El Defensor de la Infancia de Andalucía pide un plan autonómico para la prevención del suicidio en los jóvenes

El Defensor de la Infancia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido este viernes de una serie de déficits en la atención prestada a niños, niñas, adolescentes, y jóvenes con problemas de salud mental, que exigen actuaciones ineludibles por parte de las administraciones públicas. Esa demanda se recoge en el Informe de la Infancia y Adolescencia 2021 que el Defensor ha entregado al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, en el que analiza y propone medidas sobre la situación de este colectivo en la comunidad autónoma, que representa el 20 por ciento de la población andaluza. El también Defensor del Pueblo Andaluz ha considerado necesario que Andalucía desarrolle un Plan específico para la Prevención del Suicidio en la población infanto-juvenil con entidad propia y medidas claras y consensuadas. Esta estrategia, de la que disponen otras comunidades autónomas, debe disponer de presupuestos y recursos para implementar las medidas necesarias para su control.

Fueron 5.871 actuaciones por parte de este comisionado, de las cuales 2.632 se refieren a quejas y 3.239 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 1.846 expedientes de queja nuevos, de los cuales 1.822 fueron instados por la ciudadanía y 24 se iniciaron de oficio promovidos por la institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 786 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores, informa el Defensor en un comunicado.

El Defensor ha destacado entre los temas del Informe la normalidad del curso escolar pese a la convivencia con la pandemia por Covid y la persistencia de falta de recursos en la atención a niños y niñas con necesidades especiales; su preocupación por visibilizar los casos de violencia sexual que se producen contra la infancia; la demanda de activar políticas de justicia climática ante la incertidumbre que provoca en los niños y niñas los fenómenos climáticos y, como asunto relevante, la reclamación de que la salud mental sea una prioridad en las políticas públicas, una necesidad acentuada a causa de la pandemia.

Jesús Maeztu se ha sumado a otros organismos internacionales y nacionales, profesionales, o asociaciones que están dando la voz de alarma, ya que muchos de los problemas de salud mental comienzan en la adolescencia; la mitad, antes de los 14 años. El suicidio es una de las tres principales causas de muerte entre los adolescentes de más edad, ha subrayado.

Graves consecuencias

El Defensor de la Infancia ha aportado que los problemas de salud mental durante la adolescencia suelen ser precursores de varios comportamientos de alto riesgo, tales como conductas autolesivas, consumo de sustancias nocivas, comportamientos sexuales de riesgo y exposición a la violencia, cuyos efectos persisten y acarrean graves consecuencias durante toda la vida.

“La demanda de atención a la salud mental de la población -singularmente la infantil y juvenil- se ha diversificado y ha crecido de manera notable, y hemos de lamentar que a un ritmo más acelerado que lo ha sido la dotación de nuevos recursos. Ello se ha traducido en una serie de déficits en la atención prestada a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mayores con problemas de salud mental, que exigen actuaciones ineludibles por parte de nuestras administraciones públicas”, ha llamado la atención.

Jesús Maeztu ha propuesto cinco medidas para defender los derechos de estas personas, prevenir casos de suicidios e impulsar la mejora de la atención de la salud mental a la infancia y adolescencia. En primer lugar, ha insistido en luchar contra el estigma de la salud mental y ha demandado medidas de sensibilización y educación para promover el conocimiento de las enfermedades mentales en este tramo de edad.

En segundo lugar, el Defensor ha apuntado un sistema de información que permita conocer la realidad y magnitud del problema, debido a la escasez de datos. Asimismo, una tercera propuesta pasaría por incrementar las medidas de prevención y detección precoz de la enfermedad en las personas menores de edad, incluyendo el ámbito educativo.

“Asignatura pendiente”

Por último, Jesús Maeztu ha enumerado diversas medidas para impulsar la mejora de esa “asignatura pendiente para los poderes públicos”. Ha apuntado la urgencia de aumentar los recursos de atención para atender las patologías mentales, tanto a nivel hospitalario como también en Atención Primaria y, además, ajustar el número de plazas hospitalarias y seguir desarrollando programas de hospitalización de día y domiciliaria para casos seleccionados. Esa adecuada dotación de recursos y medios contribuiría a frenar otro de los males endémicos que padece la atención a la salud mental infanto-juvenil: la prevalencia de los tratamientos farmacológicos frente a los asistenciales.

Por ello, el Defensor ha reclamado un incremento de las plantillas de Psicólogía y Psiquiatría del sistema sanitario público de Andalucía que evite la saturación de los recursos, tanto en Atención Primaria como en la Atención Especializada, de manera singular en las Unidades de Salud Mental Infanto Juvenil, que haga posible que cada menor pueda recibir la atención psicosanitaria con la frecuencia que precise. También ha considerado necesario impulsar Programas de Acompañamiento Terapéutico a las familias con apoyo domiciliario y tutoría de menores orientada a los casos con problemática familiar grave, dificultades escolares derivadas de problemas de salud mental y desajustes emocionales entre los miembros, así como favorecer la creación de programas de respiro familiar en períodos cortos de descanso de sus progenitores.

Jesús Maeztu ha demandado en último lugar el apoyo institucional a las asociaciones de familiares de menores con patología mentales, y que se propongan medidas para mejorar la coordinación interinstitucional e intrainstitucional de los organismos que deben atender a la salud infantil y juvenil.