El alcalde de Tarragona (PSC), a un paso de ir a juicio por tráfico de influencias, malversación y fraude
El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por varios delitos relacionados con la corrupción –tráfico de influencias, malversación o fraude– después de que este miércoles el juez que le investiga haya cerrado la instrucción del caso Inipro, de presunta corrupción en el consistorio tarraconense.
El caso Inipro, que estalló tras una denuncia de la CUP de Tarragona, ha cerrado su fase de instrucción con 15 personas investigadas. Además de Ballesteros, lo están la concejala y portavoz del PSC en Tarragona, Begoña Floria; la exconcejala Teresa Victoria Pelegrín; el gerente del Instituto de Servicios Sociales de Tarragona, Antonio Muñoz; así como funcionarios, empresarios y trabajadores de la empresa Inipro. Asimismo, el magistrado considera al PSC como responsable a título lucrativo del caso, es decir, que habría salido beneficiado a través de la trama Inipro.
En su auto, el titular del juzgado de instrucción 1 de Tarragona, Joaquín Elías, expone que Ballesteros y la exresponsable de prensa del PSC en Tarragona acordaron en 2009 “promocionar y cuidar la imagen institucional” del alcalde. Lo hicieron, según el juez, contratando a personas que trabajan en Inipro a través del Instituto de Servicios Sociales de Tarragona.
Los contratos “fraudulentos”, en palabras del juez, estaban sobre el papel relacionados con el fomento del asociacionismo y el civismo, pero en realidad el dinero se empleó para retribuir a los empleados que trabajaban para mejorar la imagen del alcalde. El conjunto del fraude asciende, según el instructor, a 276.157,31 euros, que se desviaron “en beneficio de los intereses personales del alcalde de Tarragona, su equipo de Gobierno y del partido que lo sostenía”. El objetivo no era otro que “aferrarse al poder a toda costa usando dinero público”, según el juez.
“Los trabajadores contratados llevaban a cabo actividades relacionadas con la actividad política del PSC, quien se estuvo beneficiando de tener unas personas desempeñando labores propias del partido, abonándose sus salarios a cargo del dinero público”, asevera el juez, que censura que la trama se articulara “en uno de los momentos de mayor austeridad económica de la historia reciente”.
En concreto, el juez ve en la actuación de Ballesteros suficientes indicios de los delitos de alteración de precios en concursos públicos, falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública. El instructor ha pedido ahora a las partes que propongan nuevas diligencias o, en caso contrario, que formulen ya sus escritos de acusación y de defensa, respectivamente. Ballesteros ya ha anunciado su intención de recurrir.
