El peso de la ley ha caído con todo su rigor sobre una administrativa de la Comisaría de Policía de La Bisbal. Lleva tres meses y medio apartada de su puesto de trabajo por cometer (presuntamente) unos hechos que son considerados graves. Y deben serlo, ya que aún no están probados y la medida cautelar que se le ha aplicado es infinitamente más severa que la que, por ejemplo, se ha impuesto a los ocho agentes acusados del homicidio de Juan Andrés Benítez en el Raval, que sólo estuvieron apartados de servicio durante un mes y 10 días. O la que ha recibido el subinspector condenado -subrayamos: condenado- por agredir a David Fernández, que ha sido ninguna.
“Por un delito de faltas sería absolutamente desproporcionado apartar a una persona que tiene una hoja de servicios positiva, no abriremos ningún expediente disciplinario ni le apartaremos de servicio”, afirmó categórico el conseller de Interior, Ramon Espadaler, al día siguiente de conocerse la sentencia que da la razón al diputado de la CUP.
Según me cuentan sus abogados, Esther Moreno y Juan Brugué, esta administrativa destinada en La Bisbal no ha matado a nadie -ni siquiera sin querer- ni tampoco ha golpeado violentamente a nadie. Pero cotilleó en las bases de datos policiales nombres de personas que no tenían que ver con su labor -un pariente, un vecino, cosas así-, hizo búsquedas por internet en horas de trabajo, no cambió inmediatamente su chaqueta de sitio cuando un sargento le pidió que lo hiciera, un día se excedió de los veinte minutos reglamentarios para tomar el café, y se cruzó miradas y quizás palabras ofensivas con un mosso de esa comisaría, con el que había mantenido una relación sentimental que, por supuesto, terminó mal. Y que es el origen de todo este vodevil.
Aplicando este rasero, si se examinara con lupa la conducta de todos y cada uno de los más de 150.000 funcionarios y empleados públicos de la Generalitat, en Cataluña seguramente no trabajarían ni los que se encargan de incoar los expedientes sancionadores. Pero insisto que todos estos hechos gravísimos que se le imputan a la administrativa son presuntos, ya que aún no se ha podido defender.
La suspensión cautelar de tres meses para el expediente administrativo finalizó el 3 de julio, e inmediatamente -es decir, ese mismo día- se le aplicó otra, esta vez indefinida, por una nueva acusación tampoco demostrada que para más inri no está vinculada a sus tareas profesionales, sino que pertenece a la esfera privada. En concreto, el mosso ex novio la acusa de haberle robado la contraseña de su perfil de facebook en el momento de la ruptura y de haberlo aprovechado para enviar mensajes obscenos e impropios de él, entre otros a la que hoy es la pareja de este policía, una concejal de un municipio cercano.
Guionistas de culebrones de sobremesa, tomen nota.
En las diligencias consta un larguísimo chat en el que el mosso le pregunta obsesivamente a la concejala si quiere follar, y ella le dice que no le gusta esta forma de hablar pero no lo envía a la porra hasta mucho después. En concreto, el larguísimo tira y afloja termina cuando él escribe: “¿no quieres q la vuelva a meter?”. Durante el chat hacen referencia a la noche anterior, que habían pasado juntos, y a cosas de las que habían hablado en ese y otros momentos, pero se supone que no era el mosso quien escribía todo eso sino su airada pareja, que no sólo habría descubierto el pastel sino los detalles sobre lo que habían hablado, y como venganza le habría usurpado la identidad virtual. Y además en tiempo récord, porque la concejala y la presunta usurpadora (o no) ¡hablan sobre la noche anterior!
Pero como la denuncia del mosso es por revelación de secretos, se considera que la administrativa no puede ocupar su puesto de trabajo hasta que se resuelva el caso, puesto que podría entorpecer el procedimiento.
Y, en fin, el asunto es mucho más enrevesado y lamentable, ya que arranca en el momento que ella descubre que él la está engañando, y así ella llama a la nueva -la concejala- para decirle que aquel macho ya tiene hembra, y entonces el agente se entera y se enfada y le dice cuatro animaladas, y ella le advierte que no la amenace, y luego aparece la concejala y le pone a ella una denuncia por amenazas, de la que será absuelta, y la administrativa después denuncia la concejala por denuncia falsa, que será archivada, y un día en la comisaría donde trabajan ambos el mosso y la administrativa se cruzan alguna mala mirada y él dice que ella le ha llamado “hijo de puta”, y ella que él le dijo “te voy a matar” y que llegó a desenfundar el arma reglamentaria, por lo que le denuncia por agresiones también con poco éxito, porque un compañero del agente declara que el seguro estaba desabrochado pero que no llegó a sacar la pistola de la funda.
Hay algún otro detalle interesante, como que a raíz del episodio de la pistola el agente declara en el juzgado que la administrativa estaba expedientada por mala trabajadora cuando eso aún no había ocurrido. Es decir, que este mosso tiene también dotes de adivino. Porque consecuencia de lo que él había afirmado en sede judicial, ella pide y obtiene un certificado de la administración según el cual su hoja de servicios está inmaculada, pero pocos días después le llega la notificación de que efectivamente se le ha incoado expediente disciplinario y queda suspendida de empleo.
El caso es que una riña sentimental -o semental- se ha acabado convirtiendo en un asunto oficial que ha tenido muy entretenidos a los servicios territoriales del departamento de Interior de Girona y en el que se ve a la legua cuál es la parte débil. La administrativa lleva tres meses proscrita y condenada al pacto del hambre (sólo cobra el salario base, de unos 500 euros al mes), y con la perspectiva de que hasta que no se resuelva el asunto penal-privado -el de la presunta usurpación del facebook- no se reanudará la tramitación del expediente disciplinario público -el de excederse con la hora del café y cotillear en las bases de datos-, mientras el mosso no ha sufrido ni un minuto de suspensión aunque estuviera acusado de sacar el arma y amenazar a una compañera.
Sostienen los abogados de la administrativa que estamos ante un caso de acoso laboral como una catedral. “Entendemos que la medida cautelar es desproporcionada respecto a otros casos, y en el momento que la vía penal y administrativa termine iniciaremos un procedimiento laboral por mobbing”, me explican. O sea que si nadie lo remedia el vía crucis de la administrativa va para largo y, muy probablemente, tendremos que seguir informando sobre los fenómenos paranormales que ocurren en la Comisaría de Policía de La Bisbal. Tal vez la próxima vez poniéndole nombres y apellidos.
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