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Guadalajara se levanta contra la instalación de macrogranjas porcinas

Veintiséis municipios unen sus fuerzas en la plataforma ‘Stop macrogranjas’ en la comarca Molina de Aragón

En la reunión celebrada en Maranchón asistieron más de un centenar de personas de distintos municipios de la provincia

El proyecto de Luzón emitirá 9.000 kilos de metano y consumirá en torno a 7.300 m3 de agua al año, según Ecologistas en Acción

El Ayuntamiento de Chimillas va a elaborar su propia normativa para regular la instalación de granjas

Cerdos en una granja Europa Press

Formar un frente común contra la instalación de macrogranjas porcinas en la comarca de Molina. Con ese fin nace la Plataforma Stop Macrogranjas Comarca de Molina de Aragón, un movimiento ciudadano que en un mes ha sumado a su reivindicación a 26 pueblos de la provincia de Guadalajara, localizados entre la zona de Sigüenza y el Pobo de Dueñas, en el límite con Teruel.

Su bautismo en público tuvo lugar el sábado durante una reunión en el municipio de Maranchón, al norte de Guadalajara, en la que participaron más de un centenar de personas -la mayoría procedentes de localidades del entorno-, además de Alberto Mayor, en representación de Ecologistas en Acción, quien reveló los detalles del proyecto de macrogranja que podría instalarse en Luzón. También asistieron a este acto representantes de los partidos políticos Equo Castilla-La Mancha y Ahora Guadalajara.

Ángel Baldazo, miembro de la Stop Macrogranjas Comarca de Molina de Aragón, asegura a eldiarioclm.es que “somos un proyecto colectivo, preocupado por el futuro de nuestra tierra y reclamamos a la administración que deje de subvencionar esta ganadería intensiva, porque es una ruina para nuestro territorio y no queremos convertirnos en el estercolero de Europa”.

La proliferación de proyectos de macrogranjas porcinas en la provincia de Guadalajara desde 2016 ha despertado una gran oposición social, larvada en los negativos efectos medioambientales y humanos que este tipo de ganadería intensiva produce en el entorno donde se asienta. “Esta actividad es un chollo para el promotor y el dueño del matadero, pero supone un desastre para nuestros pueblos, porque agudiza la despoblación y contamina los terrenos y los acuíferos por nitratos”, afirma Baldazo.

Todos estos motivos han empujado a este colectivo, que surgió en marzo de la mano de Ecologistas en Acción, a movilizarse en contra de la ganadería intensiva y en defensa de un modelo de desarrollo sostenible para el medio rural. Isabel Gabalda, socia también de esta entidad social, asegura a este digital que “hemos de luchar como comarca, porque tenemos derecho a vivir en un medio rural sano, con una ganadería sostenible, que no contamine los acuíferos y beneficie a los pequeños productores y no a las empresas grandes”.

Charla informativa en Maranchón en la que participaron más de un centenar de vecinos de pueblos de la zona

Charla informativa en Maranchón en la que participaron más de un centenar de vecinos de pueblos de la zona

La generación de empleo, actividad económica y nuevos habitantes en las poblaciones aledañas a estas naves ganaderas son, precisamente, algunos de los argumentos de peso que los promotores esgrimen para que la iniciativa cuente con el respaldo de los ayuntamientos. Sin embargo, la experiencia previa dada a conocer por otras poblaciones castellano-manchegas que coexisten con estos criaderos de cebo como forma de concienciar de las consecuencias de la ganadería intensiva, ilustra con precisión esta realidad. Así, en líneas generales, estas explotaciones crean un puesto de trabajo por cada 2.000 ejemplares porcinos.

En cuanto a la pérdida de población que arrojan, los datos también son concluyentes. Por ejemplo, en el municipio de Balsa de Ves, en la provincia de Albacete, la población ha descendido un 40% desde que se abrió la macrogranja porcina en 2006, pasando de 222 habitantes a 136 vecinos. La alcaldesa, Natividad Pérez, denunciaba recientemente que estas explotaciones intensivas “asfixian a la población del medio rural, destruyen el poco empleo que hay y fomentan el despoblamiento”. En la misma línea, Gabalda considera que “esta industria intensiva no crea empleo, porque está muy automatizada, ni ayuda a frenar la despoblación de la comarca y, en cambio, supone unos costes elevados para el medioambiente y las poblaciones”.

Por ahora, la misión de la plataforma se concentra en informar y sensibilizar a los pueblos de los peligros que acarrean estas instalaciones ganaderas para sus poblaciones, mediante charlas y coloquios que convocan en los pueblos afectados. En esta labor, cuentan con el apoyo de otras plataformas vecinales con las que comparten fines como la plataforma estatal Loporzano Sin Ganadería Intensiva, además del movimiento regional Stop Macrogranjas porcinas Castilla-La Mancha. Con este último se reunirán, a finales de mayo en la localidad conquense de Minglanilla con el objetivo de trazar una hoja de ruta común, que contempla también la convocatoria de concentraciones, según comenta Ángel Baldazo a este medio.

En este sentido, medio millar de personas se concentraron este pasado sábado en Priego para protestar contra la tercera planta porcina que pretende instalarse en esta localidad de Cuenca y que de ejecutarse acogería hasta 35.000 cabezas de cerdo. Y es que la oposición vecinal ha sido vital para frenar numerosos proyectos similares en la región. Alberto Mayor, coordinador de Ecologistas en Acción Guadalajara, recuerda que “desde que surgieron los primeros proyectos en Guadalajara en 2016, la concienciación de vecinos y ayuntamientos en contra de estas instalaciones ganaderas ha crecido, han surgido plataformas y debemos seguir con la vía de la movilización social para que estas iniciativas no sigan adelante”. Asimismo, reclama al Gobierno regional “un cambio de actitud” y que “en lugar de incentivar estas granjas intensivas, destine fondos a otras actividades más sostenibles, que creen tejido social y productivo y no contaminen el medio rural”.

Dentro de la ronda de contactos que esta organización mantiene con la Administración, el próximo 2 de mayo, se reunirá con el delegado provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, para abordar esta cuestión. Un encuentro en el que, según asegura Mayor, “trasladaremos al Gobierno regional el gran malestar vecinal que existe en la provincia por la generalización de macrogranjas y por el apoyo económico que ofrece la administración a los promotores”.

Detrás de las subvenciones públicas que reciben estos proyectos por el hecho de estar considerados como sector estratégico dentro del Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (2014-2020), se encuentra una de las principales razones que explican por qué la ganadería de cría intensiva de cerdo se ha extendido tan rápidamente por todo el territorio castellano- manchego. Unas ayudas que pueden cubrir hasta la mitad de la inversión que el empresario ha de realizar para poner en marcha la macrogranja, es decir, 100.000 euros. En la actualidad se contabilizan 200 iniciativas en la región, de las que un porcentaje importante afectan a la provincia de Albacete.

Miembros de la plataforma Stop Macrogranjas Comarca Molina de Aragón en Maranchón (Guadalajara)

Miembros de la plataforma Stop Macrogranjas Comarca Molina de Aragón en Maranchón (Guadalajara)

Luzón, Castellar y Poveda

En la provincia de Guadalajara existen actualmente tres proyectos activos de macrogranjas porcinas en los municipios de Luzón, Castellar de la Muela y Poveda de la Sierra, que se encuentran en diferentes puntos del proceso de autorización. Las tres poblaciones se ubican entre las comarcas de Molina de Aragón y del Ducado, en la zona noreste de la provincia de Guadalajara.

En el caso de Luzón, un pequeño pueblo de 63 habitantes ubicado en la zona del Ducado de Medinaceli, a 60 kilómetros de Molina de Aragón, la solicitud por parte de un promotor local de una instalación de 2.000 cabezas de cebo ha desatado una intensa oposición entre los vecinos. La nave ganadera cuyo presupuesto asciende a 237.773 euros y, que cuenta, en principio, con el beneplácito del alcalde, se situaría en unos terrenos agrícolas que el ayuntamiento ha recalificado como industriales en el área conocida como las ‘parameras de Molina, Hoz del Mesa y Aragoncillo' integrada dentro del espacio natural protegido de la Red Natura2000.

Como muestra de su rechazo, los vecinos de la localidad recogieron más de 2.000 firmas de apoyo hace algunas semanas, a través de un canal abierto en la red social Change.org. Entre las características del proyecto ganadero en Luzón, destacan que esta planta consumirá 7.280 m3 de agua y emitirá 9.000 kilogramos de metano a la atmósfera, 5.000 kilogramos de amoníaco y 40 kilos de nitrógeno al año. En cuanto al gasto eléctrico, el consumo alcanzará los 18.000 KW, mientras que el suministro necesario de pienso será de 1.400 toneladas y se estima que un 5% de los animales morirán cada año.

El proyecto, que de hacerse realidad produciría unos ingresos al municipio de 350 euros al año, superó el estudio de impacto ambiental preciso y se encuentra ahora en fase de información pública. Ecologistas en Acción presentó alegaciones, porque, según afirman, la iniciativa incumple la normativa regional, al no haber planteado el promotor una localización alternativa para la macrogranja.

Por otro lado, el estado de la tramitación de la granja de Poveda de la Sierra, es similar al de Luzón. Está a la espera de que se resuelvan las alegaciones formuladas, al menos, por la entidad ecologista. Según apunta Ecologistas en Acción, el alcalde se muestra a favor de que la macrogranja se construya en la esta localidad, enclavada en el corazón del Alto Tajo.

Por último, el proyecto de ganadería porcina que planea sobre el municipio de Castellar de la Muela, y que el eldiarioclm.es sacó a la luz el pasado febrero, continúa en la fase de estudio ambiental, después de que, a finales de diciembre, el impulsor, Hermanos Pérez Cayuela lo solicitara a la consejería de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural.

Desde el momento en que se conoció el proyecto para instalar 4.000 cabezas de cebo en el paraje de las Gusanillas, emplazado a 2 kilómetros de este pueblo de 38 habitantes, cada vez más vecinos han manifestado su rechazo por carta al ayuntamiento, en respuesta a la petición del Consistorio para conocer la opinión de sus habitantes. Según comenta a este digital Isabel Gabalda, que vive en esta población durante todo el año, “los vecinos están mayoritariamente en contra de la macrogranja”, así como, añade “lo rechazo, porque la planta no es viable al no poder abastecerse de suficiente agua y podría originar problemas de salud en la gente, además de la contaminación por el amoniaco que contienen los purines”.

A la espera de que el ayuntamiento convoque un Pleno y manifieste su postura a favor o en contra del proyecto, la intención de la Asociación cultural Amigos de Castellar de la Muela es recabar firmas de apoyo, cuando la iniciativa pase a información pública en los próximos meses.

Otras macrogranjas que sí funcionan en la comarca de Molina son las del Pobo de Dueñas, Setiles, Tordesilos, Alcoroches e Illana, en la Alcarria. Con anterioridad, la presión vecinal consiguió paralizar otras instalaciones porcinas en la provincia en los municipios de Riofrío del Llano, Querencia, Cincovillas, Brihuega y Alustante.

La actitud de los ayuntamientos en esta materia resulta determinante para que estas industrias ganaderas se materialicen o no finalmente en estos pueblos de escasa población. Algunos consistorios de Guadalajara se han mostrado frontalmente en contra de estos proyectos y han aprobado normativas específicas que regulan la distancia de las plantas al núcleo de población. Es el caso del Ayuntamiento de Sigüenza, que sacó adelante recientemente una ordenanza que prohibía en su término municipal el emplazamiento de macrogranjas de más de 1000 cabezas, a una distancia mínima de 4 km de la ciudad y a 2 km de sus pedanías.

En España, la población de cerdos se cifra en 40 millones y se estima que se crían en torno a un millón de cerdos al año. Esta sobrexplotación de ganado porcino ha provocado que la Unión Europea haya sancionado a España por los niveles de CO2 que emite a la atmósfera, derivados de la evaporación de los purines.

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