El Gobierno andaluz de PP y Cs habilita una aplicación en sus colegios que registra la “identidad temporal” del alumnado trans

La Consejería de Educación del Gobierno andaluz acaba de enviar unas instrucciones a todos los centros educativos de la comunidad anunciando una modificación del sistema informático Séneca, que contiene los datos de todas las escuelas, los alumnos y los profesores de Andalucía, “con el propósito de permitir de forma transitoria y posteriormente con carácter oficial, cambios en la identidad del alumnado, en el supuesto que éste necesite ocultación de su identidad, tenga solicitado un cambio administrativo de identidad (Registro Civil) o un cambio de sexo sentido”, reza el documento Manual de usuario: Cambio de identidad del alumnado, al que ha tenido acceso este periódico.

El departamento que dirige Javier Imbroda ha habilitado en dicha aplicación una pestaña para reconocer la “identidad temporal” de género del alumnado trans, diferenciándola de la “identidad vigente” dentro de la ficha personal del alumno. Esta pequeña modificación permite que en la matrícula de un estudiante aparezca su nombre de nacimiento (por ejemplo, Antonio; y en la casilla de sexo: hombre), y a continuación el nombre que ha elegido acorde a su identidad de género (por ejemplo, Alejandra; y en la casilla de sexo: mujer). “Este módulo facilita el cambio de identidad del alumnado en aplicación del Protocolo de identidad de género o en aquellos casos en que existan instrucciones para el cambio de identidad de un alumno o una alumna”, dicen las instrucciones.

La nueva aplicación de Séneca se ha habilitado para todas las etapas educativas, desde Infantil hasta las enseñanzas postobligatorias, y afecta a más de 250 alumnos trans, confirman fuentes del Ejecutivo autonómico. Se trata de una vieja demanda del colectivo de familias de menores trans, que busca corregir un “obstáculo” que venía dándose en algunas escuelas en el desarrollo de la propia Ley andaluza de Transexualidad (2014).

Esta breve reforma sale a la luz en plena ofensiva de Vox contra el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos para que implante el llamado pin parental en los colegios. El grupo ultraderechista amenaza a la Junta con retirarle su apoyo parlamentario si no desarrolla una normativa que permita a las familias “vetar” las actividades complementarias del colegio de sus hijos que no compartan (los ejemplos que puso Vox tratan, precisamente, de educar en la diversidad sexual y la igualdad de género).

Los datos de cada alumno en el sistema informático Séneca no son públicos, cada familia puede entrar en la ficha de su hijo (calificaciones, notas informativas de sus docentes), y sólo los profesores y la Administración educativa tienen acceso al conjunto de sus estudiantes. La aplicación que reconoce la “identidad temporal” del alumnado trans es una información que debe rellenar exclusivamente el director del centro “(o figura análoga en centros concertados o privados)”, atendiendo a la voluntad expresada por los propios alumnos y sus familias.

“La nueva identidad sustituirá a la anterior en todos los registros, funcionalidades y documentos que se generen desde Séneca, salvo en determinados documentos oficiales que deban generarse con la identidad registral”, advierten las citadas instrucciones, que dejan claro que dicho cambio de identidad “será transitorio y reversible en tanto no exista comunicación de un cambio oficial de identidad, en cuyo caso podrá gestionarse desde este mismo módulo el cambio permanente de identidad del alumnado”. La Consejería indicará cuáles son los “únicos documentos oficiales que no asumirán el cambio de identidad, mientras ésta sea temporal”.

La pestaña que se ha habilitado en la intranet de Educación facilita a las escuelas poder identificar al alumnado trans sin tropezar en errores, hasta ahora, recurrentes: por ejemplo, que se publicase en un tablón la lista de calificaciones y apareciera el nombre biológico (de niña), sin respetar su identidad de género (de niño). Al acceder a la ficha de un alumno, el director “será alertado del cambio temporal de identidad”, y deberá confirmar que ha sido informado pinchando “aceptar”, para corroborar en el sistema que “conoce y respeta” su condición trans. La aplicación permite también “confirmar o revocar” la nueva identidad de género del estudiante. Cuando ésta pase a ser “oficial”, el director podrá pulsar el botón “confirmar nueva identidad”, y se haría “vigente en todos los registros oficiales de la Administración andaluza” [hasta ese momento, la identidad “transitoria o temporal sólo era visible en los registros y documentos no oficiales”].

Bajo el foco del veto parental

Este pequeño avance en los derechos del colectivo trans tiene lugar en un momento político crítico: el jueves pasado, Vox amenazó al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, con retirarle su apoyo parlamentario hasta que regulen el veto parental en las escuelas. Esta medida, comprometida en un acuerdo político firmado por PP, Cs y la ultraderecha hace un año, obligaría a los colegios a pedir “una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias”, que forman parte del currículum obligatorio, singularmente aquellas que tienen que ver con la diversidad de género, la violencia machista o los derechos LGTBI.

Imbroda ha empezado a renegociar la medida con el partido ultraderechista. La consejería está dispuesta a “mejorar la información previa que tienen los padres del proyecto educativo de un colegio antes de matricular a sus hijos”, pero descarta entregar a las familias la potestad de vetar dichos contenidos y condicionar el currículum diseñado por los profesores y los colegios, porque sería “una injerencia en la autonomía pedagógica del centro y en la libertad de cátedra del docente”. 

El órdago de Vox preocupa al presidente andaluz, que prevé “uno o dos años de legislatura incómodos”, si su aliado le retira el apoyo. Ahora la amenaza de Vox apunta a la Consejería de Educación, que ha evitado dar publicidad a la implantación de la aplicación informática que reconoce la identidad de género de los alumnos trans, esquivando así otro posible nuevo enfado del grupo de extrema derecha.

El otro escenario político de fondo también es paradójico: mientras en Andalucía un Gobierno de PP y Cs, sustentado por Vox, avanza en el reconocimiento de la identidad de género y los derechos de los menores trans -en el marco de una ley autonómica aprobada en 2014 por unanimidad-, en España la coalición PSOE-Unidas Podemos forcejea públicamente dentro del Gobierno por imponer su criterio sobre las leyes de igualdad en trámite, con especial virulencia en el caso del proyecto de ley trans.

Unanimidad en Andalucía

En 2014, Andalucía fue pionera al aprobar por unanimidad de todas las fuerzas políticas de entonces -PSOE, PP e IU- una Ley de Transexualidad que reconocía y desarrollaba los derechos de este colectivo (posteriormente ampliada en 2017). El artículo 9 de esa norma permitía adaptar toda la documentación administrativa de la Junta de Andalucía -tarjeta sanitaria, matrículas en colegios y universidades, etc- a la identidad de género de cada persona. Dice así: “Al objeto de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación, la Comunidad Autónoma de Andalucía proveerá a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole”.

Era la fórmula jurídica que más se podía aproximar entonces al llamado “derecho de autodeterminación de género” (poder cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin necesidad de informes médicos ni tratamientos hormonales), puesto que el registro civil no es competencia autonómica, sino del Gobierno central (es uno de los temas que actualmente aborda el borrador de la ley trans estatal).

Sin embargo, el desarrollo de ese artículo 9 de la ley andaluza ha tropezado recurrentemente en muchas escuelas andaluzas donde, bien por la reticencia de los profesores o de la propia Administración (a través de la Inspección Educativa), no se ha adaptado la matrícula del alumnado trans a su identidad de género, como reconoce la ley. Durante todos estos años ha sido la Asociación Chrysallis, que representa a 360 familias de menores trans, quien ha vigilado y denunciado el incumplimiento de esta norma en los colegios de Andalucía y, con ella, “la vulneración de los derechos humanos del alumnado trans”.

“Es lo que tienen las leyes pioneras: la norma es clara sobre este punto, pero el Protocolo de Educación no es tan taxativo, y eso ha servido a algunos profesores e inspectores para negarse a registrar la identidad de género del alumno trans en los documentos escolares, como la lista de calificaciones, el carné de estudiante... Estos docentes exigían que el nombre elegido por el alumno estuviera ya en el registro civil, en el DNI, antes de proceder a inscribirlo con su identidad elegida en el registro escolar”, explica María José Márquez, presidenta de Chrysallis Andalucía.

La intervención de Igualdad

En 2018, el Ministerio de Justicia remitió una circular a todos los registros civiles para que facilitasen el cambio de nombre a las personas trans, pero los trámites se dilatan y en ese intermedio se producen los desencuentros en las escuelas entre el equipo educativo y las familias del menor trans. En mayo de 2018, la directiva de Chrysallis Andalucía se reunió con la Consejería de Educación del anterior Gobierno socialista, que se mostró favorable a “habilitar una funcionalidad en la aplicación Séneca que permitiera hacer figurar los datos correspondientes a la identidad de género (nombre y sexo), al tiempo que mantener oculto los datos registrales”.

Las elecciones en diciembre de ese mismo año, y el cambio de Gobierno en Andalucía, paralizó la medida. El tema quedó encallado en las dependencias de Educación más de un año. Intervino entonces la Consejería de Igualdad (ya en manos de Ciudadanos), a través del director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, Ángel Mora, quien presionó a favor de la demanda de las familias de menores trans.

En julio del año pasado, en medio del estado de alarma provocado por la pandemia de coronavirus, Chrysallis presentó una queja contra Educación ante el Defensor del Pueblo de Andalucía. Tres meses después, el departamento de Imbroda reconoció por carta al Defensor que, en efecto, no bastaba con que existiera un Protocolo de actuación sobre identidad de género en las escuelas, y que algunos centros educativos (e inspectores) habían incurrido en el error de no reconocer los derechos del alumnado trans. “Para facilitar el cambio del nombre y el sexo del alumnado en la documentación del centro de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de actuación sobre identidad de género evitando posibles descuidos puntuales se ve aconsejable poder realizar el cambio de los datos del alumnado directamente en el Sistema de información Séneca que es la herramienta utilizada para la gestión de la información en los centros docentes andaluces”, respondió la consejería, por escrito, al Defensor.

La argumentación reconocía que el citado protocolo para el alumnado trans no era suficiente: “Se ha visto conveniente implementar en Séneca un procedimiento específico para realizar los cambios necesarios en la ficha del alumnado a fin de que en la documentación de uso común en el centro aparezcan los cambios solicitados, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de identidad de género, preservando, al mismo tiempo, los datos originales para que puedan ser utilizados al generar la documentación oficial de uso externo al centro en tanto no se haya producido el cambio registral de los datos del alumnado, cuidando en todo momento la confidencialidad de los datos almacenados”.

La nueva pestaña de identidad temporal de género se ha incluido en Séneca hace unos días, dándose aviso a todas las escuelas para que procedan a usarla correctamente a partir de ahora. La Asociación Chrysallis ha aplaudido la medida, “aunque llegue tarde, aunque no le hayan dado la importancia que merece por no molestar a aquellos a los que les incomoda este tema”. Márquez reconoce la intermediación de la Consejería de Igualdad para “desatascar” un asunto que había quedado “encallado” en el departamento de Educación, “por dejadez o por cautela”. “Puede que la presión de Vox haya retrasado más de la cuenta esta medida, mucho antes de sacar el pin parental a relucir”, valora Márquez, que subraya que el departamento de Rocío Ruiz “se está volcando con las asociaciones y el colectivo LGTBI”.