Once pueblos de la sierra de Huelva se quedan sin Centro de Información a la Mujer

Esperanza Garrido y Elisa Ramos se quedarán en el paro el próximo 1 de enero. Son las dos únicas trabajadoras del único Centro de Información a la Mujer mancomunado de la sierra onubense. Once pueblos del parque Sierra de Aracena y Picos de Aroche dependen de esta oficina para que sus vecinas acudan a él en casos como atención inmediata en malos tratos, pero la Mancomunidad que lo sostiene va a desaparecer, y con ella este servicio.

Una es coordinadora de la oficina, y la otra, la asesora jurídica, y ambas tienen la misma explicación: una carta de despido. Con esa misiva se cierran 18 años de historia de este centro, subvencionado al 50% por la Junta de Andalucía y la otra mitad por los once municipios que conforman la mancomunidad: Alájar, Corteconcepción, Cortelazor, Fuenteheridos, Los Marines, Linares de la Sierra, Galaroza, Valdelarco, Zufre, Higuera de la Sierra y Puerto Moral. Casi 3.000 habitantes que ahora se quedan sin servicio. “Hace unos días vino a vernos una señora de 80 años que ahora, para su problema, tendrá que ir a Huelva capital. Esto es inviable para ella”.

Los vecinos, según lamentan ambas, se han acostumbrado a este servicio desde 1988. Ellas atienden y se desplazan a los once pueblos, pero reciben visitas de mujeres de toda la comarca que no tienen oficinas en sus pueblos. Sólo existen oficinas municipales en Aracena y Cortegana.

Este servicio desapareció en otras mancomunidades, como la de la Cuenca Minera, de modo que también informaban y asesoraban a mujeres del resto de la sierra y parte de la Cuenca. Cuando desapareció esta mancomunidad, las usuarias se fueron a la más cercana, teniendo en cuenta que la capital se encuentra a mucha distancia para los desplazamientos y las comunicaciones no son las más idóneas. Desde Aracena, sede central de la oficina, hay que recorrer 100 kilómetros hasta Huelva capital. El municipio más lejano, Encinasola, está a 140 kilómetros.

“Situación de subsistencia”

Desde la gerencia de la Mancomunidad, que ostenta el alcalde de Galaroza, Antonio Sosa, se habla de que este órgano -la Mancomunidad- se encuentra en situación de “subsistencia”. Cumplidos sus objetivos, sólo Sosa se mantiene como directivo, sin sueldo, y los ayuntamientos no parecen ponerse de acuerdo sobre la forma de sostener el servicio.

Las trabajadoras aseguran que han ofrecido a los consistorios que mantengan el servicio en forma de consorcio. No supondrían un desembolso añadido para ellos, que pagan ahora entre 100 y 300 euros al mes, según su población. No han aceptado su propuesta.

La otra mitad de la financiación, la Junta de Andalucía, tampoco da una solución a corto plazo. “Se están buscando alternativas a esta situación para que el servicio se siga prestando”, dicen a eldiario.es/andalucia fuentes del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Pero el cierre a fecha 1 de enero parece irreversible. De hecho, el IAM entiende que solo la voluntad de los ayuntamientos puede hacer que sobreviva la oficina. Las citadas fuentes no valoran, de momento, la fórmula del consorcio, que equivaldría a los parques de bomberos que funcionan con la aportación de varios consistorios y tienen una sede central.

“Objetivo, conseguir la igualdad real”

Mientras, en la web de la Mancomunidad Ribera del Huelva se muestra la oficina como uno de sus principales objetivos, “fruto de la colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer”. La web habla de que tiene como principal objetivo “el conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, apoyando a las mujeres en la superación de las discriminaciones y favoreciendo su participación en la vida pública. Se crea para mantener un contacto directo con las mujeres de nuestra mancomunidad, conocer sus problemas, sus inquietudes, sus necesidades, así como informarlas de sus derechos y los medios asistenciales y legales con los que cuentan” y “proporciona información y asesoramiento sobre temas de derecho de familia, (separación, pensiones alimenticias, divorcios, etc...), de derecho penal (malos tratos, violación, abusos), así como temas legales (vivienda...)”.

A pesar de la exposición de objetivos, no parece que la oficina vaya a poder cumplirlos a partir de 2017. Las trabajadoras no se resignan, y siguen planteando fórmulas para que su oficina siga siendo referencia para las mujeres de la comarca. Como dato, citan que este año han atendido unos 40 casos de violencia de género en la comarca, un 13 % más que en 2015.

La misma web cita algunos de los servicios que solo están vigentes en la misma página, como Desarrollo Local o Deportes. Todos ellos han ido desapareciendo. Desde la Mancomunidad se cita que el objetivo era relanzar la comarca con diferentes servicios agrupados. Una vez puestos en marcha, la propia Mancomunidad en sí parece que ha dejado de tener sentido.