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El tribunal de los ERE impide la “línea de preguntas impertinentes” del PP al actual vicepresidente de la Junta

El vicepresidente de la Junta y dos exconsejeros declaran esta semana en el juicio de los ERE

Javier Ramajo / Mariela Luján

El actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha declarado como testigo en el juicio de la pieza política del caso de los ERE, defendiendo su actuación como alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz) al solicitar en 2003 una ayuda de 24.000 euros a la Administración andaluza para apoyar la financiación de una feria de muestras de muestras y turismo. El interrogatorio por parte del PP, la única parte en formular preguntas, apenas ha durado 15 minutos al entender el tribunal que el abogado popular estaba realizando una “línea de preguntas impertinentes” que no guardaban relación con el objeto de juicio.

“No me está usted contestando”, le ha recriminado el abogado del PP. “Lo lamento”, ha respondido Jiménez Barrios. “No se adelante a las preguntas”, le ha dicho el letrado en otro momento. “No estoy aquí para dar opiniones”, ha comentado más tarde el testigo. El presidente del tribunal, cuando la acusación popular ha comenzado a plantear una serie de cuestiones relacionadas con los tipos de ayuda y programas presupuestarios del que pudieran tener conocimiento los parlamentarios andaluces, como el testigo, y su aplicación a las leyes de presupuestos autonómicos, ha interrumpido al abogado, quien ha mostrado sus protestas al entender que podian tener relación con la causa que se enjuicia.

Ante la imposibilidad de formular sus preguntas, el letrado del PP ha dado por terminado su intervención, mientas que ningún otro abogado, ni el fiscal ni el presidente del tribunal, ha planteado más cuestiones al testigo. Cabe recordar que el PP solicitó al inicio del juicio la presencia de una serie de testigos, entre ellos Susana Díaz, y el tribunal aceptó que acudieran Jiménez Barrios y Mar Moreno, que precedió al vicepresidente este miércoles, pero no la presidenta de la Junta.

Jiménez Barrios, además de consejero de la Presidencia, fue anteriormente presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Chiclana de la Frontera entre 1993 y 2003, y ha comentado en algún momento que los hechos ocurrieron “hace 15 años” y que tampoco tiene los conocimientos técnicos“ para aportar detalles de la cuestión.

“No tenía ni la más remota idea”

En ese sentido, ha recordado, con exhibición del documento de solicitud de la ayuda específica e “incondicionada” abonada por el IFA/IDEA en el convenio sobre la ayuda, que en enero de 2003 pidió 24.000 euros “para la primera feria” de muestras de empleo y comercio que celebraba el municipio. Para ello, se “limitó” a dirgirse por escrito al delegado de Empleo en Cádiz al igual que se planteó “a múltiples instancias” (bancos, Diputación Provincial, etc.) para “colaborar con la asociación de empresarios que se encargaba de la organización.

El vicepresidente ha dicho que “no tenía ni la más remota idea” que era la Consejería de Empleo en concreto la que se encargaba de otorgar ese tipo de subvenciones. “No recuerdo el organismo” que concedió posteriormente la ayuda, ha insistido, ni “exactamente el procedimiento” por el cual se hizo. “Me limité a solicitar por escrito una ayuda para una feria que costó más de 300.000 euros y la Junta apoyó con 24.000 euros”, ha insistido. Los gastos se justificaron “suficientemente”, ha indicado cuando el PP le ha preguntado por qué el pago se efectuó el 5 de noviembre de 2003 cuando la feria se celebró el mayo anterior.

La Sección Séptima de la Audiencia archivó definitivamente hace unos días la pieza abierta por esta ayuda en concreto al Ayuntamiento de Chiclana, desestimando el recurso de la Fiscalía contra el sobreseimiento provisional y confirmando la decisión de la instructora María Núñez, de mayo de 2016, toda vez que han sido excluidos de la causa todos los excargos del Gobierno andaluz investigados por estar siendo juzgados en la pieza poltica del caso.

En aquella pieza se investigaban las presuntas irregularidades en la concesión por parte de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de una ayuda de 24.000 euros al Ayuntamiento de Chiclana para la celebración de la VII Feria de Muestras y Turismo, una subvención otorgada con cargo al fondo de los ERE destinado a ayudas sociolaborales para trabajadores afectados por procesos de reestructuración y a empresas en crisis.

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