Las plataformas contra los parques eólicos comienzan con los contenciosos judiciales para paralizar los proyectos

El Fondo Jurídico para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica del que forma parte la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos ha comenzado con la actividad jurídica y técnica contra tres parques eólicos en Galicia. Estos son Bustelo, Monte Toural y Campelo en Galicia son los primeros contencioso-administrativos que se presentan a cargo del FDJCC, a los que seguirá el proyecto de El Escudo en Cantabria.

En este caso han sido la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), en representación de todas las entidades promotoras del Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica (FDJCC), quienes presentaron ayer tres recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) contra la aprobación por parte de la Xunta de Galicia de otros tantos parques eólicos promovidos por Greenalia, empresa de cuyo Consejo de Administración forma parte la ex-Conselleira de Medio Ambiente de Galicia, Beatriz Mato.

El financiamiento de los tres procesos judiciales se hará con cargo al Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica y de sus entidades promotoras (ADEGA, PDCC, Sociedade Galega de Ornitoloxía, Mesa Eólica de Las Merindades de Burgos, Bierzo Aire Limpio y la Plataforma para la defensa de los Valles Pasiegos). Se trata de las primeras iniciativas judiciales relativas a proyectos concretos que se promueven a través de este Fondo, que recaudó el pasado año (en un tiempo récord) más de 49.000 € a través de una plataforma de micromecenazgo o “crowfunding”, superando el objetivo inicial de 40.000€.

Uno de los principales objetivos del FDJCC es el de promover acciones legales en el ámbito judicial europeo, estatal y autonómico ejemplarizantes, que contribuyan a defender la sociedad y el medio ambiente de todos los territorios que forman parte de la Cordillera Cantábrica, frente a la actual avalancha de megaproyectos de energía eólica.

Entre los argumentos jurídicos que fundamentan la presentación de estos recursos contencioso-administrativos esta la existencia de una clara fragmentación artificial de una única instalación o central eólica en tres proyectos. Esto es algo que ya ha denunciado reiteradamente la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos para proyectos en tramitación en Cantabria, como es el caso del conjunto Garma Blanca, Ribota, Amaranta, Quebraduras, los proyectos denominados como Aguayo o el caso de Bustafrades-Alsa.

El despiece de un mismo proyecto en varias partes pretende hurtar una correcta evaluación ambiental al ignorar los efectos sinérgicos de las instalaciones sobre los hábitats, especies, paisajes, servicios ecosistémicos... Es una maniobra fraudulenta de la que es cómplice la administración y que perjudica el interés público e, incluso los intereses particulares: se fragmenta también la posible oposición y se lesiona el ejercicio de los derechos ciudadanos de información y participación pública, perjudicando el interés general y a los particulares que ven mermada su capacidad de respuesta y negociación con la promotora.

Además en la página web del fondo detallan los 433 complejos eólicos existentes (8410 aerogeneradores) a los que habría que sumar los 380 proyectos en tramitación que cuenta con 3986 turbinas de nueva generación, con mayor impacto sobre la biodiversidad y el paisaje por su gran tamaño y la necesidad de grandes infraestructuras asociadas, como líneas eléctricas y pistas de acceso. También están trabajando en una base de conocimiento general con recursos y normativa, así como un formulario a través del que intentar atender a consultas de otros colectivos y asociaciones.

Recientemente la Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos denunciaba que tanto la Delegación del Gobierno en Cantabria como la Dirección General de Industria, Energía y Minas de Cantabria negaban a la plataforma su personación en todos los proyectos eólicos a los que esta ha presentado alegaciones argumentando que no han pasado dos años desde su constitución. Desde la plataforma indican que recurrirán este hecho porque es otra demostración más de las dificultades que se pone a la participación de las personas directamente afectadas por estos polígonos eólicos, pero que de cualquier modo tiene cubierto el continuar en todos los procesos con la personación realizada por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica o por la propia Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA).