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El Gobierno andaluz delegará en los alcaldes las competencias para “limitar” los pisos turísticos en sus ciudades

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno(c), charla con el consejero de Turismo, Arturo Bernal (i), y la consejera de Economía, Carolina España, este lunes en el pabellón andaluz de la WTM de Londres. EFE/ Ángeles Rodenas

Daniel Cela

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La competencia para autorizar los pisos turísticos en las ciudades y municipios de Andalucía es del Gobierno autonómico, aunque la masificación del turismo y la gentrificación del casco histórico de las grandes ciudades se han convertido en uno de los temas centrales en la campaña de las elecciones municipales del 28 de mayo.

El Ejecutivo andaluz lleva meses trabajando en un decreto que regulará este mercado pujante, y el presidente Juan Manuel Moreno ha anunciado este jueves en el Parlamento que el borrador saldrá a exposición pública la semana que viene, en la recta final de la campaña. La Junta habilitará a los ayuntamientos en una competencia que hasta ahora era exclusivamente autonómica: la ordenación turística.

El decreto va a delegar en los alcaldes la competencia de autorizar, vetar o limitar las licencias de viviendas turísticas alegando causas “de interés general” y previa justificación. “Deberán basarse en estudios técnicos objetivos y bien fundamentados, que apoyen las medidas”, explican fuentes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.

La normativa dará autoridad en la decisión a las comunidades de vecinos de los inmuebles donde se instalen los apartamentos turísticos, que podrán adoptar “acuerdos limitativos” de dicha actividad. El decreto también introducirá la figura de la empresa gestora de viviendas turísticas, “que profesionalizará la explotación de las viviendas y facilitará las relaciones con la Administración”.

La explosión de pisos turísticos es un asunto capital en ciudades como Málaga, Sevilla o Cádiz, donde los alcaldes y candidatos están lidiando estos días con un debate que divide a sus ciudadanos, pero cuyas competencias para resolverlo son limitadas. Málaga, un bastión del PP con un alcalde tan consolidado como Francisco de la Torre, acapara el 11% de los apartamentos turísticos de España. Es la capital española que ha experimentado un mayor encarecimiento de los precios de alquiler, y que ha expulsado a muchos ciudadanos del centro.

Sevilla capital está sufriendo el mismo fenómeno. Con el Casco Antiguo más extenso de Europa, la capital andaluza ve cómo se multiplican los pisos turísticos en barrios que encarecen el precio del alquiler, que expulsa a vecinos de toda la vida y que incluso ha cerrado aulas en colegios públicos por falta de alumnado. Es algo que ha denunciado tanto el alcalde socialista, Antonio Muñoz, como los aspirantes a su plaza, desde el candidato del PP a los de las izquierdas del PSOE. En un reciente debate cara a cara, Muñoz demandaba el decreto andaluz de viviendas turísticas a su rival del PP, José Luis Sanz.

El reparto de competencias sobre la ordenación turísticas es, precisamente, lo que ha provocado un choque entre la Junta y el Ayuntamiento de Cádiz que ha terminado en los tribunales. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado en una sentencia la petición de la Junta de suspender la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Cádiz para limitar los pisos turísticos en la ciudad, una de las apuestas políticas de su alcalde, José María González 'Kichi', referente de Adelante Andalucía.

Esta modificación del plan urbanístico de Cádiz fue aprobada de manera definitiva en un Pleno extraordinario celebrado el pasado 14 de septiembre de 2022. El TSJA da la razón al Ayuntamiento de Cádiz y sentencia que con su regulación “vela por los intereses generales”, que es la condición que establecerá el futuro decreto de la Junta para que los alcaldes limiten los pisos turísticos en sus ciudades.

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