El Supremo podría frustrar la candidatura de Rafael Gómez en precampaña municipal
Se esperaba para el mes de enero la sentencia definitiva del Tribunal Supremo tras el recurso sobre el caso Malaya en el que el empresario y concejal cordobés Rafael Gómez fue condenado a seis meses de prisión por un delito de cohecho. Pero el alto tribunal se acaba de dar un plazo de hasta tres meses más para dar a conocer la decisión definitiva que, en el caso de confirmar la pena impuesta a Gómez o ampliarla como pide la Fiscalía hasta los 18 meses, podría hacer que el empresario cordobés resultara ‘ineligible’ como señala la Ley Electoral sobre los condenados en firme a una pena privativa de libertad.
Así las cosas, los plazos del Tribunal Supremo pueden hacer que se conozca si 'Sandokán' es “alcaldable” o no en plena precampaña electoral de las elecciones municipales de mayo, ya que es la fecha que se baraja para dar a conocer la sentencia firme del caso que afecta a Gómez.
A la espera por tanto de la decisión del Supremo todo podría hacer pensar que en esa situación Rafael Gómez no optaría a repetir candidatura municipal –desde círculos próximos al empresario se señala que quizás no fuera lo más conveniente que se presentara a las municipales, dada la situación- el empeño del empresario es el contrario. Hace oídos sordos a esta situación y ya ha anunciado su voluntad de volver a concurrir a los comicios locales para ocupar un sillón en el Ayuntamiento del que ahora es jefe del mayor grupo de la oposición municipal con su partido, Unión Cordobesa (UCOR).
Y aunque la cuestión radica en si finalmente podrá presentarse a las elecciones, él parece tenerlo meridianamente claro: “¿Qué vamos a hacer en las próximas elecciones municipales? Vamos a ganar con mayoría absoluta para cambiar Córdoba para siempre, que es lo que quieren las familias cordobesas”, proclama en sus últimas declaraciones hechas a través de un comunicado público la pasada semana. Predice, sobre los resultados, que triplicarán el número de votos de las pasadas municipales y alcanzarán los 75.000 en la ciudad.
En ese mismo sentido, mantiene el tono y los mensajes que han marcado siempre su particular manera de expresar anhelos en la batalla municipal: “Tener un empleo y acabar con la incertidumbre en la que vivimos la mayoría, sin ningún horizonte desde hace cuatro años, que nos decían que esto iba a cambiar y desgraciadamente seguimos no cómo estábamos sino peor todavía”, señala en alusión al actual mandato del gobierno municipal del PP.
Sus concejales no repetirán
Eso sí, de la lista electoral que su partido presentaría nada se sabe hasta el momento: “¿Para qué vamos a pensar en la lista si ahora está lo de la Junta de Andalucía?”, dice en alusión al adelanto de las autonómicas. Lo que se conoce son las bajas que tendría de su actual grupo municipal. De los cinco concejales que lo conforman, aparte de Gómez sólo una concejala –Aurora Aguilar- se ha mostrado a disposición de UCOR para repetir candidatura; el actual portavoz del grupo, Juan Miguel Alburquerque, ya ha dicho que no repetirá y los otros dos ediles –Carlos Baquerín y María José López de la Bastida- llevan enfrentados a su líder desde los inicios de la legislatura y es obvio que quedan fuera de juego.
Por si no fuera suficiente con la espera de la sentencia firme del Tribunal Supremo que puede hacer deshojar la margarita sobre la candidatura de Gómez en uno u otro sentido, el empresario y concejal estará inmerso en otro frente judicial de calado en plena precampaña electoral: Hacienda le reclama casi 70 millones de euros no pagados a lo largo de cuatro años. Porque el empresario, su mujer y sus cuatro hijos fueron imputados por un presunto delito contra la Hacienda pública, acusados de haber dejado de pagar 69,9 millones de euros en el IRPF entre los años 2003 y 2006, ni pagar tampoco el importe del impuesto de sociedades de sus empresas en los mismos ejercicios.
Como guinda del pastel, la situación de Rafael Gómez roza el esperpento al querer concurrir a las elecciones municipales en un Ayuntamiento del que es el mayor deudor. La construcción sin licencia de unas naves en 2005 le acarreó una sanción de 24,6 millones por parte del consistorio cordobés, recurrida hasta la saciedad por Gómez que nunca se ha mostrado dispuesto a pagarla; ni esa multa, ni otros 6,5 millones de euros que debe al Ayuntamiento en otros conceptos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó parcialmente un recurso de Gómez y rebajó finalmente la multa a 20 millones, pero el empresario ha seguido insistiendo en que no pagará y ha llegado a acudir al Tribunal Constitucional.
