Nueva concentración de apoyo a 'las seis de La Suiza' ante su ingreso en prisión: “Facer sindicalismu nun ye delito”

Varios centenares de personas han participado este jueves en la concentración de apoyo a las seis sindicalistas vinculadas a la CNT que fueron condenadas a tres años y medio de cárcel por coacciones al propietario de la pastelería La Suiza de Gijón para pedir que no se les aplique la pena privativa de libertad.

Las condenadas, conocidas como “las seis de La Suiza”, deberán entrar en prisión en los próximos días, al no prosperar la petición de suspensión de la pena de las defensas, a las que se había sumado también la Fiscalía y que fue rechazada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, que las procesó en primera instancia.

Los manifestantes se concentraron a partir de las 19:00 horas en la Plaza Mayor en torno a una gran pancarta colocada en el suelo con la leyenda “Facer sindicalismu nun ye delito” y lanzaron consignas como “compañeras no estáis solas”.

Los organizadores de la protesta leyeron un comunicado en el cual calificaron la sentencia judicial de “injusta y totalmente desproporcionada” con la intención de “hacer realidad un castigo ejemplarizante para todo el sindicalismo y para toda la sociedad”

“Se trata de hacer que el miedo a la condena judicial desactive la lucha sindical porque quieren que se sepa que cualquiera puede acabar en prisión si se le ocurre exigir sus derechos, pedir la negociación de un conflicto o realizar una protesta, aunque estas acciones sean absolutamente legítimas”, añade el texto.

Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una empleada se presentó en La Suiza y mantuvo un altercado con el empresario que culminó con la denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.

A raíz de la apertura del juicio oral contra su pareja, la empleada dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una “campaña de presión sobre el empleador y su familia”.

Las concentraciones delante del establecimiento terminaron cuando el empleador decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue “la consecuencia directa de la presión constante, reiterada y desproporcionada contra el empresario por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados”.