Un final de legislatura de vértigo: las Cortes tienen siete meses para cerrar 23 leyes
Las Cortes de Aragón afrontan un tramo final de legislatura de vértigo, con 23 leyes sobre la mesa cuando apenas quedan siete meses hábiles para tramitarlas, desde septiembre hasta la convocatoria de las autonómicas a finales de marzo o principios de abril, y en vísperas de una campaña electoral para la que algunos partidos políticos comienzan a realizar movimientos de ubicación.
Los proyectos y las proposiciones de ley decaen si no son aprobados durante la misma legislatura en la que son presentados en las Cortes.
A ese volumen de trabajo pendiente, en una cámara que, leyes de presupuestos y de medidas tributarias al margen, ha sacado adelante 25 leyes y convalidado o retocado 16 decretos en los primeros tres años de la legislatura, cuatro de ellas para modificar créditos, se le suman las cuentas del 2019, cuyas negociaciones han comenzado entre los grupos de la izquierda, aunque su futuro resulta incierto ante las diferencias que se están dando entre PSOE, por un lado, y Podemos, CHA e IU, por otro, en materia tributaria.
De hecho, uno de los debates más tensos se prevén en torno a la rebaja del Impuesto de Sucesiones, en el que el PSOE cuenta con el apoyo de PP y Cs, y probablemente el PAR, para elevar de 150.000 a 500.000 euros por heredero el mínimo exento de tributar, propuesta a la que Podemos e IU se oponen abiertamente mientras CHA trata de modular la postura de su socio de Gobierno.
El atasco de la medida estrella de la izquierda
Otro de los puntos de fricción se encuentra en el proyecto de Ley de Renta Social Básica, cuya ponencia se encuentra paralizada tras abandonarla Podemos ante el giro del PSOE en Sucesiones. El texto entró en la Cámara a primeros de marzo de 2016, aunque cuando se produjo la ruptura, la pasada primavera, la ponencia llevaba diez meses sin reunirse.
Los grupos de la izquierda no han logrado acercar posturas en este asunto, que formaba parte, ya fuera de manera explícita (con CHA) o implícita (con Podemos e IU), de los acuerdos que llevaron a la investidura de Javier Lambán. Y ha sido uno de los proyectos estrella de esta legislatura tanto de la izquierda como del bloque progresista.
El tercer foco de diferencias se encuentra en la Ley de Autónomos. La Cámara admitió a trámite la propuesta de Podemos con la abstención de PSOE y PP, aunque el Gobierno está trabajando en su propio proyecto, lo que puede dar lugar a la inusual situación de tener que crear una ponencia que tramite dos propuestas sobre un mismo tema, sin apenas tiempo y con la campaña electoral cada vez más cerca.
17 propuestas del Gobierno y seis de la oposición
También es cierto, por otro lado, que algunas de las 23 leyes que siguen sobre la mesa se encuentran ya en el tramo final de su debate, caso de la de Memoria Democrática; que hay algunas de carácter más técnico que político, como las de creación de los colegios profesionales de ingenieros y de técnicos en informática, y que nada apunta, en principio, a que no vaya a llegar el acuerdo para otras como la de identidad de género o la de protección a la discapacidad.
Junto a ellas, no obstante, aparecen otras de mayor complejidad como la regulación del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, la de Estadística, la de Investigación e Innovación, la de Ordenación de las Entidades Privadas de Servicios Sociales, la que pretende reorganizar las competencias en materia de aguas en la comunidad o, también, las del sector público autonómico y la reforma de la ley del Presidente, que incluye cambios en los procesos de tramitación de las normas.
Cinco de esas 23 leyes pendientes han sido propuestas por grupos de la oposición. Así, el PAR presentó en febrero una proposición para refundir en una sola norma toda la regulación de los impuestos ambientales y otra para regular la fiducia aragonesa, una figura del derecho foral que permite a una persona ceder a su cónyuge el reparto de su herencia.
IU tiene registrada otra sobre la concesión de subvenciones y Ciudadanos depositó en marzo otra referente al deporte, a las que se suma la de autónomos de Podemos. El PSOE, por último, tiene presentada otra para reducir el coste de la energía en el regadío aragonés.
