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Los socialistas andaluces se refugian del fuego cruzado entre Gobierno y Junta para no “nacionalizar” el 28M con Doñana

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, responde al líder del PSOE-A, Juan Espadas.

Daniel Cela

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Andalucía se ha convertido en el campo de tiro para un fuego cruzado entre el Gobierno central y la Junta de Juan Manuel Moreno, que ha pillado en medio al principal partido de la oposición: el PSOE andaluz. El equipo de Juan Espadas, noqueado por la mayoría absoluta del PP hace sólo 11 meses, empezó a despertar del KO hace unas semanas liderando una estrategia de oposición que ha zarandeado a Moreno por primera vez: la ofensiva parlamentaria contra los contratos de emergencia que la Junta firmó con clínicas privadas amparándose en el marco legal de la pandemia ya derogado. El PSOE prevé llevar a la Fiscalía la lista de contratos a dedo por valor de 243 millones de euros –vigentes en la actualidad– para denunciar un delito de menoscabo de fondos públicos después de las elecciones del 28 de mayo.

El foco en la gestión de la sanidad andaluza vigorizó al grupo parlamentario socialista, pero enseguida se ha visto opacado por la estrategia de oposición que dirige, desde Madrid, el Gobierno de Sánchez contra Moreno [contra Feijóo, en realidad]. En el arranque de la campaña, Moncloa logró situar el marco del debate público en torno a Doñana y la polémica ley andaluza para regularizar regadíos cerca del Parque Nacional. La inclusión en las listas de EH Bildu de 44 condenados por pertenecer a ETA arrebató la iniciativa al Gobierno y permitió al PP establecer un nuevo marco mental: “Sánchez, el socio de los terroristas”. A esa estrategia se han entregado, con entusiasmo, los alcaldes populares andaluces liderados por Juan Manuel Moreno.

Los socialistas andaluces están en medio de este fuego cruzado y buscan refugio para que no les salpique el plan del PP de “nacionalizar” la campaña de las municipales. Le ocurre a Espadas, a rebufo de la bronca del Ministerio de Transición Ecológica contra la Junta por Doñana, pero también le ocurre a los alcaldes que se juegan la plaza el 28M, que codean con sus rivales del PP para hablar sobre la limpieza, el arbolado y el turismo en sus pueblos, mientras estos les pasan las listas de Bildu por la cara.

“¿Le preguntó a Sánchez sobre los presos y candidatos de Bildu en la ciudad en la que fueron asesinados Alberto Jiménez–Becerril y Ascensión García?”, le espetó el candidato popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, al actual regidor, el socialista Antonio Muñoz, durante el cara a cara organizado por la Cadena Ser el pasado lunes. Muñoz, desencajado, reaccionó con un visible enfado: “Muy mal tiene que ver las cosas para sacar a Bildu”.

La macrourbanización junto a Doñana, una “trampa” para el PSOE

Esta semana, en la última sesión de control al Gobierno andaluz antes del 28M, el Parlamento ha aprobado, sin ningún voto en contra, el tercer decreto de la Junta contra la sequía, con un presupuesto de 163 millones. En paralelo, los dos relatos hiperbólicos que monopolizan la actualidad –Doñana versus Bildu– han irrumpido como un tractor sin frenos para crispar el debate público y político andaluz.

La Consejería de Medio Ambiente, en una decisión “incomprensible” para miembros de la propia Junta, ha autorizado un macroproyecto turístico, con 300 villas de lujo, hoteles y un campo de golf en una marisma seca del municipio gaditano de Trebujena, frente a Doñana.

La Declaración Ambiental Estratégica favorable de la Junta, condicionada al visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se emitió el pasado 12 de abril, el mismo día que el Parlamento aprobó la toma en consideración de la ley de PP y Vox para regularizar regadíos en el entorno del Parque Nacional.

Al conocer la noticia, el pasado martes, el Ministerio de Transición Ecológica se lanzó de cabeza contra la Junta, afeándole el visto bueno a la macrourbanización de Trebujena. En plena ofensiva del PP por los exterroristas en las listas de Bildu, este asunto le permitía resituar en el centro de la campaña la polémica sobre Doñana y la “cuestionable” política ambiental del Gobierno andaluz.

“Se han vuelto locos”, escribió la ministra Teresa Ribera en Twitter. “Es una hooligan radical”, le respondió el portavoz de la Junta y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco. Mientras subía el ruido, el PSOE andaluz guardaba un significativo silencio sobre este asunto, en público y en redes. “Cuidado Juan, que esto es una trampa y se nos puede volver en contra”, le advirtió a Espadas uno de sus más próximos colaboradores.

El caso de Trebujena retrata dos escenarios: uno es la lucha de relatos por dominar eso que los expertos en estrategia electoral llaman “el marco” de la campaña. El Gobierno trata de ahogar el ruido de Bildu en la marisma seca de Doñana, y la Junta revitaliza el terrorismo etarra –extinguido hace diez años– para esconder los ladrillos y los riegos que quieren autorizar cerca de la mayor reserva natural de Europa. “ETA ha asesinado a niños, mujeres, hombres. Yo he ido a muchos entierros de compañeros y del PSOE, por eso me cuesta entender la posición del PSOE... bueno, no del PSOE, de Sánchez. Porque el PSOE es una cosa y Sánchez otra”, decía Moreno el jueves en los pasillos del Parlamento, ante una nube de periodistas.

La comunicación del PSOE-A con Ferraz y Moncloa

En realidad, ambos relatos perjudican las expectativas electorales de los socialistas andaluces, y esto nos lleva al segundo escenario: la falta de comunicación y coordinación entre Moncloa, Ferraz y la actual dirección del PSOE andaluz. Hubo un tiempo, antes de perder el Gobierno de Andalucía en 2018 y antes de que Susana Díaz perdiese las primarias contra Sánchez en 2017, que la federación más potente y numerosa del PSOE ejercía un peso político determinante en el partido.

Andalucía ya no es el motor orgánico del socialismo español. La ministra no llamó a Espadas para enterarse bien del complicado contexto que rodea al macroproyecto urbanístico de Trebujena y el líder socialista desconocía que Ribera iba a usarlo como estrategia de confrontación, confirman fuentes próximas al secretario general.

La polémica sobre Trebujena es un asunto con muchas aristas que el Gobierno central ha obviado al lanzar su andanada contra la Junta de Moreno, y que en la sesión de control de este jueves le ha explotado en la cara a los socialistas y a IU. El complejo turístico frente a Doñana, planeado en una marisma seca, en terreno inundable, es el proyecto de un promotor privado que llevaba 20 años en un cajón, y que el Ejecutivo de Moreno reactiva al darle el visto bueno ambiental en plena campaña electoral y con el foco de la polémica por la ley de regadíos sobre la coronilla. “¿A nadie le pareció raro en Madrid?”, se pregunta un dirigente socialista andaluz.

El proyecto inicial fue validado, en primer lugar, por uno de los ayuntamientos más a la izquierda de Andalucía: Trebujena, donde el PP no tiene un solo concejal. En este municipio gaditano de 7.000 habitantes gobierna IU desde hace 37 años y el PSOE es la única oposición. El Consistorio autorizó una recalificación de suelo rústico a urbanizable, con la firma de un alcalde comunista y con el beneplácito inicial del grupo municipal socialista.

Es un proyecto corregido y validado hace una década por el Gobierno autonómico del PSOE, que redujo la edificabilidad máxima del complejo turístico de 750 a 300 casas, pero dejó “vivo” el plan “condicionado al informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir respecto a las medidas a adoptar para la resolución de las situaciones de inundabilidad que puedan estar provocadas por una avenida de periodo de retorno de 500 años y de la ausencia de repercusión en el resto de la cuenca”, según reza en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz.

El agua y la sequía, de 2010 a 2023

La revisión en 2023 de una decisión política de 2010 es compleja, porque el marco legal y la sensibilidad ambiental hoy es muy distinta a la de entonces. Aquel Gobierno socialista puso reparos al proyecto de Trebujena, pero tampoco lo tumbó de plano y durante la tramitación administrativa actuó de manera posibilista, limitando la edificabilidad a 300 las villas de lujo que podrían construirse.

El equipo de Espadas alega, ahora, que aquella actuación fue parte de un trámite administrativo al que la Junta estaba obligada al recibir el proyecto del Ayuntamiento de Trebujena, pero que nunca se llegó a firmar un papel favorable, como acaba de hacer el Ejecutivo de Moreno al validar el informe de declaración ambiental.

El caso de Trebujena es un asunto que compromete políticamente a todas las fuerzas del Parlamento andaluz –en menor medida a Vox y a Adelante Andalucía–, una bomba lanzada desde Madrid que ha hecho naufragar en contradicciones al discurso verde de Moreno, pero también al PSOE y a IU a diez días de las municipales. La vehemencia con la que ha disparado la ministra Ribera contrasta con la cautela que ha esgrimido Espadas, visiblemente incómodo este jueves en el Pleno.

Estos matices han permitido a Moreno darle un giro al guión de Trebujena, irrumpir en la sesión de control como depredador y convertir a la oposición en la presa. De hecho, no ha sido IU ni el PSOE los que han sacado a la palestra la polémica de Trebujena, lo ha hecho el presidente andaluz, ufano, sonriente, y con toda la bancada popular sobreexcitada. “Me llama la atención que no me haya hablado del macroproyecto de Trebujena, que es un proyecto que nace en un Ayuntamiento de IU, donde no tenemos ni un concejal, y con la promoción del Gobierno andaluz del PSOE de entonces. No se puede tener más cinismo”, le ha espetado Moreno a la portavoz de Por Andalucía, la diputada de IU, Inmaculada Nieto.

El presidente de la Junta ha retado a su grupo a convencer al actual regidor del municipio gaditano de “parar mañana mismo el proyecto”. “No puede porque tendría que devolver el dinero del convenio urbanístico al promotor”, ha sentenciado. El Ayuntamiento de Trebujena, con un presupuesto de 7,2 millones, recibió 1,8 millones del dueño del solar y promotor de la macrourbanización turística frente a Doñana.

En el turno de Espadas, Moreno ha sido aún más incisivo, viendo que su interlocutor no replicaba las críticas de la ministra de Transición Ecológica. “Ribera debería documentarse antes de hablar. Usted no ha citado Trebujena y me interesa, porque si el PSOE gobernara hoy en Andalucía el macroproyecto sería una realidad”, ha subrayado Moreno. La bancada socialista se ha agitado en sus escaños, y el presidente de la Cámara ha tenido que llamar al orden.

El pasado de Espadas como consejero

El dirigente popular ha recordado que Espadas era consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 2009 cuando se modificó el plan urbanístico de la comarca donde está enclavada Trebujena, y ha leído parte de la “memoria ambiental” de su departamento validando aquel proyecto (aunque el documento, firmado por dos directoras generales de la consejería, es de mayo de 2010, y Espadas había dejado de ser consejero en marzo de ese año).

Esa memoria ambiental del Gobierno andaluz, aunque se trata de un trámite administrativo previo, sí despeja el camino a la macrourbanización de Trebujena. “El área se sitúa sobre suelos clasificados como urbanizables por el planeamiento urbanístico de Trebujena, por lo que sus condicionantes ambientales se presuponen de nula o muy baja significatividad”, dice el extracto del informe que Moreno ha leído a Espadas

“¿A qué señor Espadas creemos, al de ayer o al de hoy?”, le ha preguntado Moreno, recordándole que el PSOE también cambió el voto respecto a la ley para regularizar regadíos junto a Doñana, de la abstención en la pasada legislatura, al no rotundo de hace unas semanas.

Sólo Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez divorciado de su alianza con IU y Podemos, ha sacado el asunto al presidente, preguntándole si está de acuerdo con el macroproyecto de Trebujena al que acaban de conceder la declaración ambiental favorable. Pero en este caso, Moreno no ha respondido.

De Trebujena a los rocieros del Quema

La ley andaluza de regadíos en Doñana ha soliviantado a instituciones diversas a todos los niveles: la Comisión Europea ha amenazado a España con multas millonarias si prospera, el comisario de Medio Ambiente ha advertido personalmente a la Junta en contra del proyecto; el Ejecutivo central ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional en cuanto salga aprobada; la Unesco ha amagado con retirar al parque el sello de Patrimonio de la Humanidad, la comunidad científica ha alzado la voz de alarma, los agricultores con permisos legales de riego se lamentan del daño reputacional que esto le está haciendo al fruto rojo de Huelva, piedra angular de la economía en el condado.

La dimensión de este asunto no se ha exagerado, tal es así, que el PP andaluz decidió congelar la tramitación parlamentaria de la ley hasta después de las municipales. Doñana sacudió los cimientos de la pacífica mayoría absoluta de Moreno, fulminó su supuesto discurso verde y puso en aprietos, por primera vez, el calculado perfil de moderación del presidente de la Junta. Moreno es el emblema del PP de Alberto Núñez Feijóo desde que arrasó en las andaluzas, amigo y persona de confianza del gallego y, sobre todo, contrapunto institucional y orgánico a la rama dura del partido, que representa Isabel Díaz Ayuso.

“Los estrategas de Moncloa y Ferraz van a por Moreno porque saben que es el principal sostén de Feijóo, y que si éste pierde pie, el apoyo más firme que le queda ante Sánchez es Díaz Ayuso. Y ella despierta más animadversión en el electorado socialista que Juanma”, explica una fuente en el Palacio de San Telmo, que recuerda el amplio voto prestado del PSOE al PP en las andaluzas del pasado junio.

En esta estrategia enmarcan el asunto de Doñana, con las variantes de Trebujena y del vado del Quema, el río por el que pasan los peregrinos hacia la aldea de El Rocío, en Huelva. También en este asunto faltó visión de conjunto en el Gobierno andaluz, que internamente se lamentó del “error” que cometieron.

Un jefe de servicio dentro de la Consejería de Presidencia, responsable del plan de seguridad de los romeros, envió a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una solicitud para que desembalsara el río Guadiamar y llenase un afluente, el Agrio, por donde cruzan los peregrinos hacia El Rocío, y donde realizan el tradicional bautismo simbólico. Una solicitud que ya se ha hecho otras veces en el pasado, pero que chirriaba en el contexto actual: en plena sequía y con el volcán político de la ley de regadíos en el entorno de Doñana.

Desde Madrid se entendió como una estravagancia y el Gobierno quiso aprovecharlo para cargar contra Moreno: “Estoy sorprendida por estos mensajes contradictorios. No se puede uno quejar de que hay sequía y simultáneamente hacer una petición de estas características”, dijo la ministra Ribera. Los socialistas andaluces, sobre todo los onubenses, volvieron a torcer el gesto. También lo hicieron cuando Ribera llamó “señorito” al presidente andaluz, logrando un efecto contraproducente al que habían pensado sus asesores en Madrid.

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