El cese de 8.000 sanitarios y la merma en Atención Primaria encienden la chispa de las protestas contra el Gobierno de Moreno

La cuestión de la sanidad va camino de convertirse en un problema político de primer orden para la Junta de Andalucía. Como si fuese una repetición de lo vivido en los últimos años del PSOE en el Gobierno andaluz, el actual (PP-Cs) afronta una intensa explosión de malestar que ha lanzado a los trabajadores a la calle, resucitado las Mareas Blancas sanitarias y generado las quejas de miles de usuarios descontentos porque ahora tardan más en acceder a su médico. Y todo ello, cuando la Consejería de Salud (que insiste en que se ha aumentado la inversión y el personal) admite que se prepara para un otoño “complicado” en lo sanitario, en el que el coronavirus va a seguir ahí y van a resucitar muchas de las patologías que la pandemia anestesió.

El anuncio de que no se va a renovar el contrato a 8.000 de los 20.000 sanitarios contratados como refuerzo por la Covid ha venido a coincidir con el malestar que ha provocado en buena parte del personal de Atención Primaria el nuevo modelo de gestión puesto en marcha a principios de octubre, que a su vez ha generado un considerable rechazo ciudadano. Todo ello ha devorado el impacto positivo de la progresiva recuperación de la atención presencial, que no ha acallado las continuas quejas de usuarios por los tiempos para lograr una cita con su médico de familia.

Más casos por virus respiratorios

En este tormentoso contexto, la Consejería de Salud se prepara para un “otoño complicado” desde el punto de vista sanitario, en el que se espera un incremento de las incidencias por virus respiratorios que no son coronavirus. Aumentarán los casos de bronquiolitis y gripe, que desestabilizan a los pacientes con problemas crónicos y que, como otras muchas patologías, se dieron el año pasado en mucha menor intensidad por las medidas implantadas para frenar la pandemia. Una pandemia, por cierto, que seguirá muy presente incluso en la manera de gestionar los centros sanitarios, en los que se va a mantener el doble circuito.

La batería de protestas arranca este jueves 21 de octubre, con concentraciones convocadas en todas las provincias por CCOO, UGT y CSIF en protesta por la no renovación de 8.000 eventuales contratados por la pandemia, a lo que se une que a los restantes 12.000 se les ofrece por ahora una prórroga de seis meses. El impacto del adiós de este personal se notará especialmente en los hospitales. 

Vuelven las Mareas Blancas

Ya el sábado serán las Mareas Blancas las que saldrán a la calle como ya hicieron en marzo, en su caso para reclamar de manera general una mejor sanidad pública y que no se deriven fondos a la privada, con manifestaciones en Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla. Y la semana que viene, el 28 de octubre, será el turno del Sindicato Médico Andaluz (SMA), que se concentrará ante la sede central del SAS en Sevilla en contra, sobre todo, del Plan de Reforma de la Atención Primaria. Esta protesta será la primera de las que, en los próximos meses, se van a prodigar en todas las provincias.

Este clima de malestar ha estallado cuando se ha superado lo peor de una pandemia que, en líneas generales, la Junta de Andalucía ha capeado con muy poco desgaste político ante la opinión pública. De repente se han abierto varios frentes, uno de ellos incluso alentado por el Sindicato Médico, que suele estar más en sintonía con las decisiones de un Gobierno andaluz que le ha hecho varios guiños como eliminar el requisito de trabajar en exclusiva para el sistema público para cobrar este complemento.

Las cifras que ofrece la Junta

El Ejecutivo andaluz no termina de entender el ambiente que se ha generado, especialmente en lo tocante a Atención Primaria, ya que incide en que por primera vez se destina a sanidad el 7% del PIB, se han invertido 300 millones de euros en obras en centros de salud y, sobre todo, se ha contratado más personal. Ahora, se apunta, hay 495 médicos y 2.784 enfermeros más que al inicio de la legislatura, y se va a renovar seis meses a los 4.475 profesionales de refuerzo contratados por la pandemia en este nivel asistencial.

En cuanto a los tiempos para acceder a una consulta, la demora media en Andalucía se sitúa en 3,8 días, aunque se admite que en algunas zonas puede llegar a ser de hasta dos semanas, en concreto en los distritos con más presión: Málaga-Guadalhorce, Costa del Sol, Sevilla y Metropolitano de Granada. El objetivo es que la espera no sea superior a las 72 horas, aunque se subraya que la Atención Primaria no tiene que ser inmediata como sí deben serlo las urgencias.

Los puntos de fricción del nuevo modelo

En la actualidad hay 7.200 médicos de familia en Andalucía, que atienden de media a entre 36 y 38 pacientes, con un límite que no debería ir más allá de 44 según una Consejería de Salud que asegura que en la etapa socialista había profesionales con más de un centenar al día. Lo ideal es que el cupo por facultativo sea de 1.500 pacientes, una cifra a la que no llega el 75% de ellos (unos 5.400), aunque se reconoce que hay 1.600 médicos (el 22% del total) que pueden tener hasta 1.800. La peor situación la sufren unos 220 profesionales (el 3%), que deben atender a más de 1.800 pacientes.

Por lo que respecta al nuevo modelo de Atención Primaria, la medida que más polémica ha suscitado ha sido el triaje que lleva a cabo un enfermero a la persona que llega a un centro de salud sin cita previa. Salud se defiende asegurando que el sistema es similar al que existe en las urgencias hospitalarias, y que el personal de Enfermería está habilitado para asumir 18 procesos asistenciales no complejos. 

De hecho, resalta que los resultados fueron satisfactorios en la experiencia piloto desarrollada en 11 de los 34 distritos sanitarios de enero a septiembre de este año: los enfermeros resolvieron el 55% de los casos que les llegaron, derivándose sólo un 17% a un médico de familia con cita programada. Y defiende que la satisfacción del usuario fue elevada. Esto no ha evitado que sea una de las cuestiones que más ha indignado al Sindicato Médico, que habla directamente de intrusismo, ya que el paciente puede no ser atendido por un facultativo, como al fin y al cabo admite la Consejería de Salud.