El tribunal de Estrasburgo pide explicaciones a Ayuntamiento y Junta sobre la Corrala Utopía
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha solicitado este jueves información a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla sobre las acciones que están llevando a cabo para evitar que se violen los artículos 2, 3 y 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en caso de que se ejecute el desalojo del edificio en el que residen sin que se proporcione de forma previa una opción alternativa de realojo. Así lo ha hecho saber el grupo de abogados 17 de marzo que el pasado lunes 3 de marzo apeló al alto tribunal por una posible vulneración de derechos. El Grupo de Juristas Independientes, mediante una demanda contra el Reino de España, solicitó a Estrasburgo que decretase la suspensión del desalojo ordenado por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla sobre las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de la entidad bancaria 'Ibercaja' y habitadas desde hace 21 meses por un colectivo de familias que carece de vínculo contractual alguno con los pisos.
“La preocupante situación de las familias -reza el comunicado de los juristas- que viven a la espera de un posible desalojo policial, ha motivado una pronta respuesta y una exigencia importante tanto al Ayuntamiento de Sevilla como a la Junta de Andalucía. Ambas administraciones deberán trasladar al TEDH antes de las 16. 00 del próximo martes 11 de marzo” sobre las medidas que se están tomando para resolver la situación. Así el TEDH en la Resolución, en francés, obliga a responder al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía.
El Grupo 17 de Marzo conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, entiende que “si no se da una solución habitacional por parte de las Instituciones requeridas, se tendría que paralizar el desalojo, ya que éste sería considerado contrario a la Convención Europea de Derechos Humanos, y por tanto declarado ilegal. Además situaría al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía fuera del Convenio Europeo de Derechos Humanos y por tanto fuera de la legalidad”.
Si las instituciones españolas, ahora requeridas por la Corte Europea, quieren cumplir su resolución tendrán, en primer lugar, que dar todos los pasos precisos para detener el desalojo para el que las Fuerzas de Seguridad del
Estado ya tienen orden. Asimismo se ha comunicado dicha resolución al Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla al objeto de que suspenda el desalojo, al menos hasta el día 11, a la espera de que las administraciones ofrezcan una solución habitacional a estas familias con menores y personas mayores enfermas tal como requiere el TEDH.
Desde el grupo de juristas, “la Resolución hoy conocida marca doctrina en materia de derechos humanos, y del derecho a la vivienda y da una nueva herramienta jurídica a todas aquellas personas que están a punto de sufrir un desahucio. Ya sea por ocupación de vivienda, por impago de la hipoteca o del alquiler, en caso de desahucio las administraciones públicas, a ojos del Tribunal, deben vigilar el proceso y hacer lo necesario por garantizar que no se vulneren su Derecho a la Vivienda”.
Solución provisional
Las negociaciones relacionadas con la Corrala Utopía de Sevilla, convertida en emblema de la lucha por la vivienda, se han precipitado tras la orden de desalojo inmediato por parte del juzgado a finales de febrero de este año. Ibercaja, propietaria y denunciante de la presunta ocupación ilegal, dijo en un escrito dirigido al juzgado que “no existe abierta ninguna vía de negociación con los imputados ni con ninguna otra institución que pudiera representarles o erigirse como mediadora del conflicto”.
Sin embargo, precísamente el pasado miércoles, Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía, con la mediación del defensor del Pueblo andaluz, acordaron crear una comisión para “dar cumplimiento” al auto de desalojo, “atendiendo los derechos de los más vulnerables” a través de soluciones “factibles” y conforme a la Ley que “eviten llegar a una situación que nadie quiere”. Jesús Maeztu ha defendido “la firme resolución” del Ayuntamiento y la Administración andaluza de “intentar llegar a una solución que evite un desalojo no voluntario que traería consecuencias de todo tipo”. De hecho, se han dado una semana para llegar a dicho acuerdo que supondría el realojo provisional por parte del Ayuntamiento en alguna de las 389 viviendas sociales vacías con las que cuenta el Consistorio, mientras se termine el edificio por parte de la Junta, que Fomento calcula estará listo en verano.
