VIVIENDA

La familia malagueña con dos niños con autismo evita (por ahora) el desahucio, pero sigue sin encontrar vivienda

Sentada en un banco frente al ayuntamiento de Málaga, dice María M. que su situación (y la de su marido y sus cuatro hijos pequeños) es hoy algo mejor que la semana pasada, pero tampoco para tirar cohetes. Respira aliviada porque este martes no se presentará una comisión judicial que los eche de su casa, como estaba previsto, pero ese momento puede llegar dentro de tres semanas o dos meses: “El desahucio se ha parado, pero no sabemos por cuánto tiempo”.

Sobre su familia sigue pesando una orden de desalojo por impago de la renta, que la jueza ha suspendido para estudiar el informe de vulnerabilidad emitido por el ayuntamiento. El documento constata la situación de desamparo por la que pasa la familia, integrada por María, su marido, cuatro niños menores de seis años, dos de ellos mellizos con trastorno del espectro autista. La familia de María está en riesgo de exclusión social extrema porque los padres no ganan lo suficiente para pagar el precio de un alquiler en Málaga y hacer frente a la manutención de cuatro niños, dos de ellos con un grado de discapacidad reconocido del 65%.

El ejemplo de esta familia saltó a los medios hace algunas semanas, cuando la Asociación Autismo en Positivo convocó una protesta para denunciar la incapacidad del ayuntamiento para ayudar a encontrar una solución. Los datos demuestran que es la punta del iceberg en una ciudad en la que el precio de la vivienda se ha encarecido a un ritmo disparatado, especialmente si se compara con el estancamiento de los salarios. El precio de alquiler en la ciudad sigue superando máximos históricos a cada actualización: ahora está a 10,9 euros/metro cuadrado, según los últimos datos publicados por Idealista.

Sin pisos en Málaga por debajo de 800 euros

Lo está comprobando María, que no halla alojamiento alternativo. “No encontramos nada por menos de 800 o 900 euros. Además, nos piden tres meses de fianza”. Y eso, con un salario de 1.000 euros más lo que ella aporta (trabaja tres horas diarias en ayuda a domicilio), es prohibitivo. Una búsqueda de un piso de tres habitaciones en Idealista no arroja ningún resultado en Málaga por debajo de los 800 euros.

De la casa que ahora habitan, en el popular barrio de La Luz, los quieren echar. Dejaron de pagar la renta, 600 euros mensuales, a comienzos de año, cuando se acabó la prestación por desempleo que cobraba su marido. Y cuando han podido volver a pagar, ahora que el hombre ha encontrado trabajo de electricista, el propietario se niega a recibir la renta, según denuncian.

“Solo pedimos un alquiler social. Que podamos pagar un piso por 400 euros”, dice ella. Actualmente, en Málaga por ese precio solo es posible arrendar una habitación. El ayuntamiento, objeto de las críticas de la oposición por este caso y otros similares, ha emitido este lunes un comunicado asegurando que ha hecho todo lo posible y que eso ha paralizado “momentáneamente” el desahucio. Fuentes municipales explican que gracias al informe de vulnerabilidad se ha evitado por ahora el desenlace traumático, y que ha intercedido para que ella logre un empleo.

Además, después de tres años esperando (según denuncia ella), el Instituto Municipal de la Vivienda le ha concedido la ayuda para el pago del alquiler, que sufraga el 95% de la renta el primer año, el 75% el segundo y 35% los dos últimos, además de la fianza (550 euros) y gastos de la inmobiliaria (550 euros). En total, un máximo de 18.260 euros en cuatro años con destino al alquiler. “Con la ayuda alquiler concedida y sus correspondientes sueldos, disponen de suficientes ingresos para hacer frente al alquiler de una vivienda”, concluye el ayuntamiento.

26.000 demandantes de vivienda pública, según el PSOE

Sin embargo, esa conclusión puede ser precipitada. El plan de ayuda al alquiler va ya por la sexta edición, sin visos de que el problema se esté solventando. Al contrario. En el Registro de Solicitantes de Vivienda Pública en alquiler había en junio 26.000 demandantes, según los datos recabados por el PSOE, mientras que hace tres años rondaba los 20.000. Unas 2.000 de esas familias están en riesgo de exclusión social, denuncian desde la oposición.

En estas circunstancias, la ayuda apenas maquilla el problema: benefician actualmente a 220 familias. El ayuntamiento abona directamente a los propietarios la totalidad o una parte de la renta, que no puede superar los 900 euros, pero muchos beneficiarios potenciales de la ayuda denuncian que los arrendadores no suelen estar interesados en esta modalidad: el mercado libre es mucho más lucrativo. 

“Pisos de 600 a 900 euros se alquilan como mucho en dos semanas, y a perfiles que dan mucha seguridad: con una o dos nóminas”, cuenta Ricardo Aguilar, administrador de fincas y agente inmobiliario. Los primeros interesados tardan apenas unos minutos desde que se anuncian en los mercados inmobiliarios: profesores, funcionarios, personas con empleo fijo, hay mucha demanda y poca oferta. Además, muchos propietarios desconfían de qué pasará cuando se extinga la ayuda, que suele durar tres años, en contraposición a la duración mínima del arrendamiento, de cinco años. “Prefieren ahorrarse problemas, y rentabilizar”, explica Aguilar.  

Los “claroscuros” del empuje de Málaga

En esas condiciones, los beneficiarios de la ayuda tienen imposible hacerse con una casa. “La política municipal de ayudas es nefasta porque no llegan a las familias vulnerables y los precios son altísimos”, denuncia Carmen Martín, concejala del PSOE. Remedios Ramos, portavoz de Unidas Podemos, detecta el problema en el modelo de crecimiento de la ciudad: “A la par que crecen los rascacielos aumenta la necesidad de vivienda”. Ramos cree que el equipo de gobierno está facilitando la llegada de los fondos de inversión al mercado inmobiliario de la ciudad, ahora mismo uno de los más atractivos de España.

Un informe del Observatorio del Medio Ambiente Urbano (OMAU), dependiente del ayuntamiento, puso el dedo en la llaga hace apenas tres meses: “El supuesto empuje de Málaga tiene diversos claroscuros”. El principal, un mercado de la vivienda dual, que desplaza de la población local que no puede asumir el coste de la vivienda. Sólo el mercado de viviendas turísticas legal ha detraído del parque inmobiliario de la ciudad más de 8000 viviendas, según el Registro de la Junta de Andalucía. A ello se suma la presión al alza que ejerce el desplazamiento de trabajadores cualificados, que llegan a la ciudad a trabajar en potentes empresas tecnológicas o a ejercer el teletrabajo.

“Con algo más del 20% de las personas de la ciudad en situación de vulnerabilidad social, con un porcentaje de desempleo similar, y una renta familiar que supone el 80% de la media española no parece que estemos en el paraíso deseado que tanto se vende en los últimos tiempos”, concluía el OMAU.