La Guardia Civil atribuye cinco delitos al ex número dos de Montoro en Hacienda por facturación “falsa” cuando era alcalde de Jaén

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén tiene en su poder un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el que se señala a José Enrique Fernández de Moya, ex número dos de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y alcalde de Jaén entre 2011 y 2015, junto a otros tres miembros del gobierno local como “posibles responsables” de unos hechos “indiciariamente compatibles con los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad de documental en documentos mercantiles y blanqueo de capitales”, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, que señalan un sobrecoste de más de 2,67 millones de euros en una facturación “manifiestamente falsa” en cunto a precios, materiales y personal empleado para obras de mantenimiento urbano de la capital jiennense durante los años en los que Fernández de Moya fue alcalde.

En el informe, adelantado por Radio Jaén, los agentes de la Sección de Investigación Criminal del segundo área de delitos contra el patrimonio han realizado un estudio pormenorizado de toda la facturación realizada por seis empresas mercantiles al Ayuntamiento de Jaén entre los años 2012 y 2015. Se trata de una ampliación del atestado ya entregado al juzgado tanto en enero como en diciembre del año pasado, que refleja que “se produjo un fraccionamiento sistemático de los contratos con la finalidad de evitar el sistema de contratación de obras que hubiera requerido para su adjudicación respecto a los principios de publicidad y concurrencia para la contratación de una gran cantidad de obras que afectarían al mantenimiento urbano de la ciudad de Jaén”.

Junto a Fernández de Moya están siendo investigados los que fueran concejales del PP Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral, y dos trabajadores del Ayuntamiento (A.S.G., y D.S.R.), todos ellos inmersos en una causa judicial abierta por la querella interpuesta por el PSOE, que les acusa de haber realizado pagos “inflados” -en palabras del juez- a la empresa Matinsreg, encargada del mantenimiento de las fuentes públicas de la ciudad de Jaén durante su mandato. El exalcalde se dio de baja del PP hace un año “para no perjudicar la imagen del partido”.

La Policía Judicial indica en la ampliación del atestado que, por la duración de las obras, su volumen y el coste “debieron ser tratadas como una unidad y no fraccionarse en lotes, en su mayoría al límite de la cuantía de 50.000 euros para poder facilitar la adjudicación mediante la figura del contrato menor”. Los agentes han analizado un total de 116 facturas y en 47 de ellas la intervención municipal realizó reparos de legalidad por fraccionamiento, no así en otras 69 aunque fueron “por el mismo concepto, partida presupuestaria, misma fecha de adjudicación, de ejecución, de recepción de obra, adjudicadas a la misma empresa”. Fernández de Moya “levantó sistemáticamente dichos reparos”, sentencia el informe, que concluye que la “acción defraudadora” se resumía en “una alteración fraudulenta de las cuentas por la cual la administración termina pagando más de lo que deben a favor de los defraudadores”.

La Guardia Civil también observa “un concierto entre los responsables de las distintas mercantiles que intervienen para repartirse los beneficios obtenidos mediante un sistema de facturación de servicios, dando de esta manera apariencia de legalidad a los fondos ilícitamente obtenidos”, aludiendo por ello a un posible delito de blanqueo de capitales. Se trata de Esatrimo SL, Moreno y Acero SL, URHO Iniciativas para el Desarrollo Urbano SL, Renta Baras, Oproler Obras y Proyectos SL, Abeconsa SL, Grupo Sotoval SL, Vivaria Obras y SS SL.