El Parlamento de Andalucía pide que se prohíba cortar el agua a quien no pueda pagarla

José Antonio Castro.

IU ha conseguido este jueves un pequeño avance en su empeño desde que estuviera en el Gobierno de Andalucía la pasada legislatura por establecer una garantía de suministros básicos en la comunidad autónoma, lo que no consiguió de su pacto con el PSOE-A. Pero esta vez, el pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado parcialmente una moción de IU por la que insta a que el Consejo de Gobierno establezca las modificaciones necesarias en la ley o desarrollos reglamentarios que aporten soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica, lo que incluye prohibir los cortes de agua para las familias que no puedan hacer frente a su pago.

Todos los grupos han respaldado parcialmente la moción de IU en torno a las políticas de agua, que era más ambiciosa, pero para la coalición de izquierdas han sido un triunfo. Entre otras cosas, se le exige a la Junta de Andalucía que avance en la información sobre el balance hídrico y las demandas. Se propone superar las estadísticas que publica la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio, pasando de obtener el índice de consumo regional a lograr sistematizar y ofrecer de manera estructural el gasto de agua por mes y año para el abastecimiento en todos y cada uno de los municipios de la región. Este objetivo persigue, como expone en la moción, poder diagnosticar la situación real de consumo y usos en los distintos territorios, calcular de manera exacta las dotaciones por habitante, las pérdidas en la red y otros indicadores de eficiencia y evaluar el efecto de las acciones de concienciación y sensibilización de los ciudadanos.

Por otro lado, en función de lo establecido en la Ley de Aguas de Andalucía, se instará al Consejo de Gobierno a aprobar un catálogo de ríos y tramos fluviales reservados, con exclusión parcial o completa del otorgamiento de concesiones, por su interés medioambiental y estado de conservación, antes de un año. También, que se garantice la determinación del régimen de caudales establecido para cada río y tramo fluvial a partir de estudios específicos que atiendan al criterio de conservación o restauración del buen estado ecológico. Y en tercer lugar, el cumplimiento efectivo del régimen de caudales medioambientales potenciando las labores de vigilancia y control del dominio público hidráulico.

De otro lado, se pondrá en marcha, de manera urgente, el Observatorio del Agua, y se contempla modificar la Ley de Aguas de Andalucía a fin de prohibir la utilización de los cánones concesionales; a la par que crear un servicio dependiente de la Junta de Andalucía dedicado a auxiliar a los entes locales que quieran iniciar procesos de remunicipalización del servicio. En este sentido, se rechazan los procesos de privatización de la gestión del agua en Andalucía, "por ser un modelo más gravoso para la ciudadanía, medioambientalmente insostenible, escasamente transparente, excluyente y que provoca una absoluta pérdida de control por parte de las administraciones públicas sobre la gestión de este servicio básico", tal y como ha expresado el diputado de IU José Antonio Castro en su defensa.

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