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Un tribunal sienta en el banquillo a dos consejeros del Ibex por el cierre de una fábrica de Cacaolat en Zaragoza

Los presidentes de Coca-Cola España y de Damm deberán explicar la adquisición y el posterior cierre de la planta de Cacaolat en Utebo (Zaragoza)

“Lo que resulta indiciario es que se elaboró una oferta de adjudicación, meridianamente clara, que no se cumplió, porque ya en su momento se sabía que ello era imposible”. La Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza ha ordenado con este argumento sentar en el banquillo a Sol Daurella y Demetrio Carceller, presidentes de Cobega y Coca-Cola Iberian Partners y de Damm, respectivamente, para aclarar si engañaron al Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona con la oferta que les permitió hacerse con la marca de refrescos Cacaolat, en una operación que acabó con el cierre de la planta de Utebo (Zaragoza) y el despido de 56 trabajadores.

Daurella y Carceller, copresidentes de Cacaolat y consejeros de varias empresas del Íbex 35 como los bancos Santander y Sabadell y como Gas Natural y Sacyr, se sentarán en el banquillo junto con sus ejecutivos Francesc Lluch, Víctor Rufart y Jorge Villavechia y con Luis Victory de Sintas, de Victory Corporate Turnarquin.

La Audiencia ha avalado las tesis de los antiguos trabajadores de Cacaolat, defendidos por el penalista y profesor de Derecho Eladio Mateo Ayala, que llevan cuatro años intentando demostrar que se quedaron sin empleo como consecuencia de una operación especulativa en la que los investigados presentaron una oferta ficticia que incluía reflotar la planta de Utebo cuando, en realidad, lo único que les interesaba era hacerse con las fábricas de Catalunya y para ello jugaron con sus expectativas en plena crisis.

Los hechos “son susceptibles de constituir un delito de estafa procesal agravada, un delito societario o de administración desleal y un delito contra los derechos de los trabajadores”, señala el tribunal, que revoca por tercera vez un auto de sobreseimiento del Juzgado de Instrucción número 8 y que sitúa a los investigados ante un horizonte penal que, en el peor de los casos, llegaría a los 18 años de prisión.

La decisión de la Audiencia “abre un nuevo escenario cinco años después del cierre de la fábrica y el inicio de una batalla legal, con avances y retrocesos, contra los responsables de grandes multinacionales”, señala UGT, que destaca que “la estafa procesal es un delito inusual y de enorme gravedad, ya que supone el engaño a la justicia”.

La venta buscaba mantener las fábricas y reflotar la empresa

El tribunal muestra su “convicción, indiciaria en estos momentos, del comportamiento fraudulento de los investigados” en el asunto de Cacaolat, empresa que, tras pasar por Sali y Clesa, acabó en manos de Nueva Rumasa, con la que se declaró insolvente y entró en concurso de acreedores en marzo de 2011.

El expediente recayó en el Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona, que en julio de ese mismo año convocó una subasta para vender “la unidad productiva” en la que terminó imponiéndose el grupo formado por Cobega, Damm y Victory, cuya oferta incluía un plan industrial con “la inclusión de la totalidad de la plantilla de Cacaolat”, “ampliar la capacidad de producción de las plantas” y, en especial, “el aumento de la actividad productiva de la planta de Zaragoza [que] permitirá reincorporar progresivamente a los trabajadores afectados por un ERE suspensivo” desde poco antes.

Ganaron, “dado su mayor precio y por cumplir el resto de condiciones que para tal adjudicación se exigían”, señala la Audiencia, que resalta cómo “lo básico para obtener la enajenación eran las condiciones del plan”, que en este caso incluía “asumir la deuda hipotecaria de todo el grupo, que ascendía a 7.365.000 euros”, e invertir cuatro millones en Zaragoza.

“Fue el importe de la [propuesta] dineraria lo que inclinó la balanza”, ya que la venta “tenía como objetivo mantener la unidad productiva”, con “urgencia” por “la necesidad de una inmediata obtención de tesorería” y la inactividad del centro de Zaragoza. “La oferta de reactivación de la actividad y de inversión en Utebo fue una condición determinante”, añade.

“Se sabía previamente que era inviable”

Sin embargo, “no se produjo la mayor parte de la inversión” en Zaragoza mientras esta sí se llevaba a cabo en Barcelona “cuando importaba una cantidad mucho mayor”.

La aplicación de los posteriores ERE apunta en esa misma dirección: tras una primera suspensión de contratos para toda la plantilla por 144 días nada más hacerse con la empresa, los expedientes que afectaron a 46 empleos en octubre de 2012 y a 48 en 2015 solo se aplicaron en Utebo, “lo que evidencia la intención de los investigados”

En este punto, y mientras la defensa argumenta que la inversión en Zaragoza “no era una obligación incondicionada” y que esta terminó viéndose frustrada por “circunstancias sobrevenidas”, en una versión que respalda el administrador concursal, el tribunal plantea si los compradores conocían “de antemano la nula posibilidad de recuperación” de la factoría, lo que llevaría a que “ese plan de inversiones se sabía previamente que era inviable”. Entre otras cosas, por haber perdido a Mercadona, un cliente clave para el funcionamiento de la planta.

“Un tiempo que permitiera disimularla”

“No cambiaron las circunstancias tras la adjudicación”, que ya eran “muy contrarias a la reflotación”, indica el auto, que añade que “no había expectativas positivas que desaparecieran después”, por lo que “indiciariamente, puede pensarse que lo que realmente interesaba era la planta de Barcelona. No la de Utebo, como lo demuestra lo sucedido”

Los nuevos propietarios realizaron inversiones por algo más de un millón de euros en informática e I+D+i, asumieron los gastos de personal y deudas con las administraciones por 4,3 y cubrieron 3,75 en hipotecas. Sin embargo, el tribunal apunta que, en cualquier caso, el cierre de la planta “requería de un tiempo que permitiera disimularla y, naturalmente, de unos gastos”.

El auto también recoge cómo nunca llegaron a materializarse proyectos como el traslado de una línea de leche pasteurizada que, en realidad, había dejado de ser de Cacaolat cuando fue comprada. “El ofrecimiento de su traslado era, cuando menos, muy incierto”, apunta el tribunal, que recuerda que el millón que iba a costar esa operación era uno de los cuatro destinados a reflotar la factoría zaragozana.

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