Comienza el juicio por el bloqueo al Parlament: la acusación pide hasta 8 años de cárcel

Un grupo de manifestantes ante el cordón policial durante la protesta /EDU BAYER

El 15 de junio de 2011 tenía lugar un cambio de escenario del 15-M en Barcelona. Desde la acampada de la Plaza Catalunya se había convocado a la población bajo el lema "Aturem el Parlament" ("Paremos el Parlament") para evitar la aprobación de los primeros recortes del gobierno de CiU y un paquete de medidas –la ley Ómnibus– que modificaba 80 leyes de golpe. La respuesta fue masiva, con una acampada delante del Parque de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlament, desde la noche anterior. El protagonismo, sin embargo, recayó en los enfrentamientos con algunos diputados mientras accedían al recinto, y en miembros del Gobierno llegando al Parlament en helicóptero.

Ciro Morales: "No sucedió nada en 'Aturem el Parlament'. Ellos lo crearon todo con sus imágenes maniqueas"

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Esta semana, veinte manifestantes comparecerán ante la Audiencia Nacional para responder a las acusaciones que presentan la Fiscalía, el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la Generalitat y el Parlamento de Cataluña. Se enfrentan a penas de entre tres y ocho años de cárcel y multas de hasta 150.000 euros.

El juicio, que tendrá lugar los días 31 de marzo, 1, 2, 3 y 25 de abril y 5 de mayo, vuelve a dar relevancia a las protestas de 2011 en el actual contexto de movilización. "Los hechos ocurrieron hace tres años pero el juicio aparece en este contexto de represión, y diferentes colectivos quieren mostrar su apoyo tanto a esta acción como al movimiento 15-M en un contexto como el actual en que la represión es mucho mayor que la que había entonces, que ya había ", asegura la activista Sandra Ezquerra. Para ello se han organizado la manifestación de apoyo del pasado sábado en Barcelona, concentraciones en todo el Estado e incluso una campaña de crowdfunding para sufragar los gastos del juicio.

La protesta

"A mediados de 2011 se aprobaban los presupuestos más antisociales que hasta entonces había habido. Así como en España los primeros recortes más importantes fueron en 2012, allí aprobaban la Ley Ómnibus y unos presupuestos que recortaban en sanidad, educación, ayudas sociales, la renta mínima de inserción". Así explica Hiab Arbide, abogado, testigo en el juicio y una de las caras visibles del movimiento en ese momento, los motivos de la protesta.

Considera que había "por un lado unos datos objetivos en cuanto a lo que significaban los presupuestos y, por otra parte, unas formas de hacer que nos parecían intolerables". "Veníamos de una temporada de estar en la plaza y había un contraste enorme entre lo que era estar aplicando la democracia y autogobernarnos durante un mes ante el talante autoritario del primer gobierno Mas, de aplicarnos unos presupuestos en los que no habíamos podido participar", explica.

Por eso los indignados decidieron colectivamente en las asambleas de la Plaza Catalunya convocar a parar la actividad del Parlament con una concentración pacífica pero masiva delante del recinto. Sin embargo, la mañana comenzó con cargas policiales contra los acampados desde primera hora.

En el ambiente de tensión que se mantuvo durante toda la mañana, algunos diputados, que fueron obligados a entrar en el Parlamento a pie entre los manifestantes, fueron increpados y seguidos de cerca por algunos concentrados. Algunos también fueron rociados con spray, como la entonces diputada Montserrat Tura, que denunció daños en su vestuario por valor de 420 euros.

Gerard Figueras, diputado de CiU, pide auxilio mientras accede al Parlamento:

Arbide considera que, desde la organización, "hubo quizás errores de coordinación y en la reacción a las primeras horas a una campaña de criminalización muy fuerte como nunca habíamos visto". "Hoy defenderíamos nuestra propuesta de forma mucho más contundente", aclara.

Aquellos incidentes se llevaron el protagonismo de la jornada y muchos hablaron del fin del 15-M. Sin embargo, cuatro días más tarde el movimiento volvía a mostrar su fuerza con una gran movilización por las calles de Barcelona y, tres años después, el pasado sábado miles de personas gritaban "Yo también estaba en el Parlamento y lo volvería a hacer" en la manifestación por la desobediencia.

El activista asegura que iniciativas como Rodea el Congreso, que tuvo lugar un año más tarde en Madrid, muestran que este tipo de protesta ha ganado legitimidad desde entonces. "Es bastante claro que, no sólo en Catalunya o España, la democracia hoy en día se hace más entre la gente que rodea a los Parlamentos que entre la que hay dentro", añade Arbide.

Sin embargo, Benet Salellas, uno de los abogados de los encausados, lamenta la imagen que ha quedado de aquel día. "Después de los hechos hubo una manifestación multitudinaria en Barcelona que se podía interpretar como un apoyo a los hechos, pero luego ha ido calando el mensaje criminalizador, que ha ido desdibujando los hechos hasta convertirlos en algo muy diferente de lo que pasó", asegura.

Las acusaciones

La Generalitat y el Parlament de Catalunya acusan a los veinte encausados por atentado contra una alta institución del Estado y les piden la pena mínima por este delito, 3 años de prisión. La Fiscalía añade una acusación por atentado a la autoridad contra los parlamentarios, que según Laia Serra, abogada de los encausados, es redundante con la anterior. Manos Limpias, además de estos dos cargos, plantea también un delito de asociación ilícita, por lo que piden un total de 8 años de prisión.

Serra considera que "los delitos que están planteando no tienen ningún tipo de fundamento". "Yo planteo que lo que sucedió allí no es delito, pero aunque lo considerara delito, por una cuestión de proporcionalidad no se pueden pedir tres años, es decir ingreso en prisión, por los hechos que ocurrieron en el Parlament", asegura.

La abogada señala que "sorprende que la institución supuestamente agravada –el Parlament de Catalunya– es la que pide una pena menor, la pena mínima, aunque ya es muy alta". Considera que a lo largo de este proceso, los diputados, la Generalitat y el Parlament "se han encontrado una situación incómoda". La opinión de la letrada es que quisieron perseguir los hechos del 15-J, pero se encontraron con que las herramientas jurídicas para hacerlo establecían "una pena mínima muy elevada". "Dudo mucho que la postura mayoritaria sea creer que estas personas tengan que ir a prisión", asegura.

El también abogado Benet Salellas considera "aterrador" que la Fiscalía pida más de cinco años de prisión. "Si lo miras desde la perspectiva de los resultados, el único resultado que hubo es una gabardina manchada, que sería una falta de daños, pero nadie sufrió daños físicos ni la propia actividad del Parlament quedó afectada", remarca.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el caso, coincide en que las acciones por las que son acusadas estas veinte personas serían delitos menores o faltas. No obstante, alude a la protesta como una "intimidación ambiental", que agrava los hechos y justificaría las acusaciones de delitos contra una alta institución del Estado.

Un tribunal polémico

La defensa critica duramente el hecho de que este caso sea juzgado por la Audiencia Nacional. "Luchamos y por muchas vías que este proceso fuera juzgado en Barcelona, aunque se mantuviera el mismo delito, y nos sorprendió mucho que ni la Generalitat ni el Parlament hayan dado ningún paso en este sentido", asegura Benet Salellas.

El abogado señala que la Audiencia Nacional "está pensada como un tribunal muy cercano al centro de poder de Madrid y sus intereses, y en cambio el tribunal de aquí es más permeable al proceso político que se vive en Catalunya, que no es necesariamente el mismo que se vive allí".

"La acusación son los parlamentarios catalanes, los investigadores son los Mossos y los acusados son de Barcelona; todos las partes menos el tribunal, la Fiscalía y Manos Limpias son de aquí", recuerda Salellas. Por ello, cuando el Tribunal Supremo decretó que el caso se juzgara en la Audiencia Nacional, la defensa pidió que ésta se trasladara a Barcelona, como hizo durante la fase de instrucción, explica Laia Serra.

"No le hubiera costado nada al tribunal hacer el juicio aquí con tres billetes de avión, y en cambio nos tenemos que desplezar abogados, acusados y testigos –a excepción de los parlamentarios que declararán por videoconferencia–durante los días del juicio", asegura, y añade que es "un agravio económico muy importante". Para tratar de hacer frente a este, los grupos de apoyo a los encausados han iniciado una campaña de crowdfunding para recaudar los 20 mil euros de gastos.

Para Salellas, la negativa a juzgar el caso en Barcelona "tiene un componente simbólico y represivo". "Le están dando a este caso un mensaje de escarnio público, le están dando una centralidad que da miedo", asegura.

La Generalitat y Manos Limpias

También ha sido duramente criticada la coincidencia del Gobierno catalán con Manos Limpias. "Me resulta especialmente chocante que en el mismo lado del proceso, que defiendan las mismas pretensiones", asegura Salellas. "Parece que la Generalitat y el Parlament sean más próximos de lo que dicen a la extrema derecha española, a unas instituciones que critican en el proceso soberanista –críticas que yo comparto–, y por lo tanto necesitamos una explicación todos los catalanes y catalanas", reclama el abogado.

CiU aseguraba en su último programa electoral para las elecciones generales que, de ser elegidos, suprimirían la Audiencia Nacional. Ahora, sin embargo, la Generalitat se persona por primera vez ahí como acusación particular. Además, coincidiendo con Manos Limpias, un sindicato que ha denunciado a Mas ante ese mismo tribunal por sedición.

Además de los encausados, en el otro lado del proceso, algunos de los políticos que declararán han mostrado su rechazo a que este caso se juzgue en la Audiencia Nacional y han declinado la posibilidad de declarar por videoconferencia. Son Joan Boada y Salvador Milà, de ICV-EUiA, y Alfons López Tena, de Solidaritat.

La actuación policial

"Durante todo este tiempo, los parlamentarios han sido muy críticos con el dispositivo policial de ese día", recuerda Laia Serra. López Tena responsabiliza a la Generalitat de los hechos sucedidos aquel 15-J: "Fue el conseller Felip Puig quien cerró todos los accesos a la Ciutadella menos uno, creando una ratonera agravada porque también cortó el tráfico desde el Arco de Triunfo y la Estación de Francia hasta la Ciutadella, obligando a los diputados a pasar a pie por en medio de la multitud sin protección de ningún tipo", recuerda en un artículo publicado unos meses más tarde.

"¿Cómo puede ser que avisaran a los parlamentarios, que normalmente entran por la puerta que les va mejor y en coche, en bici o a pie, que deberían entrar por una sola puerta cuando la noche antes ya dormían ahí miles de personas?", se pregunta Serra. Recuerda, además, que "desde el día antes algunos medios de comunicación ya publicaban por qué puerta entrarían".

"En realidad, ese día no pasó nada grave porque la gente era pacífica. Es lógico que se dieran situaciones de interpelaciones, y los parlamentarios que entraron solos tuvieron suerte que no les pasaran cosas más fuertes porque la gente que había allí no era violenta", asegura la abogada.

Por otra parte, fue muy polémica la actuación de los policías de paisano durante la protesta. Un vídeo que se publicó el mismo día los vinculó a alguna disturbios generados durante la manifestación. El economista Arcadi Oliveres, presidente de Justicia y Paz, intervendrá como testigo en el juicio y hablará de esta cuestión. Al día siguiente de la protesta, el conseller de Interior amenazó con querellarse contra Oliveres por "calumniar a la policía" hablando de policías infiltrados que fomentaban la violencia, pero nunca llegó a hacerlo.

El derecho a la protesta

Benet Salellas considera que "el caballo de batalla de este proceso será el derecho de manifestación contra la intocabilidad del parlamentarios". "Como con los escraches, se quiere dar el mensaje de que sólo se puede protestar de una manera y sobre todo lejos de los políticos", dice el abogado.

"Ese día se dio un mensaje de alarma a través de los medios. Se habló de líneas rojas, se sacó el helicóptero y se creó una imagen de excepcionalidad que no se correspondía con la realidad, y se tapó la boca a la gente que protestaba con una crítica a las formas, mientras se aprobaban los presupuestos antisociales", asegura Salellas.

"Nos parece que el dispositivo que montó Interior ese día buscaba eso, porque era un acto que estaba convocado hacía días y los Mossos hacía días que se preparaban y no se entiende demasiado que montaran un dispositivo en el que hicieran pasar los diputados por enmedio de la manifestación", remarca. "Le fue muy bien a CiU la escenificación que hicieron de todo este tema porque desvió mucho la atención de lo que ocurría dentro del Parlament", añade.

El abogado considera que "a un tribunal político se le debe dar una respuesta política". "Más allá de los argumentos técnicos y a nivel de derechos y libertades que pondremos sobre la mesa, hay que poner una línea roja para marcar hasta donde vamos a permitir que llegue la represión", dice.

En este sentido, hace autocrítica y asegura que "no se está generando una respuesta del nivel de lo que debería pedir este caso, porque es un ataque directo al derecho de manifestación, que te pidan cinco años de prisión por manifestarte".

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Publicado el
31 de marzo de 2014 - 08:43 h

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