El PP aprueba una ley de control ambiental en Cantabria que reduce trámites mediante la declaración responsable

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de control ambiental que reduce trámites mediante la introducción de la declaración responsable, una herramienta a la que también se ha recurrido en la polémica Ley de Simplificación Administrativa que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP) ha logrado sacar adelante recientemente gracias al respaldo de la extrema derecha de Vox.

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media (PP), ha anunciado en rueda de prensa la aprobación de este proyecto de ley en el Consejo de Gobierno y ha explicado que tiene como objetivo dinamizar “proyectos estancados”, reducir burocracia -“plazos superflúos”- y “reforzar el control ante posibles incumplimientos”.

Y es que se incorpora como principal novedad la declaración responsable para “proyectos de menor envergadura”, según ha precisado. “Es un cambio de modelo que supone un giro de 180 grados”, ha dicho. Esta herramienta, según el consejero, permitirá acortar tiempos en procedimientos que “llevan años paralizados, tanto en manos del sector público como del privado”.

De esta forma, se podrá poner en marcha la actividad presentando la declaración responsable y posteriormente la Administración -Gobierno o Ayuntamiento afectado- “comprobará que está todo en regla”. Media ha asegurado que la norma contempla “medidas cautelares o la suspensión definitiva de la actividad”. “Habrá una vigilancia continúa desde la Administración”, ha resaltado, por lo que, a su juicio, “se pondrá especial énfasis en las actividades de inspección”.

En este sentido, según ha anunciado, se refuerza el sistema de vigilancia con la creación de una unidad específica de Inspección, que ya cuenta con cuatro inspectores incorporados. Además, se endurecen las sanciones para quienes incumplan la normativa. Las multas van desde los 200 euros hasta los 500.000 euros, y se abre la puerta a la inhabilitación de funcionarios responsables si se demuestra negligencia o falsedad.

“Que lo sepa la gente, ya somos mayorcitos, si mienten habrá multas e inhabilitación”, ha resaltado Media, quien ha querido dejar claro que esta norma, que sustituirá a la actual, de 2006, “ya está obsoleta”, “mantiene todas las garantías medioambientales que tiene que exigir la Administración”.

“No podemos permitirnos perder inversiones por contar con una normativa obsoleta, la Administración tiene que ser un ente amable, siendo muy sensibles con los espacios naturales. Esta ley tiene clara vocación de simplificación administrativa”, ha expresado el consejero.

Los proyectos más grandes que no se puedan acoger a la figura administrativa de la declaración responsable tendrán que superar un informe “preceptivo y vinculante” de comprobación ambiental que emite la Dirección General de Medio Ambiente. Como ejemplo de ello, Media ha señalado que una explotación ganadera con menos de 100 cabezas de ganado podrá acogerse a la declaración responsable, mientras que si supera esa cifra, requerirá de informe.

El objetivo de esta nueva norma, según Media, es “facilitar los trámites a las empresas y reducir la carga administrativa” a los funcionarios del Gobierno y a los ayuntamientos. Y es que tanto la declaración ambiental como el informe de la Dirección General sustituyen a la Comisión de Control Ambiental, un órgano administrativo que debía reunirse y emitir un informe que podía “demorarse meses”. Ahora este órgano, con esta ley, queda suprimido.

Finalmente, el titular de Medio Ambiente ha asegurado que espera remitir este mismo miércoles el texto al Parlamento y ha tendido la mano a todas las fuerzas políticas para sacarlo adelante “lo antes posible”.