La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de inhabilitación para el alcalde de Ribamontán al Monte

La fiscal de la causa contra el alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), acusado de actuaciones y pagos irregulares entre 2026 y 2018, ha mantenido su petición de condena a quince años de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, al considerar que cometió “hechos arbitrarios” y “a sabiendas” de ello.

El regionalista, sentado en el banquillo a raíz de una querella de su antecesor en el cargo, José Luis Blanco Fomperosa (PP) -que reclama la misma pena que el ministerio público-, ha defendido que actuó siempre bajo el asesoramiento de la letrada del Ayuntamiento y por eso levantó los reparos de la secretaria municipal.

“Igual no tengo muy claro cuáles son las funciones de la secretaria, por eso no di ni un solo paso sin que la letrada me asesorara, a mí y a mi equipo”. Hijo y sobrino de funcionarios, ha esgrimido además que le “enseñaron a respetar la función pública en casa”, y a “trabajar con todos” y a “gobernar para todos”.

Lo ha expresado así durante el ejercicio del derecho a la última palabra en el juicio celebrado contra él esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria y que ha quedado visto para sentencia este viernes.

En la última jornada de la vista oral, las partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales -también la defensa, que reclama la libre absolución e incluso la nulidad de las actuaciones, algo sobre lo que resolverá la Sala al dictar su resolución-.

En su alegato final ante el tribunal, Arco -ingeniero industrial en la especialidad de electricidad y que en 2015 arrebató la Alcaldía al 'popular' por un voto de diferencia- ha manifestado que conoce el papel de los funcionarios, pues lo son sus padres y sus tíos, y ha añadido que al ser nieto de ganaderos sabe también y desde pequeño lo que es cerrar un trato con un apretón de manos, como se acostumbra a hacer en las ferias.

Además, ha negado que haya actuado con “oscurantismo”, como en la decisión que adoptaron nada más empezar a dirigir el Consistorio de grabar los plenos, y que basaron precisamente en criterios de “transparencia” y acordaron hacer “por el pueblo”.

Arbitrariedad a sabiendas

La Fiscalía imputa a Joaquín Arco actuaciones no acordes a la legalidad, al considerar que las realizó tras levantar reparos de la secretaria sin justificación jurídica. Están relacionadas con el traslado de la encargada de un telecentro a dependencias del Ayuntamiento, su contratación como auxiliar administrativo y el pago de las nóminas; la contratación de un arquitecto sin expediente y tras finalizar el contrato menor; el abono de tres facturas con la oposición de la interventora; o la contratación para el mantenimiento informático.

Estos hechos, repartidos en seis expedientes, implicaron el pago de facturas por importe cercano a los 20.000 euros, según la acusación pública, que considera lo ocurrido un delito continuado de prevaricación administrativa. Y es que entiende que el alcalde, que como tal tenía la “obligación” de conocer las funciones de la secretaria y de someterse “siempre” a la ley, incurrió en “arbitrariedad” al levantar sus reparos de ilegalidad sin “justificación jurídica”, es decir, “a sabiendas de que dictaba resoluciones de manera arbitraria”.

La fiscal ha pedido una sentencia condenatoria al entender “suficientemente probado” la comisión del delito de prevaricación y ha rechazado que se tengan en cuenta “muchos” hechos que se han puesto de manifiesto durante las testificales y que ha tildado de “accesorios”.

Considera que esos testimonios se caracterizan por la “subjetividad” ya que se basan en “sensaciones”, como las declaraciones de quienes han atribuido la denuncia que dio pie al procedimiento judicial a “malas relaciones” o “animadversión” entre la abogada y la secretaria del Ayuntamiento, y que son cuestiones que “no tienen nada que ver con esta causa”.

Por su parte, la acusación particular -que no ve “soporte legal” para la nulidad de las actuaciones planteada por la defensa al inicio de la vista oral ni aprecia tampoco dilaciones indebidas- ha coincidido en que aunque el investigado y sus testigos han dicho en el juicio -no en fase de instrucción- y en “innumerables” ocasiones además que contaban con asesoramiento legal y jurídico “constante”, es algo que no aparece reflejado en los expedientes ni tampoco en las intervenciones del alcalde en los plenos.

Así, no tienen constancia de ese “asesoramiento”, salvo en el caso de la movilidad laboral de la trabajadora, por lo que el representante del exalcalde del PP ha opinado que las declaraciones en la vista oral solo constituyen una “estrategia de defensa”, cuando en realidad -ha aseverado- los reparos se levantaban “sin criterio ni justificación”.

Pero, como ha abundado este abogado, “los fines no permiten justificar los medios y saltarse la ley, como se ha hecho y de forma escandalosa” además en el caso del regidor regionalista, que optó por “apatar los controles” para tomar decisiones administrativas “en perjuicio del Ayuntamiento”.

Sin embargo, la defensa de Joaquín Arco -que ha precisado que no ha planteado la anulación de las actuaciones como “una amnistía general” y que sí ve dilaciones indebidas en una causa iniciada hace ocho años- ha sostenido que la secretaria podía decir “misa cantada”, pero “no es el Papa” ni tampoco “infalible”. “Estaba equivocada”, ha remachado, para contrastar los argumentos de la funcionaria con los de la letrada y una perito.

Tras señalar que “ni siquiera una resolución ilegal se convierte en prevaricación” si no hay arbitrariedad, ha afirmado que “todas” las acciones objeto de este pleito “son ajustadas a derecho” y “ninguna contraria” a la ley, y ha añadido al respecto que el regidor no las ha llevado a cabo, por tanto y según ha expresado, “por sus bemoles”.

Por último, ha deslizado que hay “motivación política” en la querella, que ha tildado de “personal” y que estaba orientada a “beneficiar” al PP. En este sentido, ha explicado que se interpuso “meses antes” de las elecciones de 2019 -que el 'popular' no ganó en Ribamontán al Monte, ya que el regionalista obtuvo mayoría absoluta con nueve de once concejales-, pero sí “sirvió” al 'popular' para ponerse al frente de la Ciudad del Transporte.

A su juicio, José Luis Blanco Fomperosa “se estaba buscando la vida” con una denuncia con la que ha tratado de “arruinar la vida” a Joaquín Arco, que se enfrenta a quince años de inhabilitación y, por tanto, en caso ser condenado, a la pérdida del cargo que ostenta al frente del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte.