Una nueva red social “antirrepresiva” registrará casos de coacción a la libertad en España
Sanciones por grabar imágenes, vulneración de derechos humanos, agresiones, identificaciones injustificadas, multas, etc. Cualquier ciudadano que sienta coartada su libertad de expresión o haya sido advertido por agentes policiales de haber transgredido la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que lleva un año en vigor tiene una nueva herramienta para “denunciar, analizar y difundir la represión de las libertades civiles y políticas de la ciudadanía”.
Multado por colgar un vídeo de unos policías requisando pescado, o por llamar “escaqueados” a los policías de su pueblo en Facebook, o por llevar un bolso con la cara de un gato y las siglas A.C.A.B. Son sólo algunos ejemplos en este primer año de la 'ley mordaza', muchos asociados a una “falta de respeto” a los agentes policiales. Malla, que así se llama esta red social “antirrepresiva”, visibiliza posibles vulneraciones de derechos que pueda cometer la Policía o agentes de seguridad privada, prioritariamente en contextos de protesta social.
La nueva plataforma digital establece un nuevo sistema de registro, anónimo y seguro, para facilitar que las personas afectadas denuncien e informen sobre su incidente, quedando registrado y visible en un mapa público. Si fuera necesario, tras la validación de la información, las personas que ingresen los datos en la herramienta podrán recibir ayuda jurídica y psicosocial o, en algunos casos, emprender alguna campaña de incidencia política.
La idea, presentada en Cádiz y en Barcelona, la promueve Defender a quien Defiende, una coalición formada por personas defensoras de derechos humanos, periodistas, expertas legales, institutos universitarios y organizaciones del tercer sector de Andalucía, Cataluña, Madrid y País Vasco. Además de la recogida y visibilización de los casos de represión denunciados, Malla pretende sistematizar estos datos para fomentar la coordinación de los colectivos antirepresivos y facilitar información para la creación de informes y estadísticas sobre las actuaciones policiales dirigidas a contener, detener y/o castigar las protestas sociales.
“Arbitrariedad” e “impunidad”
Diego Boza, delegado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA) en Cádiz, explica que uno de los principales problemas de la 'ley mordaza' es la “generación de arbitrariedad” y el hecho de que sus “interpretaciones” conllevan también “una gran sensación de inseguridad e impunidad”. En ese sentido, la herramienta puede ser “muy útil” para poner en contacto a las personas que han sentido violados derechos fundamentales, para compartir experiencias y, además, “mostrar pautas de comportamiento y de demostración” en la actuación policial.
“Muchos casos, por ridículos, quedan archivados al trascender públicamente”, por lo que otra utilidad de la herramienta es dar a conocer los casos y facilitar su publicidad para que queden en nada, explica Boza. Otra cuestión es también evidenciar los asuntos que atañen a la libertad de información. Al menos cuatro periodistas han sido multados un año después de la 'ley mordaza'.
Se trata en resumen, según el delegado de APDHA, de evaluar la aplicación de ley a la espera de lo que puedan ir diciendo al respecto los tribunales de justicia, así como servir de “instrumento de acción política”.
Según ha podido saber eldiario.es/andalucia, por una cuestión administrativa, los casos no se van a empezar a registrar hasta octubre, ya que hay que comunicar al Ministerio que se van a recoger datos y, para ello, es obligado esperar un margen de tres meses. El cifrado es complejo y el funcionamiento de la plataforma, por tanto, será real a partir de octubre, una vez se obtengan los permisos o haya 'silencio positivo' por parte de la Administración. Defender a quien defiende ha centrado sus esfuerzos en la lucha contra la Ley de Seguridad Ciudadana, interponiendo un recurso directo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
