El Ayuntamiento de Avilés se desmarca del contrato de derribo de las baterías siderúrgicas que investiga la UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la adjudicación de un contrato valorado en 2,8 millones de euros para la demolición y el desmantelamiento de las antiguas baterías de coque de Avilés. La investigación se enmarca en el procedimiento que se sigue contra la ex militante socialista Leire Díez, el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán a través de la sociedad Servinabar. Se intenta determinar si pudieron haber recibido 'mordidas' a cambio de mediar en contratos relacionados con la SEPI, entre los que figura el de las antiguas baterías siderúrgicas.

El Ayuntamiento de Avilés ya se ha desmarcado del proceso de contratación. Así, el concejal de Desarrollo Urbano y Económico y portavoz socialista, Manuel Campa, ha asegurado este lunes que la adjudicación de esta obra es “totalmente ajena” al consistorio.

Contrato adjudicado en 2021

El futuro de baterías es un proyecto clave para la ciudad, según ha ratificado el edil, que ha incidido en que la preocupación del equipo de gobierno local es el desarrollo de suelo industrial, generar actividad económica y empleo y para lograr estos objetivos, “estos procesos deben de ser ágiles y transparentes”.

El contrato de adjudicación se concedió a finales del año 2021 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que integran Construcciones y Excavaciones Erri Berri y Afesa Medio Ambiente.

Valorado en 2,8 millones

Erri Berri fue la adjudicataria del contrato público para la demolición de las baterías de coque de Avilés, suscrito por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), gestionado por Sepides, la sociedad inmobiliaria filial de la SEPI, por valor de 2,8 millones de euros.

La UCO trata de esclarecer si en este contrato pudo haber una 'mordida' a un grupo autodenominado Hirurok, el nombre con el que los tres investigados -Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández- se llamaban y que traducido al castellano desde el euskera significa “Nosotros tres”.

Una comisión de 400.000 euros para Hirurok

Esta sería la fórmula utilizada en al menos cinco contratos. Además de las baterías de coque, están cuestionados los contratos adjudicados a las empresas Mercasa, Enusa y Residuos Melilla. En total, se baraja la cuantía de 132 millones como el dinero al que ascenderían los contratos supuestamente amañados a través de la SEPI o empresas públicas participadas por el holding estatal.

Al parecer, el contrato para el desmantelamiento de las antiguas baterías siderúrgicas podrían haber generado una comisión cercana a los 400.000 euros; una cantidad que iría al grupo HiruroK.

Secreto de sumario

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, lleva la causa que permanece bajo secreto de sumario.

Los investigadores tratan de establecer si Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso se repartieron hasta 750.000 euros en comisiones entre los años 2021 y 2023 a través de una labor de mediación en contratos y ayudas vinculadas a empresas relacionadas con la SEPI.

Medidas cautelares

Tras su detención, los tres pasaron el sábado a disposición de la Audiencia Nacional. El magistrado Antonio Piña acordó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares, entre las que se encuentra la retirada del pasaporte y la obligatoriedad de comparecer cada 15 días en los juzgados, tal y como había reclamado la fiscal Elisa Lamelas.

Leire Díez y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que Vicente Fernández sí respondió a las preguntas de todas las partes y negó su participación en los supuestos amaños. Los tres están investigados por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Los currículos

Vicente Fernández fue presidente de la SEPI tras la llegada del PSOE a la Moncloa: entre junio de 2018 y octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su implicación en el caso Aznalcóllar —del que acabó absuelto — motivó su cese. Leire Díez, por su parte, fue responsable de comunicación de Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021. Después pasó a ser directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos, donde estuvo hasta finales de 2023.

Según la investigación, su actividad se proyectó sobre “distintos puntos del territorio nacional” y “varias administraciones públicas”. Y operó “al menos en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023”. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI. Ante el juez, él ha negado cualquier irregularidad. Ha sido preguntado por cantidades facturadas que los investigadores sospechan que pueden ser comisiones por presuntos amaños y él lo ha negado.

La 'intermediación'

La operación de mayor volumen que está bajo sospecha es el rescate por parte de la SEPI de la empresa vasca Tubos Reunidos, que recibió un préstamo participativo de 112,8 millones en 2021. Una ayuda que la compañía debe devolver, como tarde, en 2028, según informa Elena Herrera. La tesis de los investigadores es que el grupo llevó a cabo labores de “intermediación” que “podrían haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda”. Y que cobraron por ello 114.950 euros.

Fuentes de la compañía Tubos Reunidos admiten que la sociedad ha mantenido un “contrato de asesoramiento con cantidades estándar hasta hace unos meses” con Vicente Fernández, si bien afirman que no han tenido colaboración alguna ni con Leire Díez ni con Antxon Alonso. Estas mismas fuentes apuntan que el juzgado de la Audiencia Nacional hizo una solicitud de información sobre ese contrato y que la empresa ha puesto a disposición de las autoridades, de forma inmediata, toda la documentación que obraba en su poder, informa Iker Rioja.

Contratos bajo sospecha

En los otros cuatro contratos, la licitación corresponde a la gestora de los mercados centrales de abastecimientos, Mercasa, 18.119,75 euros; la empresa pública del sector nuclear, Enusa, 17.545 euros; el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), 2,8 millones de euros; y Sepides, la sociedad pública dedicada a la promoción industrial y el desarrollo empresarial, 17,3 millones de euros, según los datos recogidos por elDiario.es.

Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo, resultó adjudicataria del contrato de 18.119,75 euros por parte de Mercasa. La licitación estaba relacionada con la pretensión de un cambio de sede de la empresa pública. Servinabar fue contratada para realizar “un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa” cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede. Los investigadores creen que es un contrato mendaz porque no era necesario.

En el foco de la UCO

Durante la comparecencia, la abogada de Leire Díez afirmó que su clienta no iba a declarar porque no había tenido acceso a los datos esenciales de las actuaciones. La causa sigue bajo secreto, por lo que las defensas no han podido examinar los indicios que presuntamente les incriminan. El expresidente de la SEPI fue preguntado por cantidades facturadas que los investigadores sospechan que pueden ser comisiones por presuntos amaños y él lo negó.

La investigación apunta a uno de los centros neurálgicos del uso de dinero público en la administración central: las empresas de propiedad estatal. En el epicentro aparece la SEPI, el holding público que administra y coordina todas las empresas públicas estratégicas o con participación del Estado.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en las oficinas de la SEPI y reclamaron documentación. Otras cinco empresas públicas participadas por el holding público también fueron objeto de requerimientos de información. Según informó EFE, se trata de Correos, Mercasa, Cofivacasa (cuyo objeto principal es la liquidación de sociedades y la administración de patrimonios) y Enusa, donde los agentes sí llevaron a cabo un registro.