Junta de Andalucía añadió a las restricciones varias zonas de Lubrín y de Arboleas, también en la provincia oriental por la presencia de sulfatos y nitratos en el agua.

Rifirrafe en Almería y nueva tubería en Nerja

La presencia de radiactividad natural en el agua urbana de Almería ya ha dado lugar a un rifirrafe político a cuenta del presunto riesgo asumido por la población. El PSOE de Almería acusó a la Junta de Andalucía de saber que el agua de los pozos de Bernal superaba los límites legales de radiactividad meses antes de declararla no apta para consumo. La Junta lo niega, y subraya que hasta diciembre no había ningún resultado que superara el valor de 0,1 milisievert, la unidad de referencia.

Según la administración autonómica, la primera muestra con resultado positivo (en el indicador de radiación alfa) se tomó a finales de agosto. Ese resultado obligaba a medir los radionucleidos (en milisieverts), por lo que se tomó una nueva muestra el 2 de octubre, cuyos resultados se conocieron el 14 de diciembre, y un día después se adoptó la restricción. La administración autonómica insiste en que dos meses es el tiempo usual para conocer los resultados de este tipo de análisis, y subraya que ha optado por restringir el consumo a pesar de que el riesgo se mide tras un año de exposición a esos niveles.

En Maro, el agua se declaró no potable también el 15 de diciembre, aunque el único análisis que le han mostrado a los vecinos data del 26 de septiembre. En el ayuntamiento de Nerja esperan que la falta de agua potable se prolongue al menos otros seis meses, ya que se necesitan tres controles consecutivos con los niveles bajo control. Mientras culminan el tendido de una nueva canalización de aguas no afectadas, han recuperado una vieja tubería en desuso y cada día entregan a cada vecino una garrafa de cinco litros.

Mientras, el manantial sigue ofreciendo agua cada vez más profunda y mineralizada, que ha pasado demasiado tiempo en contacto con la roca y sin mezclarse. Mudarra estuvo no hace mucho midiendo sus aforos: apenas superaba los 70 litros por segundo, cuando en años húmedos supera los 1000. “Los niveles han bajado como nunca se había visto”, confirma Francisco Talega, agricultor en Maro. Los sospechas de captaciones ilegales, que existen desde hace años, son crecientes.

El radón es el canario en la mina. “Los acuíferos son un recurso estratégico para tiempos de sequía porque son resilientes, pero hay que tener cuidado de no sobreexplotarlos, porque te los cargas. No solo es un tema de cantidad sino de calidad”, concluye Mudarra.

Fe de errores: por error, en la primera versión de este artículo se recogió que las restricciones por turbidez afectaban desde diciembre de 2023 a Periana (Málaga), Guadalcanal y Real de la Jara (Sevilla), cuando lo cierto es que se implantaron en 2022 y ya fueron levantadas.

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