Ocho asignaturas pendientes que tiene el nuevo Gobierno con Castilla-La Mancha

Con la llegada del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos a nivel estatal, comienzan también a tomar cuerpo, de nuevo, algunas de las cuestiones que desde el Ejecutivo castellanomanchego consideran más importantes y urgentes. Desde la deuda en Dependencia, asociada a la siempre polémica financiación autonómica, hasta el estado del ferrocarril de Madrid a Talavera de la Reina, se trata de políticas que llevan paralizadas durante años o incluso décadas. Primero, por los sucesivos gobiernos del PP y posteriormente por una interinidad ejecutiva que ha hecho que muchas de ellas sean asignaturas pendientes “históricas”. Aquí las repasamos:

1. Financiación autonómica: una deuda millonaria

Conforme han ido pasando los años sin que se renueve el complejo modelo de financiación de las comunidades autónomas, algunas cuestiones referentes a Castilla-La Mancha no solo no han quedado en el olvido, sino que se han vuelto más graves. La más urgente y destacada por parte del Gobierno regional es la deuda que el Estado mantiene con la región en políticas de Dependencia, es decir, todo el dinero que la comunidad autónoma ha dejado de ingresar desde 2012 y que cifra en más de 500 millones de euros.

Con ello, el Ejecutivo central no solo incumple la Ley de Dependencia (financiación al 50% entre Estado y autonomías) sino que ha agravado los límites de financiación con cargo a los Presupuestos regionales. En una reciente entrevista con eldiarioclm.es, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, destacaba que las autonomías estaban ya “ahogadas” en la gestión de estas políticas.

2. La despoblación que no cesa

Al margen de las políticas de Dependencia, fundamentales en Castilla-La Mancha por el nivel de envejecimiento de su población, la financiación autonómica también está ahora vinculada al denominado “reto demográfico”. Desde el Ejecutivo regional están pendientes de los mecanismos que el nuevo Gobierno llevará a cabo para luchar contra la despoblación, y que sirvan de complemento a los que ya impulsa el Ejecutivo de Emiliano García-Page.

Hasta ahora, la Junta ha trabajado en solitario, pero ha pedido en varias ocasiones algunas medidas como que el Estado se encargue de financiar algunos de los servicios públicos de zonas despobladas, donde la población sigue cayendo en picado.

3. Trasvase Tajo-Segura: ¿habrá voto castellanomanchego?

Este es uno de los problemas históricos de la región. De hecho, procede de la dictadura franquista, cuando se construyó el acueducto, y de unas normas de explotación que proceden de los años 80 y que no han sido renovadas. Casi cuatro décadas lleva Castilla-La Mancha pidiendo el cierre de esta infraestructura. Ahora, hay una sentencia del Tribunal Supremo que debe cumplirse sobre los caudales ecológicos del río Tajo, un compromiso firmado del Gobierno central en funciones para garantizar el abastecimiento de los pueblos de los pantanos de cabecera, Entrepeñas y Buendía, y una Comisión de Explotación en el Ministerio de Transición Ecológica que cuenta por primera vez con representación castellanomanchega mediante la Mancomunidad de Aguas de estos municipios ribereños.

En ese órgano solo tienen voz, pero no voto. Es decir, el vocal de este colectivo acude de mero oyente mientras los trasvases se siguen sucediendo. En el Gobierno también quieren tener voto y es algo que no solo han pedido al Gobierno central sino que también buscan desarrollar mediante su propia Ley regional de Aguas, actualmente en proceso de consulta previa.

A la larga, el horizonte es que las derivaciones de agua a Levante terminen o, en su defecto, que solo sean para consumo humano como la correspondiente al mes de diciembre. Si el futuro Ministerio no toma esta medida, expertos y gobierno castellanomanchego auguran que será el propio cambio climático el que haga imposible seguir trasvasando en unos años.

4. El carpetazo definitivo al basurero nuclear   

Nueve años han pasado desde que la localidad conquense de Villar de Cañas fue elegida para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. Desde entonces, la oposición del Gobierno regional y de los colectivos ecologistas ha sido continua -con el paréntesis del Ejecutivo de María Dolores de Cospedal- y el Ministerio de Transición Ecológica paralizó el proyecto, vinculando su futuro a la espera del nuevo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, que tiene que renovarse.

Nada se construye, ninguna obra se licita ya para el basurero nuclear, pero tampoco se ha dado su carpetazo definitivo. Al margen de la batalla judicial que la Junta de Castilla-La Mancha inició para la protección medioambiental y agrícola de zonas colindantes como la Laguna del Hito, y evitar así la construcción del ATC, lo cierto es que es el Gobierno central quien debe tomar la decisión final. Será entonces cuando otros proyectos alternativos en la zona, relacionados con las energías renovables, puedan ver empezar a ver la luz.   

5. El ferrocarril Madrid-Talavera: el AVE que no llega

Trenes averiados y parados, retrasos diarios, vías en mal estado, “velocidad de carruaje”: son solo algunas de las quejas que los usuarios del tren convencional entre Madrid y Talavera de la Reina han tenido que sufrir durante muchos años. Unas cuantas manifestaciones masivas en la comarca y quejas colectivas prácticamente a diario hicieron falta para que Adif se pusiera manos a la obra y acometiera una serie de mejoras que todavía están en marcha pero que dejan asomar una cuestión más importante: la de las comunicaciones entre ciudades de Castilla-La Mancha.

Talavera de la Reina ha sido el caso más mediático porque en el trasfondo de la cuestión está el proyecto del Tren de Alta Velocidad (AVE) a Extremadura, con plazos continuamente dilatados en el tiempo. Pero hay también otros temas de comunicaciones por carretera que están parcialmente en manos del futuro Gobierno.

6. Las autovías prometidas  

El pasado mes de abril, durante la campaña electoral autonómica, Emiliano García-Page aseguró que iba a exigir al próximo Gobierno central que desarrollase la autovía de La Alcarria -entre Tarancón y Guadalajara-, tal y como se comprometió en 2005 cuando la titular del Ministerio de Fomento era Magdalena Álvarez, a cambio de ejecutar las obras de conexión por vía de alta capacidad entre Cuenca y Albacete, mediante la autovía del Júcar. 

Además, otra de las exigencias históricas en materia de infraestructuras al Estado es la finalización de la A-32 entre Linares y Albacete. En concreto, el proyecto de esta autovía parte del desdoblamiento de la actual N-322. La A-32 tiene su inicio en el punto kilométrico 2 de la A-44, que se encuentra ubicado en término de la ciudad de Bailén. Actualmente, también están en servicio los tramos de Linares-Ibros e Ibros-Úbeda. Sin embargo, el resto de los tramos que discurren por la provincia de Jaén y de Albacete se encuentran paralizados en unos casos, con las obras adjudicadas pero sin comenzar en otros, y otros tantos con los proyectos aún sin haberse adjudicado. La Circunvalación de Albacete también forma parte de la A-32 y está en ejecución.

7. El ingreso mínimo: ¿una renta estatal o autonómica? 

No depende enteramente del Estado desarrollar una renta mínima para personas en situación de pobreza o exclusión social. De hecho, Castilla-La Mancha dispone de un Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) que viene a cumplir esta función pero que el propio Gobierno regional ya calificó de insuficiente. Pero actualmente, el proyecto de Ley de Garantía de Ingresos que el Gobierno de García-Page pactó con Podemos en la anterior legislatura está paralizado precisamente a la espera de que sea el Ejecutivo de Pedro Sánchez quien regule un ingreso mínimo estatal.

Este compromiso está incluido tanto en el programa electoral del PSOE como en el de Podemos (ahora en el nuevo Gobierno de coalición) y en el Ejecutivo castellanomanchego están a la espera de ver su desarrollo normativo para decidir sobre la normativa que quedó en ‘stand by’ en esta comunidad autónoma.

8. La Política Agraria Común, del desarrollo rural al relevo generacional

Por último, el nuevo Gobierno tendrá que lidiar también la reforma de la PAC con el reto de mantener un presupuesto suficiente, al menos de los últimos años, ya que las últimas propuestas de la Comisión Europea apuntar a reducir en un 3,5% las ayudas del primer pilar -pagos directos y medidas de mercado- y en un 14,5% las del segundo pilar -planes de desarrollo rural.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, tras mantener reuniones con los distintos agentes implicados, defiende una nueva PAC donde se tenga en cuenta al agricultor profesional y que apoye a los que viven de la actividad agraria, que fomente el relevo generacional, que apueste por un modelo de agricultura familiar, por la sostenibilidad y que preste atención a la perspectiva de género. Entre otras cosas, la región propone un modelo de apoyos al sector agrario, desvinculados de derechos históricos y orientado hacia un en el que las ayudas por hectárea sean iguales para el mismo cultivo en todos las Comunidades Autónomas.