Las cadenas de corrupción del PP: Aguirre-González-Cifuentes, Zaplana-Olivas-Camps

Ignacio Blanco es ahora mismo secretario autonómico de Participación y Transparencia dentro del Gobierno valenciano de izquierdas. Exdiputado de Esquerra Unida, cuando estaba en la oposición denunció un caso que fue archivado finalmente en Valencia en 2016 y en el que estuvieron imputados varios excargos del departamento de Sanidad en tiempos del PP.

La empresa involucrada en aquella denuncia era Over Marketing, la misma que la Audiencia Nacional sitúa ahora en el centro del escándalo de supuesta financiación ilegal que ha llevado a la imputación de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. La misma que llevó el pasado junio a la condena de dos años y medio de prisión al expresidente balear Jaume Matas (ya condenado en el caso Nóos), la misma que consiguió de la Generalitat Valenciana hasta ocho millones de euros en tiempos de Eduardo Zaplana como presidente y otros 7,2 millones del Gobierno de España cuando el mismo Zaplana fue ministro del Gobierno de José María Aznar. La misma cuyo responsable, Daniel Mercado, ha confesado en sede judicial haber participado en la financiación ilegal del PP.

A medida que pasa el tiempo, el abuso de poder a gran escala que protagonizó la derecha política española durante décadas se articula en auténticas cadenas de corrupción, que enlazan nombres y sociedades, formas de operar e irregularidades. Emerge toda una red que enlaza casos: Gürtel, Púnica, Over... Y no es casual que en los eslabones de esas cadenas aparezcan atrapados personajes que un día fueron rutilantes estrellas del PP.

Tres presidentes sucesivos de la Comunidad de Madrid están ya prendidos de esa malla de escándalos investigados en los tribunales: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes (excluyo con reticencias a Alberto Ruiz Gallardón, que ha quedado al margen del caso Lezo aunque sigan implicados en él sus consejeros). Viene a ocurrir algo tan parecido a lo que se da en Valencia, con otros tres presidentes sucesivos imputados en casos de corrupción como Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps, que el fenómeno no puede considerarse aleatorio sino más bien el patrón de una forma generalizada de saquear las arcas públicas y hacer trampa en las contiendas electorales que imperó en los años de gloria de los populares.

La hegemonia de la que disfrutó el PP en sus buenos tiempos tenía un eje de fuerza en Madrid, la Comunidad Valenciana y Baleares. Jaume Matas declaró en el caso Over que no había “ninguna conexión” entre la oscura actuación de Over Marketing en las islas y la estructura central del PP. Algo que cada vez resulta más difícil de creer. Porque Over Marketing actuó como la trama Gürtel antes de que llegara Álvaro Pérez a Valencia y esta última hizo lo mismo que Over Marketing, porque la Púnica se confunde en su forma de operar con la Gürtel y la de esta última es un calco de tantas y tantas tramas supuestamente menores o geográficamente más localizadas.

El hecho es que una cadena de continuidad enlaza la historia del PP de Naseiro a Bárcenas, toda esa etapa pujante liderada por Aznar y Rajoy que se vino abajo al estallar la corrupción política como un problema estructural del sistema. La verdad es que cuesta entender por qué sonríe hoy Pablo Casado, líder de la mayor debacle electoral del partido, ni por qué lo hace Isabel Díaz Ayuso, que nada más llegar a la presidencia autonómica aupada por la extrema derecha ya tiene abierta una comisión de investigación sobre sus obscenos trapicheos con Avalmadrid.

La única buena noticia para el PP ha sido su absolución en el juicio por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas. Ha servido también para dar cuenta de que ese partido es incapaz de asumir una regeneración siempre pendiente, ya que su secretario general, Teodoro García Egea, se ha apresurado a reclamar que la izquierda les pida perdón por todo lo que ha dicho sobre ese asunto. En efecto, habría que darles las gracias por haber borrado unos discos duros en los que con toda probabilidad había pruebas de los delitos que se imputan al tesorero corrupto que ellos mismos despidieron. Una acción ejemplar, sin duda.