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Fraguas ‘ocupa’ Madrid: un millar de personas apoyan su exigencia de frenar la demolición de esta ecoaldea

La manifestación en la capital transcurrió entre la plaza de Tirso de Molina y el Ministerio de Agricultura en Atocha

El grupo de repobladores, que ha recurrido su condena al Constitucional, advierte a la Junta que “la solución pasa por el diálogo”

La marcha recibió el respaldo de David Llorente, diputado regional de Podemos y otros colectivos como Ecologistas en Acción o La Otra Guadalajara

Manifestación en apoyo a los repobladores de Fraguas (Guadalajara), hoy en Madrid

Manifestación en apoyo a los repobladores de Fraguas (Guadalajara), hoy en Madrid Foto: Raquel Gamo

Los seis miembros del colectivo de Fraguas condenados a un año y nueve meses de prisión por  repoblar una aldea abandonada de la Sierra de Guadalajara han recibido este sábado un respaldo popular rotundo. Cerca de un millar de personas secundaron la manifestación convocada por este movimiento para rechazar la ratificación de su condena que ordenó la Audiencia de Guadalajara y para exigir a la Junta de Castilla-La Mancha que apueste por el ‘diálogo’ como vía para alcanzar una solución que evite tanto su entrada en prisión como la demolición de la ecoaldea.

La protesta, que llevaba por lema ‘Por un mundo rural vivo y activo’ se desarrolló en el centro de la capital, entre la plaza de Tirso de Molina y la Glorieta de Atocha enfrente de la sede del Ministerio de Agricultura. La marcha, que finalizó en el centro social la Ingobernable, transcurrió en tono festivo y contó con el aderezo de batucadas, grupos de música y performances a lo largo de su recorrido. Además, contó con el respaldo de David Llorente, diputado regional de Podemos, y otros colectivos como Ecologistas en Acción, la plataforma molinesa La Otra Guadalajara y la plataforma Stop Desahucios, entre otros grupos de apoyo de Madrid.

El diputado de Podemos Castilla-La Mancha, David Llorente, apoyó la manifestación

El diputado de Podemos Castilla-La Mancha, David Llorente, apoyó la manifestación

En realidad, la manifestación se convirtió en un acto de adhesión no solo a la situación particular que atraviesa el colectivo Fraguas Revive, sino a la exigencia por “un mundo rural vivo” y por unas políticas públicas orientadas verdaderamente a la lucha contra la despoblación rural. De ahí que a lo largo de la marcha se corearan lemas alusivos a esta inquietud como “Fraguas se queda”, “si no hay patatal, habrá berenjenal” o “la solución a la despoblación es poner un Fraguas en cada rincón”.

Antes de iniciar la protesta, varios miembros del colectivo incluido su representante legal han explicado las raíces del conflicto con la Junta de Castilla-La Mancha y la situación jurídica actual en la que se encuentran los seis miembros condenados. Isabel Turina, una de las repobladoras de Fraguas condenada, aseguró a eldiarioclm.es que “con esta manifestación reclamamos que se retire la demolición y las penas de cárcel. Además asevera que “Fraguas Revive mantiene la mano tendida y la disposición al diálogo” de cara a encontrar una solución con la Junta”.  

Turina recalca que Fraguas fue un pueblo expropiado y reivindica “volver a dar a darle vida, a través de un proyecto basado en la sostenibilidad, la autogestión y la ecología”.

Por su parte, el abogado del colectivo criticó abiertamente el empeño de la Junta de Castilla-La Mancha de “judicializar un asunto que debería haberse resuelto por otros cauces”. Además recordó “el enjambre legal que rodea la actuación en el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, que es donde se ubica Fraguas, y rebeló que incluso durante el juicio el juez señaló que en “el diálogo está la solución”. Asimismo, confirmó la presentación de un recurso de amparo, después de la ratificación de la sentencia por parte de la Audiencia de Guadalajara.

David Llorente, diputado regional de Podemos y enfrentado en esta cuestión a su compañero de partido, José García Molina, vicepresidente de la Junta, afirmó a este digital que “el Gobierno regional se ha equivocado al optar por la vía represiva y al presentarse como acusación particular contra estos repobladores”. Y agrega que “ha desestimado la vía del diálogo y había margen para un acuerdo que respetara del proyecto de Fraguas, que es bueno, respeta el entorno y cuenta con el apoyo de los antiguos pobladores de Fraguas”. Llorente admite que Fraguas se encuentra en un parque natural. Sin embargo, apela a la “ilegalidad” de las leyes franquistas que expropiaron el pueblo y defiende “la recuperación de la memoria histórica de Fraguas”.

Desde la entidad conservacionista Ecologistas en Acción, que en la actualidad media para encontrar una salida pactada al conflicto entre la Junta y los acusados, Sebastián Rivera, coordinador de Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha, asegura a eldiarioclm.es que “apoyamos que este problema se resuelva mediante el diálogo con la Junta, porque la sentencia está absolutamente fuera de lugar y va en contra de un proyecto que cuida del medio ambiente y combate la despoblación rural”. Y añade: “trabajamos para llegar a un acuerdo intermedio que evite que se ejecute la sentencia y que está orientado a encontrar aquellas actividades compatibles con un parque natural”.

Esta organización ha solicitado reiteradamente desde que se celebró el juicio en mayo de 2018 una reunión con el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, con el fin buscar una solución acordada que ponga fin a la vía judicial y permita salvar el proyecto de Fraguas.

Foto: Raquel Gamo

Foto: Raquel Gamo

Precisamente la opción por la que opta el grupo de acusados, después de haber solicitado amparo al Tribunal Constitucional por “indefensión” durante la causa judicial en la que, según argumentan desde Fraguas Revive, se juzgaron los hechos del grupo y no los actos de forma individual. En este sentido, la posición del Alto Tribunal podría ser determinante para paralizar la ejecución de la condena de prisión, en el caso de que admita a trámite el recurso en los próximos meses. “Estamos deseando sentarnos a dialogar con la Junta para acordar una solución al conflicto y plantear nuestras ideas para combatir la despoblación rural, porque las recetas del Gobierno regional de turismo y desarrollo económico han sido un fracaso y se han dilapidado los fondos europeos”, puntualiza Isaac Alcázar a este digital.

La Otra Guadalajara es otro de los movimientos que han acudido a la marcha. Para Agustín Ruiz, portavoz de esta plataforma de la comarca de Molin,a “siempre se habla de la despoblación, pero no de la repoblación rural y hay muchas personas que quieren vivir en los pueblos”. Además, sostiene que “desde la Otra Guadalajara defendemos  el proyecto de Fraguas, porque es autosuficiente, ayuda a recuperar un pueblo expropiado y consideramos que es una repoblación que la Junta debería apoyar, en lugar de denunciarles como si fueran delincuentes”.

El recorrido de la marcha concluyó en Atocha con un gran seguimiento. Por la tarde,  la reivindicación prosiguió en el centro social ‘La Ingobernable’ con una comida popular, varias charlas sobre despoblación rural  y diversas actuaciones que amenizaron esta jornada de respaldo al colectivo de repobladores de Fraguas Revive en la capital.

Conflicto jurídico

La génesis de la condena judicial contra seis miembros del colectivo Fraguas Revive se retrotrae al año 2013 cuando el grupo inició su proyecto de repoblación en Fraguas. Esta antigua aldea de la Sierra de Guadalajara, expropiada a finales de los años 60, está hoy catalogada como monte público bajo la gestión de la Junta de Castilla-La Mancha. Precisamente, el enclave de Fraguas, en el corazón del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, es el argumento que el Gobierno regional ha esgrimido para no autorizar el proyecto de reconstrucción de las casas y, en el que ha basado su acusación por delitos de usurpación de monte público y ordenación del territorio contra el colectivo. Defiende que al tratarse Fraguas de un área protegida, la legislación impide que su urbanización.

El caso de ocupación de Fraguas ha despertado una honda repercusión social y mediática que se ha traducido en la adhesión de cada vez más entidades políticas, sociales y ecologistas a su causa, entendida como una acción pacífica y sostenible con el medio ambiente para recuperar el mundo rural en Guadalajara, epicentro de la España Vaciada. Desde los nativos de Fraguas, hasta Ecologistas en Acción y otros muchos movimientos como La Otra Guadalajara han respaldado el proyecto de Fraguas con miles de firmas y la aportación voluntaria de fondos.

El premio a la mejor conducta medioambiental que Ecologistas en Acción Guadalajara concedió recientemente a la asociación ‘Fraguas Revive’ ejemplifica fielmente el respaldo que ha cosechado el grupo condenado.  

Un apoyo que contrasta con el devenir de la causa en los tribunales, donde la Junta se personó como acusación durante el juicio. La sentencia, derivada del juicio contra seis de los activistas, que se celebró el 25 de mayo de 2018 en el Juzgado de Primera Instancia de Guadalajara, estableció una condena a un año y nueve meses de prisión por delitos contra la ordenación del territorio y usurpación de monte público más el pago de una multa de 16.800 euros y una responsabilidad civil fijada por la Junta en cerca de 30.000 euros. Por contra, la acusación retiró el delito por daños al medioambiente, después de que la versión de ecologistas y agentes medioambientales de Castilla-La Mancha demostró que las obras que los acusados habían desarrollado en Fraguas no atentaban contra el entorno natural.

Foto: Raquel Gamo

Foto: Raquel Gamo

Después, la defensa de Fraguas recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial de Guadalajara, que acabó ratificando la sentencia ordinaria el pasado 14 de enero. Sin embargo, a pesar de los dos reveses judiciales, el colectivo no se ha rendido y continúa con la vía judicial. Ante la imposibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tal como dicta la sentencia, a finales de enero solicitaron el amparo del TC. Consideran que la causa judicial les ha situado en una situación de ‘indefensión’ al no haber sido juzgados cada uno de los condenados de forma individual, según declararon a este digital. Ahora le corresponde al Alto Tribunal admitir a trámite el recurso y, en su caso, analizar si, tal como defienden los acusados, la justicia ha lesionado sus derechos. Una decisión - la de aceptar el recurso- que se conocerá en un plazo estimado de dos meses y que podría suponer la paralización de la ejecución de la sentencia.

Llegar a una solución dialogada entre ambas partes parece ser la vía que cobra fuerza para resolver un conflicto que enfrenta desde 2013 a la Junta de Castilla-La Mancha con los repobladores de Fraguas. Es la postura por la que abogan tanto Ecologistas en Acción como los propios acusados que ya han manifestado su primera propuesta al Gobierno de García-Page. De este modo estarían dispuestos a pagar la multa de casi 17.000 euros que incluye la pena, a cambio de respetar la condena a un año y nueve meses y que la Junta retirase la responsabilidad civil, un paso con el que se eludiría el derrumbe de las construcciones del poblado de la Sierra Norte de Guadalajara.

Otra de las opciones que plantean desde el colectivo es que la Administración regional les autorice una concesión administrativa por dos años revisable para poder continuar con su proyecto para revitalizar la antigua aldea. O encontrar aquellas actividades que sean compatibles con los usos del parque natural en el que se  halla Fraguas como el pastoreo, la agricultura ecológica o la práctica de otros oficios rurales.

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