Dos entidades gestoras de centros de menores tendrán que pagar más de 3.000 euros a sus trabajadores, según CCOO
La sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado las demandas por conflicto colectivo presentadas por CCOO contra dos entidades gestoras de centros y hogares de menores de la región, que llevan “desde enero de 2019” sin pagar a sus plantillas el complemento específico establecido en el artículo 66 del convenio colectivo de aplicación.
El sindicato señala que así se “reconoce el derecho de las y los trabajadores de la Asociación Colabora y de la Asociación para la Integración del Menor Paideia” a percibir el mencionado complemento específico, que asciende a 50 euros/mes (14 pagas) en 2019; a 75 en 2020 y a 110 en 2021.
Ambas entidades cuentan con “varios centros de menores” en varias provincias de la región, cuyos costes se sufragan “íntegramente” con las subvenciones públicas otorgadas por la consejería de Bienestar Social, según señala la organización en base a la sentencia.
CCOO describe que Colabora recibió para este fin 3.698.909,56 euros y Paideia, 3.449.327,54 de euros. Al año siguiente, en 2019, Colabora recibió 172.429,14 euros más, un 4,66%, hasta los 3.879.338,70 euros, mientras que Paideia tuvo un incremento de 119.662,01 euros, 3,45%, hasta los 3.579.989,55 euros.
“Tanto la solicitud como la concesión y abono de las subvenciones otorgadas a Colabora y Paideia para el ejercicio 2019 son posteriores a la entrada en vigor del convenio colectivo estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, publicado en el BOE en noviembre de 2018 y con vigencia desde el 1 de enero de 2019”, aclaran desde el sindicato.
“Requisito ineludible”
CCOO asegura que es un “requisito ineludible” para el cumplimiento del convenio colectivo el haber incluido en el cálculo de los costes salariales, tanto el incremento del salario base como el de antigüedad, pactado en 2019, que fue del 0,5%, como la repercusión del complemento específico. De hecho, en la sentencia se señala que así se explica el “incremento relevante del montante de las subvenciones del año 2019 en relación al 2018”, aseguran desde CCOO. Sin embargo, en la sentencia también se afirma que “no existe rastro” que pruebe los cambios, ya que se justificaron con “afirmaciones genéricas”.
“Correspondería a la normal diligencia de un ordenado empleador prever las implicaciones de sus obligaciones laborales a los efectos de garantizarlas en beneficio de sus trabajadores. Que las empresas hubieran omitido realizar los oportunos cálculos para incluir las mejoras salariales no afectaría en nada el derecho de los trabajadores para reclamarlas”, recalcan desde la sentencia, contra la que cabe recurso de casación.
En total, más de 300 personas tienen derecho a cobrar “700 euros de complemento específico correspondientes a 2019 que sus empresas no les abonaron, así como deberán cobrar en 2020 otros 1.050 euros, y 1.540 en 2021”. “Esta sentencia viene a hacer justicia a centenares de profesionales que siempre han puesto todo de su parte, más aún en estos tiempos de pandemia; y eso a pesar de que sus empresas vulneraban todos los meses un derecho tan fundamental de cualquier trabajador como es el salario”, señala Antonio Romero, responsable de Privada de CCOO-Enseñanza.
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