Cantabria impedirá el corte de los suministros básicos a las familias sin recursos
El Plan de Emergencia Social de Cantabria sigue ahondando en la respuesta de las administraciones a la situación de crisis económica que vive un buen número de familias. Según los datos que maneja el Ejecutivo autonómico, hasta 20.000 hogares -unas 50.000 personas- no pueden permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada por falta de recursos, lo que tradicionalmente se conoce como pobreza energética, por lo que el Gobierno asumirá a partir de ahora el pago de los recibos de luz y gas, hasta un máximo de 1.000 euros, e impedirá el corte de los suministros básicos a los ciudadanos que acrediten estas necesidades.
El convenio suscrito este lunes por la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos con cinco empresas suministradoras -Viesgo, Endesa, Gas Natural Fenosa, EdP e Iberdrola- y la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) permitirá aplazar las facturas en los casos que señale la administración y ofrecerá unas ayudas que son compatibles con las que ya promueven otros organismos públicos.
Serán los Servicios Sociales municipales los que determinen en qué casos no se cortará el suministro por impago, mediante un informe social acreditativo de la situación de emergencia social que vive la familia afectada y que enviarán a las compañías suministradoras para evitar el corte, en un proceso que durará solo unos días. Después, el Gobierno de Cantabria se hará cargo del importe de los recibos atrasados hasta un máximo de 1.000 por unidad familiar.
Los recursos para afrontar los gastos de estas facturas se cubrirán con parte del Fondo Extraordinario de Suministros Básicos, dotado con dos millones de euros, que el Gobierno de Cantabria está acabando de tramitar. Será cuando finalmente se acabe con este proceso cuando las solicitudes podrán comenzar a solicitarse y, según Díaz Tezanos, “serán resueltas en unos días”.
Para acceder a las ayudas de hasta 1.000 euros para el pago de las facturas de luz y gas, los ingresos mensuales no podrán superar los 666 euros (1,25 veces del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en el caso de familias de un solo miembro, mientras que los ingresos permitidos aumentarán en un 30 por ciento para dos miembros, en un 20 por ciento para el tercero, y así sucesivamente.
Compromisos de las suministradoras
En el convenio suscrito, las empresas suministradoras se comprometen a facilitar el pago de las facturas pendientes por el suministro efectuado a los beneficiarios de las ayudas “sin que pueda aplicarse ningún interés de demora, comisión o similar, a excepción de los gastos de reconexión exigidos por la distribuidora”.
Además, estas compañías se comprometen a, una vez recibida la comunicación de la valoración técnica favorable a la concesión de la ayuda, paralizar el proceso de suspensión del suministro por impago mientras se gestiona la concesión de la prestación económica destinada al pago de las facturas energéticas adeudadas “y siempre que este pago tenga lugar dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación de la valoración técnica favorable”.
En el caso de que ya se hubiera producido el corte de suministros, la empresa suministradora solicitará “de inmediato” a la empresa distribuidora su reposición, que se producirá normalmente en 24 horas. También, las empresas proporcionarán programas de auditorías energéticas en domicilios vulnerables o formación en la mejor gestión doméstica de los suministros en estos, así como formación al personal de los Servicios Sociales de los ayuntamientos cuando les sea solicitado.
Díaz Tezanos, que es también la consejera de Política Social, ha opinado que la firma de este convenio es una “buena noticia para las familias cántabras” y ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para que se adhieran al mismo. Por su parte, el presidente de la FMC, Pablo Diestro, ha destacado la importancia del acuerdo para “ayudar a las personas que los están pasando mal” y la implicación de las empresas, al tiempo que ha subrayado que el Gobierno está cumpliendo su compromiso de “no recortar ni un euro de los fondos destinados a los Servicios Sociales”.
