Un joven inmigrante fue atropellado en Huelva y no puede ser enterrado en Mali

Un inmigrante transporta agua a su campamento por el arcén de una carretera, con edificaciones de Lepe de fondo.

El pasado 24 de febrero, un inmigrante maliense de 30 años de edad volvía al asentamiento en el que vivía entre las localidades onubenses de Palos de la Frontera y Moguer. Lo hacía por el arcén de la conocida como 'Carretera de la Fresa', por donde centenares de personas transitan cada día en esta zona de Huelva durante la campaña de la fresa, pero un coche no pudo esquivarle cuando lo tenía encima, y falleció en el acto.

Su historia es otra más de los inmigrantes que, por motivos laborales, se encuentran en suelo español trabajando esporádicamente, y cuyas familias se encuentran inesperadamente en el trance de tener que repatriar su cadáver, pero en este caso hay un matiz: la extrema pobreza de su familia a 2.500 kilómetros de donde está su cadáver hace que, por el momento, sea imposible repatriarle.

Por eso, las asociaciones de inmigrantes de Mali de Lepe y Moguer han pedido ayuda pública para repatriar el cadáver de su compatriota, reclamando que cualquier personas que pueda aportar algo lo haga en pro de esta causa humanitaria.

Son estos, Lepe y Moguer, los dos municipios de la provincia onubense que concentran una mayor población inmigrante, por mor de la enorme capacidad de convocatoria que tiene la campaña fresera, que se alarga durante el año a frutos rojos como las frambuesas o las moras, y les da trabajo incluso gracias a la naranja en otros meses del año.

Solo la asociación de Lepe agrupa a medio millar de personas, y pide, igual que sus colegas de Moguer, que se ayude a la familia del fallecido, que necesita unos 6.000 euros para poder enterrar al joven en su tierra, "una cantidad que es completamente imposible de reunir para ellos, que se enfrentan al problema y el dolor de tenerlo en Huelva sin poder enterrarle".

En la cámara del tanatorio

A la espera de que este asunto se solucione, el cadáver se encuentra en la cámara de un tanatorio de Huelva desde el mismo 24 de febrero. Allí fue llevado pocas horas después de ser atropellado sobre la una de la madrugada, cuando caminaba por la carretera A-494, en un paseo que había realizado centenares de veces, pero que esa madrugada le costó la vida.

La asociación lepera ha explicado que se mantiene en coordinación con la de Moguer, y que han acudido a distintas vías para conseguir el dinero necesario para la repatriación, que por el momento no ha sido posible.

Desde el Ayuntamiento de Palos de la Frontera se ha explicado a eldiario.es/andalucia que conocen el caso de este inmigrante, pero que, por el momento, no se sabe qué gestión se ha podido hacer al respecto.

Por ello, los inmigrantes acuden a la sociedad en general. Reclaman "a cualquier persona o administración que pueda ayudar, que dé el paso al frente", ante lo que califican un "drama humanitario" que está viviendo la familia de este inmigrante desde el día del accidente.

Precedentes solidarios

El caso de este joven no es extraño para la sociedad onubense, que en más de una ocasión se ha tenido que enfrentar con manos anónimas a la necesidad de que una familia pueda enterrar a un familiar en su país de origen sin tener fondos para ello.

Uno de los casos más llamativos sucedió en abril de 2013, cuando el cadáver de un joven de 33 años de edad que vivía en un asentamiento de inmigrantes en Lepe, que falleció dos semanas antes por causas naturales, fue repatriado a su país, Guinea, gracias a la solidaridad de los vecinos de la localidad, que aportaron de forma anónima el dinero para ello.

En una acción coordinada por el comedor social de la localidad se consiguieron reunir más de 6.000 euros, dinero suficiente para enviar el cadáver a la capital guineana, Conakry, una vez que fueron cumplimentados los trámites necesarios.

En otro caso muy distinto, el pasado noviembre era repatriado a la República Dominicana el cuerpo de la joven de 26 años de edad asesinada el 17 de octubre anterior en Olivares (Sevilla) a manos, presuntamente, de su pareja. En este caso, el propio Ayuntamiento de Olivares fue el que corrió con los gastos, pagando unos 4.400 euros, con lo que su familia la pudo enterrar casi dos semanas después de su muerte.

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