La división del PP y el líder que no ganó su máster ni el voto de las bases
Quiere actuar como si no hubiera pasado nada. Como si el PP fuera todavía el partido caudillista anterior a la caída de Mariano Rajoy, pero las cosas han cambiado bastante. Pablo Casado es el flamante presidente, esa es la gran novedad. Y aunque unos y otros repiten la palabra lealtad, se han roto muchos de los equilibrios de la formación. El nuevo líder exige unidad y advierte de que no tolerará “corrientes internas”. Pero su autoridad política es frágil porque no ganó el voto de las bases. Tuvo que recurrir a lo que él mismo ha llamado alguna vez, en alusión a otros, un “pacto de perdedores” para derrotar a Soraya Sáenz de Santamaría en un cuerpo electoral mediatizado como es el de los compromisarios.
Su credibilidad moral, curricular para ser más precisos, es todavía más incierta, ya que, más allá de las dudas que suscita una rauda licenciatura en Derecho, su máster, ahora mismo bajo escrutinio judicial, gozó de tantas facilidades que le convalidaron 18 de 22 asignaturas y solo tuvo que aportar, supuestamente, cuatro breves trabajos para que le pusieran cuatro sobresalientes como cuatro soles sin acudir ni un solo día a clase.
No, Casado, no ganó su máster ni el voto de las bases del PP, más exiguas de lo esperado. Su autoridad política y moral es francamente débil y el intento de cerrar filas en la derecha mediante la radicalización del discurso españolista y reaccionario está por ver qué efectos tendrá sobre la opinión pública y, como consecuencia, sobre la deriva electoral del partido, que en el fondo es lo único que importa.
De momento, en el PP hay división. Predicar la unidad sin ofrecer una integración efectiva es una contradicción insalvable. Aunque no se toleren las corrientes internas, el control del partido por parte de Casado deja represaliados a los seguidores de la exvicepresidenta del Gobierno y reabre heridas entre dirigentes territoriales y de estos con la dirección central. Véase como ejemplo el caso del PP valenciano.
En el Comité Ejecutivo Nacional que ha confeccionado el nuevo líder figuran César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante, que apoyó inicialmente a Cospedal y ya formaba parte de la dirección saliente; Miguel Barrachina, presidente provincial de Castellón, que es de la cuota de Sáenz de Santamaría, y Esteban González Pons, que repite como portavoz en el Parlamento Europeo. Mientras tanto, la diputada Belén Hoyo, principal referente de los partidarios de Casado en tierras valencianas, pasa a formar parte de la dirección del grupo parlamentario en el Congreso. Si César Sánchez disimula poco la ambición de ocupar un día el sillón de la dirigente autonómica de los populares, Isabel Bonig, de repente parece tener más posibilidades de hacerlo algún día Belén Hoyo.
Pero es que además se ha incorporado también al Comité Ejecutivo Nacional Vicente Betoret, conocido rival de Bonig en Valencia, una provincia en la que dirige el partido una gestora porque, mientras mandaba María Dolores de Cospedal en la madrileña calle de Génova, se vetó celebrar un congreso en el que Betoret, a la sazón presidente provincial, iba a enfrentarse a cara de perro con una candidata auspiciada por Bonig. Desde los tiempos de la guerra entre entre los seguidores de Eduardo Zaplana y Francisco Camps no había tanta fricción interna.
Los apoyos de Casado vienen, pues, de dirigentes hostiles a la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, cuyos afines, los alicantinos Eva Ortiz y José Ciscar, como Miguel Barrachina, iban en la candidatura de Sáenz de Santamaría, esa que ganó entre los afiliados las primarias, también en la Comunidad Valenciana, y las perdió entre los delegados. Así las cosas, y a menos de un año de las elecciones locales y autonómicas, la división se acentúa en un territorio con una gestora dirigiendo el partido en la provincia de Valencia, redundante con otra gestora anterior que dirige la organización en la ciudad de Valencia desde que nueve de los 10 concejales del PP en el Ayuntamiento fueron suspendidos por su imputación en la investigación de supuesta financiación ilegal del llamado caso Taula.
También aquí hay tensión porque el presidente de la gestora local, Luis Santamaría, aspira a ser candidato a alcalde de Valencia contra la intención de Bonig de que lo sea el actual portavoz y único concejal no imputado, Eusebio Monzó. De momento, Casado ha colocado en la Junta Directiva Nacional a Santamaría para agradecerle que le haya llevado a ganar, aquí sí entre los militantes, en el PP de la ciudad de Valencia.
Por lo demás, cuesta imaginar que el tono de los populares valencianos se radicalice más. Como le suele ocurrir al PP cuando está en la oposición, el discurso de Bonig y su gente es enfáticamente españolista, integrista, anticatalanista, protaurino, acérrimo defensor de la escuela católica y de la privatización de servicios públicos como la sanidad. Es difícil en eso diferenciar a César Sánchez de Isabel Bonig y a esta de Belén Hoyo, de Vicente Betoret o de Luis Santamaría. Sobre la corrupción, casi mejor ni hablamos.
