El Gobierno de Aragón ha autorizado a trabajar en la sanidad privada a 1.300 médicos de la pública en solo ocho años

El Gobierno de Aragón ha autorizado a 1.305 médicos de la sanidad pública para trabajar en clínicas y consultas privadas, o para abrir sus propios negocios, en los últimos ocho años, a un ritmo de más de 160 al año y con picos de en torno a los 220 en dos de esos ejercicios, según indica una respuesta parlamentaria de la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, a la cuestión planteada por el coordinador autonómico y diputado de IU, Álvaro Sanz.

Acabar antes del verano de 2023 con esa situación, tan habitual como para que 22 jefes de servicio (8) o de sección (14) sigan trabajando en los dos sectores al llevar compatibilizando la ocupación en la privada con el rango de mando intermedio de la pública desde antes de que en 2011 esa posibilidad fuera prohibida por una norma autonómica, es uno de los puntos que recoge el acuerdo bilateral para la investidura de Javier Lambán firmado entre el PSOE e IU. Siempre, con la excepción de la investigación y la docencia, “que entendemos necesario y adecuado”, señala Sanz.

Ese objetivo, en cualquier caso, requiere llevar a cabo modificaciones normativas. Los jefes de servicio y de sección, así como los médicos que tienen “la responsabilidad del funcionamiento de la unidad correspondiente”, trabajan con dedicación exclusiva y cobran un plus por ello. Sin embargo, exigírsela “a todos los profesionales del sistema sanitario público sería una medida abiertamente contraria” a la ley, señala Ventura, ya que esta “restringe la incompatibilidad” entre el desempeño de un puesto público con otro privado a que este último “pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer la imparcialidad o independencia del funcionario”.

Más del 80% son especialistas

Las autorizaciones al personal sanitario aragonés para compatibilizar su trabajo en un servicio público con otro en el sector privado ascienden a 2.107 entre 2012 y 2019. Más de la mitad de esos permisos, 1.305, han sido para médicos mientras los profesionales de la enfermería obtenían 332 y otras ocupaciones, como anestesistas, comadronas o fisioterapeutas, 470 más.

Entre los médicos, el predominio de los especialistas resulta abrumador con 1.094 autorizaciones que suponen más del 80% frente a solo 154 de los médicos de familia y 57 entre los pediatras, cuya ausencia en numerosas zonas rurales ha provocado quejas y movilizaciones de usuarios y de instituciones. No obstante, el cierre del grifo ha sido claro para estos últimos, con solo dos permisos en los últimos dos ejercicios.

Casi el 60% de las autorizaciones al personal sanitario, con todas las categorías incluidas, han sido para trabajar por cuenta propia en sus propias consultas mientras el resto eran para cerrar contratos con centros privados. Las mujeres, 1.307 de 2.107, son mayoría entre los empleados públicos que han obtenido los permisos.

Sin criterios sanitarios, solo funcionariales

Llama la atención una de las afirmaciones que incluye la consejera Ventura en su respuesta a Sanz: “En todo caso, las autorizaciones de compatibilidad no son competencia del Servicio Aragonés de Salud ni del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, sino de la Dirección General de Función Pública, previa instrucción de los oportunos expedientes por la Inspección General de Servicios”.

Es decir, que los permisos para abrir consultas y trabajar en clínicas se conceden al margen de los criterios sanitarios y teniendo solo en cuenta los laborales de compatibilidades, todos ellos de mediados de los años 80.

La consejera explica que los responsables de los centros sanitarios públicos están obligados a “exigir a todo el personal, incluido el que cuenta con autorización de compatibilidad, el cumplimiento del horario”, destaca que “la coincidencia horaria entre ambas actividades es causa de informe desfavorable” y anota que la Inspección de Servicios Sanitarios hace seguimientos para “la evitación de que el personal con autorización de compatibilidad atienda al mismo usuario en la privada y en la pública”.

El quebranto de esas reglas conlleva la apertura de un expediente disciplinario y, “en su caso, de expediente de reintegro de retribuciones indebidas”.