Andalucía busca más regulación para las viviendas con fines turísticos: un negocio creciente de casi 4.000 millones de euros

La victoria del Ayuntamiento de Cádiz en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que reconoce su derecho a limitar las viviendas con fines turísticos (VFT), pese a la oposición de la Junta de Andalucía, puede marcar un punto de inflexión en un negocio que genera un importante impacto económico, pero también otros problemas, sobre todo, por una regulación que se muestra deficiente para un modelo que se ha consolidado en pocos años.

Por primera vez, se abren las puertas a que se pueda poner coto a estos usos del parque residencial en zonas saturadas, igual que ocurre con los establecimientos hosteleros, donde en muchos puntos de ciudades andaluzas ya no hay cabida para más bares, por ejemplo, con el fin de garantizar la calidad de vida y la convivencia en las ciudades.

“¿Por qué no hay carnicerías en un cuarto piso? ¿O talleres de vehículos en los centros de las ciudades? Esto no se ha tenido en cuenta en el turismo. Los apartamentos turísticos proliferan y generan disfunción en un bloque de pisos y esto se ha tratado mal desde un punto de vista legislativo”. Es una reflexión de Enrique Navarro, director-coordinador de la sede en Málaga del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (IATUR), impulsado por las universidades de Granada, Málaga y Sevilla. Cree que en este asunto “hay mitos, alguna confusión y muchos intereses” y que las administraciones no han hecho bien su trabajo de regulación.

Un nuevo decreto sobre viviendas turísticas

De momento, sobre la mesa está un decreto de la Junta de Andalucía que modifica otros anteriores sobre esta materia y que ha sido acogido de manera desigual: entusiasmo en las entidades que aglutinan a los que explotan VTF y escepticismo en las comunidades de vecinos. De hecho, el decreto delega en los ayuntamientos la posibilidad de limitar o no los pisos turísticos. En cualquier caso, con estas modificaciones se busca poner orden a un fenómeno que en Andalucía tiene mayor dimensión que en otras comunidades autónomas.

Basta recordar el estudio 'Principales evidencias de los efectos del resurgir de las viviendas turísticas en las ciudades españolas y recomendaciones para su tratamiento', recientemente presentado por Exceltur, una asociación formada por 33 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística y de los subsectores. Dicho estudio recoge que el Barrio Santa Cruz, en la capital hispalense, tiene 6 de cada 10 viviendas dedicadas a turistas. Es, de hecho, el barrio “más tensionado de España” por VFT.

“La detracción de viviendas del mercado residencial por el alquiler turístico ha alcanzado niveles disfuncionales para garantizar su habitabilidad por parte de los residentes en algunas zonas muy concretas de las principales ciudades españolas”, reconocen los autores del estudio de Exceltur.

El proyecto Revitur, también de Excelsur, aboga en este sentido por “un nuevo marco nacional que facilite el cumplimiento normativo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos”.

Andalucía es la que más tiene

De las más de 295.000 VFT, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que hay registradas en España, más de 70.000 están en Andalucía, que aglutina pues prácticamente una de cada cuatro, y está a distancia de la segunda, Cataluña, con 45.709, y la tercera, Comunidad Valenciana, con 40.950.

Su impacto se hace notar sobre todo en los cascos antiguos de ciudades como Málaga o Sevilla. Un ejemplo claro es el caso de la protagonista de esta historia de elDiario.es Andalucía, residente el casco antiguo de Sevilla, rodeada de viviendas turísticas y “presionada” para marcharse de su bloque, donde los otros doce pisos son para visitantes.

“De la economía colaborativa a la de las plataformas”

En este sentido, Enrique Navarro apunta: “Hemos pasado de lo que se denominaba economía colaborativa y trueque a economía de plataforma”. En paralelo, la oferta se ha triplicado los últimos cinco años, y “esto afecta a la cantidad de personas que llegan, y la actividad turística recibe otras críticas: por masificación, ruidos...”.

Enfrente están también los intereses de los hoteles porque consideran que “la legislación ha sido más laxa” para los VFT. “No es lo mismo -recalca el experto- Nueva York que los cascos históricos del Mediterráneo”, por sus dimensiones. Por eso, recuerda también que “cualquier actividad crea un impacto positivo y uno negativo”.

También responde a quienes puedan criticar una intervención que suponga limitación. “En ocasiones hay gente que se lleva las manos a la cabeza y defiende que no nos pueden limitar la economía, pero es momento de ordenar una actividad. Nueva York los acaba de limitar. En los 80, en la calle Larios de Málaga, se limitaron las oficinas de los bancos. Es intervenir en la economía, por el espacio, en pro de una idea y diversificación”, argumenta.

Los profesionales del sector se defienden

Según los datos de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro), presidida por Carlos Pérez Lanzac, este negocio genera en la comunidad autónoma un impacto cercano a los 4.000 millones de euros, por lo que lo considera un “dinamizador” del turismo. Es más, Avva recuerda que la mitad de las plazas de alojamiento en Andalucía son VFT o casas rurales, que van por otro lado en materia normativa. En conjunto, generan, según las mismas fuentes, más de 15.000 empleos directos, 9.500 indirectos y otros tantos autoempleos.

Esta asociación tiene diversos frentes abiertos en Andalucía. Por un lado, presentará alegaciones y estudiará la adopción de medidas legales contra la paralización de las VFT aprobada por el Ayuntamiento de Sevilla “con la injustificada intención de regular este tipo de alojamientos cuando lo que realmente encubre es una inadmisible prohibición de su desarrollo”.

Por otro, y se ha apuntado ya una victoria, con el Ayuntamiento de Málaga, donde ha conseguido tumbar la medida que obligaba a pagar más a este tipo de viviendas por la tasa de recogida de basura. Ha ganado su recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Málaga en el TSJA, que “declara la nulidad de la ordenanza municipal”. Los dueños de las viviendas turísticas en Málaga puede reclamar la devolución de lo indebidamente cobrado. Es una victoria notable para ellos. Cabe recordar que, por provincias y en números absolutos, Málaga es la de más VFT (35.360), con cerca de 180.000 plazas, también según el INE.

Carlos Pérez Lanzac celebra el decreto que ultima la Junta de Andalucía porque “se ha hecho bien y se ha contado con la participación del sector”. En la misma línea, el presidente de Avvapro alega: “Este decreto permitirá a Andalucía mantener el liderazgo y competitividad como referente en turismo residencial cumpliendo con las exigencias que ya se están planteando a nivel europeo”.

En este contexto, resuena el llamamiento de María José Rey. Presidenta de la Asociación de Vecinos Barrio Santa Cruz, lo expresa de esta forma: “Los vecinos que quedamos en el barrio estamos muy concienciados y queremos permanecer en él. (...) Las empresas turísticas deben hacer cumplir la normativa vigente (...). Nosotros estamos intentando que el turismo se reconduzca y se organice porque cada vez son más incómodas para los vecinos las fiestas y los ruidos”.