La 'autoevaluación' del pacto PP-Ciudadanos en Castilla y León: promesas que no avanzan y un Gobierno que defiende su cumplimiento

La Junta de Castilla y León publica semanalmente la evaluación del cumplimiento del pacto rubricado entre el Partido Popular y Ciudadanos para gobernar en la Comunidad. Fue un acuerdo de 100 medidas muy generales que carecían de concreción y que se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19, que comenzó en marzo del año pasado. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, salían a la palestra después de la moción de censura del PSOE y del terremoto político en Murcia y Madrid.

Francisco Igea aseguraba que el pacto se está cumpliendo “a la perfección”. La Junta tiene, salvo que triunfe la moción de censura del PSOE, hasta 2023 para ejecutar todas las medidas previstas y, de momento, ninguna se ha cumplido al 100%. Aunque algunos puntos del acuerdo se están tramitando, otros se han quedado en reuniones, peticiones o están pendientes de avanzar en las Cortes.

La 'autoevaluación' que publica la Junta reconoce que hay puntos del acuerdo que están “comprometidos”, pero de los que no se ha vuelto a saber nada. ¿Un ejemplo? Un 'sistema de acceso a la función pública docente acorde con la situación actual de la Educación'. Quedó comprometido en comparecencia en septiembre de 2019, pero en el documento no hay actualización después de eso. Ninguno de los 100 puntos se ha dado por 'finalizado'.

Un punto del acuerdo aparece como 'cumplido', a pesar de que ni siquiera este se ha terminado de ejecutar: es la limitación de los puestos de altos cargos de la Junta y alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes durante más de ocho años. Este cambio se abordará en la modificación de los estatutos de Altos Cargos, que se prevé aprobar en el último trimestre de 2021. Tampoco se ha suprimido el aforamiento de los procuradores de las Cortes ni de los miembros de la Junta, aunque sí se aprobó en mayo de 2020 el endurecimiento del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos, que prohíbe los regalos como invitaciones, comidas o entradas a espectáculos.

Solo ha habido reuniones o las medidas están pendiente de las Cortes

El trámite de determinados puntos del acuerdo de gobernabilidad es largo, pero va avanzando: todavía no se ha terminado de tramitar más de una decena de puntos, como la Ley LGTBI, la de los derechos del final de la vida o la Ley del Tercer Sector. Sin embargo, en otros aspectos apenas se ha avanzado: de la libre elección del hospital solo se mencionan unas reuniones antes de la pandemia; ídem para el estudio de la reversión de la concesión del Hospital de Burgos (HUBU).

Las Cortes de Castilla y León es otro de los órganos en los que se atascan algunos puntos del acuerdo entre PP y Ciudadanos: la evaluación de los proyectos de infraestructuras o la penalización en los concursos de obra pública por deficiencias en trabajos anteriores son solo dos de esos puntos. El reglamento de las Cortes sigue igual, y la apertura de una oficina de captación y retorno del talento fue un compromiso que quedó en eso, de momento.

También se han despachado 'fácilmente' algunos puntos del pacto muy generales, como la defensa de la PAC o la creación de un grupo de trabajo sobre despoblación. Otros están en estudio, como algunas reducciones fiscales, la integración de sanitarios de área a equipos de Atención Primaria. En el caso de la violencia machista, Castilla y León se proponía ofrecer un alojamiento alternativo para todas las víctimas. La última noticia al respecto es de 2019: “Atendiendo demanda actual y evaluando necesidades”.

La pandemia de COVID-19 ha obligado a paralizar o suspender algunos de estos trabajos relativos, principalmente, al turismo y su potenciación. La bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones era otro de los puntos, que ha quedado en stand by en aplicación del pacto de la reconstrucción que firmó la Junta con el PSOE y Podemos-Equo.

La Justicia juega un papel importante en el cumplimiento de algunos puntos del acuerdo. Mañueco e Igea se comprometieron a restringir los puestos de trabajo de libre designación y proveerlos mediante concurso, pero están “pendientes” de las sentencias relativas a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Castilla y León desde septiembre de 2019. Un año más tarde, la Junta inició el proceso para elaborar esta nueva RPT, pero no aparece en esta 'autoevaluación'. Además, se utilizan obligaciones legales de la Junta –como la elaboración de un Plan de Calidad del Aire por ozono– como avances para la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

Seguimiento de las principales actuaciones

Además de esta 'autoevaluación', la Junta de Castilla y León hace un seguimiento de las principales actuaciones que se han planteado de momento: hay 92 medidas pendientes, 65 finalizadas, 174 en trámite y 234 en 'ejecución continua'. Entre las medidas finalizadas, destacan la reducción del plazo para reconocer el derecho a una prestación a la dependencia (3 meses), las Ofertas Públicas de Empleo o formaciones internas para la promoción y mejora de la gestión en materia de acceso a información pública.

Sin embargo, otras iniciativas continúan pendientes años después de haberse anunciado, como es la recuperación de las 35 horas semanales para los funcionarios -acordada por el anterior equipo de gobierno- o el certificado ContrátamE, que anunció el anterior consejero de Empleo, Germán Barrios, en septiembre de 2019, de la que ni siquiera se hacen observaciones.