El Gobierno de Aragón exime a Stellantis de mantener el empleo al inyectarle 10 millones para el coche eléctrico

Poco a poco, la piezas van encajando en el relato oficial sobre la transformación de la planta de ensamblaje de automóviles que la multinacional francesa Stellantis gestiona en Figueruelas (Zaragoza) y sobre el tutelaje y la financiación públicos de ese proceso.

El Gobierno de Aragón acaba de eximir a la empresa del compromiso de mantenimiento del empleo al aprobar una inyección de diez millones de euros para financiar tres proyectos de inversiones de pintura y ensamblaje y de tratamiento de aguas residuales vinculados a la transición de la fabricación del coche con motor de combustión a la del eléctrico.

El objetivo formal de la subvención, de cuatro millones para este año y de seis para el próximo, consiste en “el desarrollo de proyectos para la protección del medio ambiente, la eficiencia energética y el desarrollo experimental” de la factoría “con el fin de facilitar el proceso de transformación hacia el vehículo eléctrico y conectado e incrementar el grado de protección ambiental”.

Esa inyección, que llega tras otras tres de cuatro millones cada una en 2019, 2020 y 2021, tiene, según recoge el decreto que la regula, tres peculiaridades: su concesión está “exenta del trámite de fiscalización previa”, bastará la “aportación de informe de auditor” para justificarla, aunque la DGA establece al mismo tiempo la obligación de “aportar informes externos acreditados e independientes” sobre el destino del dinero, y se concede al margen de “los requisitos de mantenimiento del empleo y de los puestos de trabajo” que contempla la Ley de Presupuestos de 2023.

Un 4,9% del empleo y un 4,35% del PIB

Esa última norma contemplaba que “cuando los destinatarios de las ayudas o subvenciones que se concedan con cargo a los presentes presupuestos sean las empresas, se exigirá que el objeto de las mismas sea para el mantenimiento del empleo y los puestos de trabajo, y que existan mecanismos de información al personal de la empresa sobre el objeto de las ayudas y su gestión”.

Esa ley presupuestaria también establecía que la aplicación de ese requisito “será de carácter ordinario, habiéndose de informar y justificar debidamente aquellos supuestos en los que, por colisión con la naturaleza de la actuación subvencionable o con los potenciales beneficiarios, pudiera no contemplarse este requisito”.

El decreto no aporta mayores explicaciones sobre los motivos de esa decisión, la cual, por otra parte, colisiona de manera clara con la justificación que el propio Gobierno incluye en la exposición de motivos del decreto.

“El Gobierno considera necesario elevar el protagonismo de la política industrial hasta situarlo en el centro de la agenda política, con el objetivo último de lograr un modelo de crecimiento sostenido, sostenible e integrador que promueva el empleo estable y de calidad”, señalan en ese texto el presidente Jorge Azcón y sus consejeros de Economía y de Hacienda, Mar Vaquero y Roberto Bermúdez, los cuales indican que la razón fundamental de la ayuda consiste en que, “en la actualidad, no se cumple con la meta establecida del 20%” del empleo y el PIB como aportación de la industria“.

Ganar 290 millones en un año y pedir 200 en subvenciones

De hecho, el decreto reduce la participación de la automoción al 4,35% del PIB autonómico y al 17% del industrial y sitúa su peso laboral en 29.400 trabajadores, 5.400 directos en Figueruelas y 24.000 indirectos en las 213 empresas auxiliares, lo que equivale a algo menos del 5% de los 596.600 ocupados que estimaba la última EPA (Encuesta de Población Activa) del INE (Instituto Nacional de Estadística).

“El futuro de la industria será electrificado, en un entorno altamente competitivo con objetivos exigentes de eficiencia y reducción de costes, y donde las decisiones son constantes e impactan en las inversiones a realizar y en el empleo de las plantas”, añade el decreto, que elude entrar en las estimaciones sobre el efecto en la ocupación que los agentes sociales, la propia industria y los expertos coinciden en pronosticar para la transición al coche eléctrico.

Su ensamblaje requiere un tercio de la mano de obra necesaria para el de combustión y eso, en el caso de Aragón, apuntaría a una merma de cerca de 20.000 empleos en el ramo, en el que la planta de Figueruelas resulta ser con Stellantis como dueño, como antes ocurrió con General Motors y con Opel, la única compañía del ramo.

En ese escenario se ubica la reclamación por parte de la multinacional Francesa, resultado de la fusión de Fiat-Chrysler con Citroën-Peugeot y con sede en ‘paradisiaco’ Estado de tributación ‘low cost’ como Holanda, para que el Ministerio de Industria eleve por encima de los 200 millones de euros la subvención de 53 con cargo a los Fondos Next Generation de la UE que le concedió hace unos meses para construir una fábrica de baterías y de la que considera que serían financiables hasta 279.

Se trata de la misma multinacional cuya filial española, con fábricas en Figueruelas, Vigo y Palencia, declaró al cierre del ejercicio de 2022 unos beneficios netos de 289,7 millones de euros tras facturar 14.370.