Los partidos en Andalucía convierten el 8M en arma electoral a las puertas de las generales

El 8M ha ensanchado la grieta entre el Gobierno de PP y Ciudadanos y la oposición de izquierdas en Andalucía. Este año, la huelga feminista del 8 de marzo viene contaminada por una contienda preelectoral sin precedentes que ha hecho añicos el consenso en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género que existía hace sólo seis meses. Antes de la manifestación del viernes, convocada por organizaciones feministas y sindicatos, los grupos de PSOE y Adelante Andalucía (Podemos-IU) habrán confrontado con la Junta a través de cinco iniciativas en el Pleno del Parlamento, acusándole de ceder terreno en materia de igualdad para contentar a sus socios de Vox.

Todos los grupos, excepto la ultraderecha que sostiene al Ejecutivo andaluz, defienden los motivos para manifestarse en defensa de los derechos de la mujer, igual que lo hicieron el año pasado. Ni el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), ni el vicepresidente, Juan Marín (Cs), se sumarán a la movilización del 8M, pero sí volverá a manifestarse la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, que el pasado viernes lanzó un alegato feminista con motivo del 28 de febrero, día de Andalucía. También se manifestarán otras consejeras de la Junta, como la titular de Igualdad, Rocío Ruiz, y dirigentes de PSOE, PP, Cs, Podemos e IU. Ya lo hicieron, por separado, en el último y multitudinario 8M, aunque éste es distinto. Tiene lugar a las puertas de unas elecciones generales decisivas, y además los grupos de izquierda restan legitimidad a sus compañeros de PP y Cs, en tanto que gobiernan apoyados en un partido que ha estrenado en el Parlamento un discurso “negacionista” contra las políticas de igualdad y violencia de género. Así las cosas, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha avisado de que su participación en el 8M dependerá “del uso que haga el resto de partidos de la convocatoria”. “Si se utiliza a la mujer y el 8M como arranque de la campaña electoral, no estaremos”, advierte.

El feminismo, la lucha de géneros, la violencia machista y la igualdad entre hombres y mujeres han centrado el debate político del inicio de legislatura, pero desde un prisma absolutamente distinto al del último mandato. Entonces se aprobaron dos leyes que buscaban consolidar los derechos de la mujer en materia de protección e igualdad, y ahora un partido ultraderechista busca socavar ese consenso político, derogar esas leyes, y sembrar la idea de que este debate está “ideologizado” y controlado por “lobbies feministas de izquierdas”. De momento, PP y Cs han frenado las iniciativas más polémicas de Vox sobre este asunto: rechazan derogar las leyes de igualdad y lucha contra la violencia de género, pero aceptan “modificarlas a mejor”; rechazan entregarle a Vox los nombres de los funcionarios que evalúan los malos tratos a mujeres, pero no les negarán el currículum de estos si vuelven a pedirlo, abriéndose así a revisar si están cualificados para emitir informes sobre violencia de género o si, como dice su socio ultraconservador, hacen conclusiones “ideologizadas”.

Los socialistas han registrado dos preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno -una de ellas se la hará Susana Díaz al presidente Moreno- sobre la solicitud que hizo Vox al Parlamento para obtener los nombres de los funcionarios de la Junta que evalúan la violencia machista. La Mesa de la Cámara no admitió la solicitud de Francisco Serrano porque vulneraba la Ley de Protección de Datos, pero la formación ultraderechista volverá a plantearla, esta vez, sin aludir a los nombres de los trabajadores, sino a su perfil profesional y número de colegiación. Rosa Aguilar, ex consejera de Justicia en la pasada legislatura y, por tanto, responsable política de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, también interrogará a su sucesor en esta cartera, el vicepresidente Juan Marín.

Aguilar tiene en contra el haber dejado sin ejecutar durante tres años el 70% de una partida presupuestaria destinada a erradicar la violencia machista, una información que el nuevo Ejecutivo hizo pública para contrarrestar las críticas del PSOE contra las iniciativas parlamentarias de Vox. Moreno Bonilla y otros consejeros del PP han desacreditado a los socialistas, acusándoles de “cínicos”, por querer darles “lecciones en materia de lucha contra la violencia de género, mientras dejan sin gastar gran parte del presupuesto para este asunto”.

Los grupos conservadores han visto cómo los socialistas, aún bajo el shock de haber perdido el Gobierno andaluz tras 36 años y medio en el poder, recuperaban el vigor perdido haciendo oposición desde el frente de la igualdad a las mujeres. Ni PP ni Cs están dispuestos a que la izquierda “patrimonialice” el feminismo y la lucha por la igualdad. Ya lo denunciaron el año pasado, a las puertas de las movilizaciones del 8M donde se encontraron las diputadas del PSOE, de Podemos y de IU con las del PP y Ciudadanos. Susana Díaz, que entonces era presidenta de la Junta, vació su agenda esa jornada, aunque no pudo parar “por razones institucionales”. Este año sí lo hará. También repetirá Bosquet, hoy presidenta de la Cámara, que el año pasado se manifestó en Almería, y este año volverá a hacerlo: “Yo estaré siempre [en las manifestaciones del 8M]. No tengo absolutamente ninguna duda”, explicó durante una entrevista con este periódico. Bosquet impartió el lunes una charla sobre igualdad en un instituto de Almería, donde subrayó que el Gobierno de PP y Cs “no dará ni un solo paso atrás en la defensa de los derechos de la mujer”.

No es el único encontronazo entre los bloques de derechas e izquierdas. La coalición de Adelante Andalucía preguntará sobre la carencia de derechos de las mujeres que inspiran la huelga del 8M, y el PSOE ha registrado una proposición no de ley para que los grupos del Parlamento se retraten en defensa del feminismo 24 horas antes de las manifestaciones del viernes. Los socialistas quieren insertar el debate de género en todas las áreas de Gobierno, de ahí que planeen exigir en el Parlamento “planes de empleo específico para mujeres y medidas concretas para promover la igualdad y la conciliación”. El mismo día, se debatirá la primera proposición no de ley de Vox, que insta a la Junta a contraprogramar el 8M apoyando otra manifestación, dos días después en Madrid, organizada por la asociación ultraconservadora Profesionales por la Ética (que abanderó las protestas contra el matrimonio gay y la asignatura Educación para la Ciudadanía) en contra del “feminismo rancio y supremacista”. Varias diputadas de Cs han registrado este lunes una proposición no de ley relativa al 8M, aunque ésta no se debatirá antes del 8M (en este pleno), sin en el siguiente, dentro de dos semanas.

“Lo respeto, pero no solemos ir a manifestaciones”, ha dicho Marín. En el Parlamento hay 109 diputados: 48 son mujeres y 61 hombres. La Ley Electoral andaluza impone listas cremallera -hombre y mujer-, pero los partidos suelen colocar a hombres en los puestos de salida. Hoy hay menos diputadas en la Cámara de las que salieron elegidas el pasado 2 de diciembre, porque en estos tres meses han renunciado a su escaño ocho mujeres y un hombre, que han sido sustituidos por dos mujeres y siete hombres. Lo lógico es que si un diputado abandona su grupo parlamentario, entre una mujer, pero no siempre es así. Las diputadas de PP y Cs se han marchado para ocupar altos cargos en la Junta. Carmen Lizárraga, ex presidenta del grupo parlamentario Podemos en la pasada legislatura, dejó su acta por sus irresolubles discrepancias con Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía.

En el PSOE, por ejemplo, la salida del portavoz adjunto José Muñoz -para marcharse al Senado- abría la puerta a la número siete de la lista, Brígida Pachón, que ya fue diputada en la pasada legislatura. Ésta, sin embargo, renunció a recoger el acta en favor del número ocho de la lista, Carmelo Gómez, fiel siempre a Susana Díaz. “Ha sido una decisión voluntaria mía, dedicarme al 100% a mi responsabilidad municipal”, dice Pachón, que lleva 12 años siendo concejal, sin que ello sea incompatible con su condición de parlamentaria.

Los argumentos para defender este año una huelga feminista podrían valer para el año pasado: la persistencia de violencia machista en la sociedad, que el paro femenino es un 3,5% más alto que el masculino, o que las mujeres desempeñan el 74% de los empleos a tiempo parcial.