Sin mujeres, no hay desarrollo rural

Aprobado por el Parlamento autonómico el pasado 21 de noviembre, Castilla-La Mancha cuenta con el primer Estatuto de las mujeres rurales con rango de ley en España.

La definición de mujeres rurales va más allá de agricultoras y ganaderas para englobar a todas las que viven en municipios de menos de 30.000 habitantes.

El porqué de esta ley que está a punto de entrar en vigor lo explicó certeramente el alcalde de Pedro Muñoz (Ciudad Real), José Juan Fernández: “No se puede afrontar el desarrollo rural y el problema de la despoblación sin una perspectiva feminista”.

Lo confirma que la iniciativa legislativa partiera de la Federación de Mujeres Rurales (Fademur) de esa comunidad autónoma. Las mujeres rurales tienen que desenvolverse en unos entornos muy masculinizados, en unas actividades económicas sometidas a grandes incertidumbres y, en la mayoría de los casos, con poco apoyo social, sociosanitario y económico en las tareas familiares, entre ellas la de cuidar en casa, en muchos casos durante años, de los y las dependientes.

También suelen estar en primera línea de las asociaciones ciudadanas que luchan por mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales sea una asociación cultural, una de amas de casa, una comisión de fiestas, una batucada, una banda de tambores y bombos, o una coral. Se desviven con los hijos en edad escolar para los que programan todo tipo de actividades para corregir la brecha con la oferta de ocio de las ciudades.

Cuando entre en vigor este Estatuto, las mujeres castellanomanchegas tendrán por ley el 40 por ciento de los puestos (Fademur había reclamado el 50) en los órganos de decisión de organizaciones empresariales, sindicales, cooperativas, vinculadas al sector agroalimentario.

Además, se fomenta con medidas de discriminación positiva que pueden ser fiscales o de Seguridad Social o de subvenciones, aunque las dos primeras dependen del Gobierno de España, la titularidad compartida de las explotaciones agrícolas y ganaderas, y la incorporación de las mujeres a la vida laboral, a la formación y a la participación en el desarrollo de su entorno respetuoso con las buenas prácticas medioambientales.

Viene al hilo una afirmación de la consejera de Agricultura de Cataluña, Teresa Jordá: “Si queremos seguir siendo competitivos y garantizar un desarrollo rural sostenible, debemos atraer y retener el talento femenino, que las mujeres sientan que son capaces de todo”.

En esa comunidad autónoma están desarrollando un proyecto piloto para que empresarias con éxito en sus actividades guíen durante dos meses a las que quieren empezar con un proyecto de turismo rural, o de plantas aromáticas y medicinales, o de recogida de miel, o de huerta ecológica, o de producción de cítricos o de aceite, o también de pesca. La fórmula pasa por establecer redes de colaboración para compartir experiencias y conocimientos.

En el caso de Aragón, según los datos facilitados por el Gobierno autónomo, la media de mujeres afiliadas a la Seguridad Social agraria en la comunidad autónoma es del 21,25 por ciento aunque solo un 17 por ciento figuran como titulares y jefas de explotación. Del total de personas beneficiadas por las ayudas de incorporación de jóvenes agricultores y modernización de explotaciones, las mujeres no llegaban al 16 por ciento.

Si analizamos a las asalariadas, solo son mujeres el 7 por ciento de las personas que trabajan a tiemplo completo en las explotaciones agrícolas o ganaderas. El mayor porcentaje de mujeres lo hacen a tiempo parcial. Solo 23 explotaciones agrarias se habían acogido a la Ley de Titularidad Compartida, 12 en la provincia de Huesca, 10 en la de Zaragoza y solo 1 en la de Teruel.

El ejemplo de Castilla-La Mancha puede servir de referencia para que se avance en la igualdad real de las mujeres en las comunidades rurales, en su reconocimiento jurídico y económico no solo en la actividad agraria, referencia que puede complementarse perfectamente con esa ley de dinamización rural que anunció el presidente Lambán que debería incluir la conectividad digital de calidad como un derecho básico esencial, universal y asequible para el cien por ciento de los que viven en las comunidades rurales.