Plaza: ¿proyecto fallido o tapadera?
Tres magistrados de la Audiencia de Zaragoza deberán juzgar dentro de unos meses si la construcción de la plataforma logística Plaza, la mayor de Europa en su ramo con una superficie de más de 90 hectáreas, fue un proyecto poco acertado y peor ejecutado –tanto como para acumular deudas por 60 millones tras dispararse su presupuesto de 146 a 397- o se trató de la tapadera que posibilitó el mayor desfalco documentado en Aragón, hasta 200 millones de euros según su exgerente Jesús Andreu.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, tiene prácticamente cerrada la investigación del llamado caso Saqueo -faltan por practicar una declaración y una prueba pericial-, en el que hay 40 personas imputadas por su relación con una presunta malversación de decenas de millones de euros, supuestamente cometida mediante una retahíla de actuaciones bajo sospecha:
Reformas de pisos de particulares cuyos autores –albañiles y decoradores- declaran que fueron cargadas a la UTE que ejecutaba las obras, sociedades que pasaban facturas de decenas de miles de euros por trabajos inexistentes según algunos testimonios, certificaciones de obras no ejecutadas cuyos responsables sostienen que respondían a compensaciones por otros trabajos encargados sin soporte documental, una guardería que facturaba costosos estudios de asesoramiento sobre logística, un gerente que guardaba más de 400.000 euros en efectivo bajo un colchón y que patroneaba un yate cuyo titular era el jardín de infancia de sus hijas, correos con indicaciones sobre cómo debían terminar determinados concursos de obras.
Son algunos de los episodios que recogen las diligencias del caso Saqueo, cuyas pesquisas inició en la primavera de 2013 la Fiscalía Anticorrupción tras recibir una denuncia inicial de Andreu, y que saltaron a la opinión pública en agosto de ese año, tras desplegar la Udef un dispositivo de detenciones y registros por orden del ministerio público. “Teníamos que ser los más chulos y los más ricos. En ese ambiente se creó Plaza”, dijo un exdirectivo en su declaración como imputado, en la que añadió que “no nos podíamos imaginar la que se estaba montando allí de desfalco monetario”.
Fallos de control en un sistema sin deficiencias
Plaza, una empresa pública en la que el Gobierno de Aragón controla la mayoría del capital y en la que figuran como socios el Ayuntamiento de Zaragoza y las antiguas cajas de ahorro locales –hoy fusionadas en Ibercaja Banco-, fue creada para impulsar y gestionar la mayor plataforma logística de Europa, situada en un paraje estepario de la capital aragonesa junto al tercer aeropuerto de España por tráfico de mercancías. Hoy, tras varias refinanciaciones y algunas cancelaciones de créditos mediante el endoso de naves a la banca, arrastra una deuda de 60 millones de euros.
Una comisión de investigación de las Cortes de Aragón dictaminó a finales de la pasada legislatura que la gestión de Plaza incluyó “un fallo en los controles”, aunque lo achacó a “la actuación irregular de personas concretas situadas en puestos clave de la organización interna, y no por deficiencias del sistema en sí mismo”.
La Audiencia de Zaragoza ha ordenado unir a la causa, a petición de algunas defensas y con el apoyo de la Fiscalía, las actas de los consejos de administración de Plaza. Se trata de un arma de doble filo: si hubo latrocinio, y también si no existió, allí están las claves para determinar quién sabía qué, qué avaló cada cual y si algo se hizo a hurtadillas.
Un debate pericial clave sobre la UTE
Uno de los principales ejes de la investigación gira en torno a la actuación de la UTE liderada por Acciona y participada por la empresa local MLN en el desarrollo de las obras. Un informe pericial entregado por Plaza cifra el desfase de las obras de urbanización en 104 millones y asegura que la empresa pública pagó 240 millones por unos trabajos que no deberían haber costado más de 136: 22 millones en obra no ejecutada, 30 por errores al medir y valorar movimientos de tierra, cinco por precios excesivos y 16 por revisiones sospechosas son las principales partidas bajo sospecha.
Sin embargo, los exgerentes de la UTE José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, sostienen que los informes de Plaza “adolecen de graves defectos y errores metodológicos”, además de incluir “contradicciones, sesgos, manipulaciones verbales” y otros deslices, especialmente en el caso de los movimientos de tierras para efectuar saneos.
Así lo sostienen en un documento de alegaciones que hace unos días entregaron en el juzgado sus abogados, Luis Jordana de Pozas y Alfredo Domínguez, que trazan este paralelismo: “Es como si se pretendiera valorar las características del terreno que ocupan cuatro campos de fútbol con una muestra equivalente al punto de penalti de uno de ellos” y, “además, a partir de ellas el informe hace una extrapolación grosera, inadmisible si se pretende hacer una estimación que sea mínimamente objetiva”. El juez ha ordenado abrir una zanja en uno de los saneos para comprobar si sus afirmaciones son correctas.
La defensa de los dos exgerentes mantiene que “la diferencia entre el volumen certificado por saneos y el efectivamente saneado es mínima”, y en ningún caso supone una sobrefacturación del 70% como la que apuntan los peritos de Plaza. Eso supondría que nueve millones de euros, de un total de 12,7, habrían sido facturados de más.
Certificar obras no ejecutadas como compensación
Según los letrados, “el propio informe de Plaza reconoce que los saneos no realizados no suponen más que apenas un 9 % del volumen total saneado”.
Cuatro de esos movimientos y explanaciones de tierras, que sumaban un volumen de 272.984 metros cúbicos, fueron certificados pese a que la propia UTE reconoció por escrito, en una nota dirigida a Plaza y suscrita por varios de sus responsables, que estaban “pendientes de ejecutar”. “Lo que ocurre es que el importe de esos saneos estaba más que compensado por otros trabajos realizados que no constaban en las certificaciones”, añaden los abogados.
De otra de esas obras, la conocida como el saneo del Pino, “tampoco se ha negado su no realización, si bien su importe estaba más que compensado por los importes de otros trabajos realizados y no certificados ni facturados”, añade el documento de alegaciones.
