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Nuevo marco comunitario de la Unión Europea: hacia un modelo más estratégico y flexible
En julio de 2025, la Comisión Europea ha presentado el borrador del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) con un presupuesto de casi dos billones de euros, equivalente al 1,26 % de la Renta Nacional Bruta (RNB) promedio de la Unión Europea.
Está diseñado como un presupuesto más flexible y simplificado, que permite reaccionar rápidamente a crisis como la guerra en Ucrania o desastres climáticos. La propuesta reorganiza los programas en planes nacionales y regionales participativos, sustituyendo estructuras rígidas por una gobernanza más directa.
Los ingresos propios de la UE se diversifican: se incorporan ingresos vía comercio de emisiones (ETS), impuestos como uno sobre el tabaco, entre otros mecanismos. El proyecto reserva un fondo de 100 mil millones de euros para la reconstrucción de Ucrania, como parte de su camino hacia la adhesión a la UE.
La Comisión propone una modernización de esta política para alinearla con prioridades nuevas como la competitividad, defensa, transición energética, vivienda asequible y resiliencia hídrica. Algunos puntos clave:
- Posibilidad de redirigir fondos de cohesión hacia infraestructura militar y proyectos de movilidad, especialmente en regiones fronterizas orientales; siempre bajo ciertas condiciones.
- Duplicación del presupuesto destinado a vivienda asequible, combinando inversión pública y privada a través de instrumentos financieros conjuntos con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
- Apoyo reforzado a la transición energética y digitalización del sector hídrico, especialmente en contextos de sequía o desertificación.
El Consejo de la UE adoptó en marzo de 2025 unas conclusiones que destacan la necesidad de mantener la gestión compartida y la gobernanza multinivel, defendiendo un rol central para las autoridades regionales en la implementación de los programas de cohesión.
En junio de 2025, se llegó a un acuerdo sobre la revisión intermedia del marco, para introducir condicionalidad vinculada a reformas, más flexibilidad y enfoque estratégico ante nuevos desafíos sociales y geopolíticos.
El Comité Europeo de las Regiones también advirtió que la vinculación de fondos a reformas no debe traducirse en una centralización excesiva de la gobernanza, sino preservar un enfoque territorial y regional.
Se abre ahora un proceso de negociación entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo que se extenderá durante los dos próximos años. El MFP debe aprobarse por unanimidad antes de finales de 2027, y entrará en vigor en enero de 2028.
El debate estará marcado por tensiones entre quienes demandan mayor ambición presupuestaria —como España— y quienes desean frenar el crecimiento del gasto y preservar tensiones fiscales nacionales.
En resumen: el nuevo MFP 2028‑2034 busca transformar la política de cohesión y el presupuesto europeo hacia un modelo más estratégico, flexible y centrado en prioridades emergentes, con fondos estructurados en planes nacionales y regionales. Pero también genera preocupación sobre la pérdida de voz de las autoridades regionales y la reducción real del apoyo a la cohesión territorial tradicional.
Preocupación entre los sindicatos
La Federación Europea de Sindicatos de Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT) ha mostrado su “preocupación” por la nueva propuesta presupuestaria de la Comisión Europea para la Política Agraria Común (PAC) para el próximo marco financiero 2028-2034, que supone un recorte presupuestario del 22% la PAC, según informa en un comunicado.
En concreto, el sindicato europeo considera que esta propuesta presenta “deficiencias presupuestarias y de objetivos”, y no consigue aumentar el “atractivo” del sector agrícola, al tiempo que lamenta “profundamente” la falta de ambición para mejorar las normas laborales en la agricultura europea.
Señalan que los pagos por hectárea siguen siendo el criterio principal, sin tener en cuenta la calidad y la cantidad del empleo ni, en última instancia, el trabajo humano que sustenta la producción agrícola.
La EFFAT también muestra su preocupación porque esta propuesta de Bruselas parece permitir reducciones en las sanciones de la condicionalidad social si se aplican sanciones laborales nacionales, lo que considera que “socavaría la integridad del sistema”.
Por otro lado, otro motivo de preocupación es la creación de un Fondo Único para la PAC y la cohesión, ya que podría diluir las prioridades agrícolas y laborales, aumentar la fragmentación y la renacionalización, así como la competencia por una financiación limitada.
Las prioridades laborales deben protegerse mediante una financiación específica e instrumentos políticos diferenciados. Fusionarlas en un Fondo Único podría diluir su importancia, dejando su destino a discreción de los estados miembros y sujeto a su voluntad, o falta de ella, de defender los derechos de los trabajadores y apoyar un progreso social y una inclusión genuinos.
La propuesta más relevante será, sin duda, el pago degresivo por hectárea, que podrá ser diferente según tipología de agricultores o territorios, debiendo dirigirse a los que más necesiten las ayudas, con especial atención a jóvenes, nuevos agricultores, mujeres, explotaciones familiares o pequeñas, o en zonas con limitaciones naturales.
Ahora toca luchar por una nueva PAC que sea más justa y contribuya a hacer viable y atractivo el sector agrario.
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