La Justicia investiga a dos alcaldes del PP recién nombrados diputados provinciales en Granada

El Partido Popular de Granada tiene dos problemas que le distraen de su victoria electoral del pasado 28 de mayo. Los populares cuentan entre sus filas con dos alcaldes, que además comparten la condición de diputados provinciales y que están siendo investigados por diferentes delitos. Se trata de los alcaldes de Cogollos de Guadix, Eduardo Martos y su homólogo en Lanjarón, Eric Escobedo. El partido guarda silencio y se limita a las explicaciones que los regidores quieran dan, pero ambos se defienden en declaraciones a este medio.

Lo que está sobre la mesa son dos investigaciones paralelas y de diferentes ámbitos relacionadas con sus condiciones de máximos responsables de sus respectivos ayuntamientos. La que más recorrido lleva es la que afecta a Eduardo Martos, ya que se investiga su presunta implicación en un fraude electoral que habría beneficiado al Partido Popular en los últimos comicios locales celebrados en Cogollos de Guadix. En concreto, según confirman fuentes judiciales a este medio, el Juzgado de Primera Instancia de Guadix ha abierto diligencias para aclarar la actuación de Martos en un caso denunciado por Ciudadanos.

Al parecer, la formación naranja alegó en las elecciones que una vecina del municipio había votado dos veces fruto de una presunta suplantación de identidad. Desde Cs aseguran que esta lugareña descubrió que ya se había depositado una papeleta suya mediante voto por correo, cuando ella estaba dispuesta a ejercer su derecho de forma presencial. Por ese motivo, la Junta Electoral Central mantiene abierta otra investigación para poder dilucidar si se ha producido un fraude electoral.

Además, el mismo juzgado investiga una treintena de empadronamientos presuntamente irregulares que podrían haber interferido también en los comicios. Según fuentes de Ciudadanos, se trata de una práctica que no es nueva por parte del regidor, ya que lleva “tiempo” llevándose a cabo. Los naranjas afirman que esos empadronamientos se habrían hecho en viviendas de personas relacionadas no sólo con el alcalde, sino con diferentes miembros del PP, con el fin de obtener más votos para asegurarse la victoria electoral que finalmente obtuvo Martos, repitiendo en el cargo de alcalde. El juzgado le ha solicitado a la Policía que realice pesquisas para poder identificar a las personas que puedan estar implicadas en el presunto fraude electoral.

Multas de tráfico en el foco

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción 2 de Órgiva ha abierto un juicio oral contra el recién reelegido alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo. Se le acusa de presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por unas multas de tráfico en las que el regidor habría intervenido para lograr que caducasen.

El juicio se abre a raíz de una denuncia presentada por el ex jefe de la Policía Local de la localidad. Este mando policial acusa a Escobedo de “omitir” de forma intencionada la tramitación de expedientes relacionados con multas de tráfico para así lograr que caducasen y no tuvieran que pagarse. Por ese hecho también tendrá que declarar el concejal Hacienda y Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Jiménez Gutiérrez, aunque en su caso se le imputan tan sólo los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Lo que se investiga en este asunto son las diferentes maniobras que presuntamente llevaron a cabo desde el equipo de Gobierno para interferir en la labor policial de interponer multas relacionadas con el tráfico. De hecho, aunque la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa, el juez que instruye la causa considera que se nombró “arbitrariamente” a una persona para que tramitase los expedientes sancionadores a pesar de que no tenía “conocimientos” para ello, puenteando así a la policía.

Los alcaldes se defienden

Al respecto, Eric Escobedo defiende su inocencia. Cree que se trata de una “venganza personal” por parte del exjefe policial. “En ningún momento hemos omitido la tramitación de expedientes, ya que esto debía llevarlo a cabo el jefe de la Policía Local, una función por la que cobraba un suplemento específico de 800 euros en su sueldo”. En declaraciones a este medio, Escobedo dice que es un “asunto que lleva coleando años” y que él, como primer edil, es el “primer interesado” en que se celebre el juicio “para aclarar la cuestión”, recordando que la Fiscalía no ve indicios de delito.

Por otro lado, el Partido Popular de Granada evita hacer declaraciones tanto en el asunto de Lanjarón como en el de Cogollos de Guadix. En ambos casos se limita a lo que quieran decir los investigados. Este medio se ha puesto en contacto con el regidor al que se le imputa un presunto fraude electoral. Asegura que “no hay ningún voto doble porque la mujer solicitó con su DNI el voto por correo y lo recibió personalmente”. Dice que los que le denuncian le están “haciendo mucho daño” y “no tienen razón”.

Explica que “votó personalmente porque el presidente de la mesa había salido a comer y el resto de la mesa no se percató de que había votado por correo”. Según añade, el voto por correo se destruyó “tras consultar a la junta electoral de zona”. Además, va más allá y sobre los empadronamientos irregulares dice que “será el del que denuncia el asunto, que lleva sin vivir en Cogollos 20 años, como su mujer, sus hijos, sus hermanos y una rumana” (sic). En todo caso espera que se investigue “de verdad”.