Alberto Fabra y Alfonso Bataller dicen desconocer las supuestas corruptelas de la Junta de Fiestas
Año tras año, los técnicos municipales encargados de fiscalizar las cuentas del Ayuntamiento llamaron la atención sobre supuestas irregularidades en la gestión de las fiestas. Pero, mientras fueron alcaldes, Alberto Fabra y Alfonso Bataller no preguntaron nada al órgano responsable, la Junta de Fiestas. Tampoco vieron necesario reunirse con el que fue el presidente de esta Junta durante trece años, Jesús López, para tratar este asunto.
Tanto Fabra (que ocupó el cargo desde 2005 a 2011) como Bataller (desde 2011 a 2015) reconocieron esta falta de control el martes por la tarde, en la Comisión de Investigación que el Consistorio está llevando a cabo sobre las presuntas corruptelas que tuvieron lugar en la gestión de las fiestas. Ambos se habían negado previamente a comparecer de forma presencial, así que contestaron a las cuestiones de los diferentes grupos políticos por escrito.
A los dos políticos se les preguntó por qué los interventores hacían reparos contables todos los años. Ambos contestaron que se debía a los estatutos de la Junta, que se elaboraron bajo el mandato del alcalde socialista Daniel Gozalbo. Según Fabra, el órgano se creó entonces para que las fiestas fueran gestionadas directamente por los “hombres y mujeres que las hacen posibles”. Fabra afirmó que todas las objeciones que se hicieron en las décadas siguientes -incluidos los años de su mandato- “tienen su origen” en las que los técnicos hicieron a este modelo a finales de los 80. Bataller ofreció el mismo argumento.
A partir de esta premisa, los dos exalcaldes contestaron a casi todas las preguntas que ellos no sabían nada sobre la gestión de la Junta porque no lo preguntaban. Y no lo hacían porque respetaban la “autonomía” del órgano, que fue alcanzada por “consenso” en 1988. De hecho, a lo largo de las nueve páginas de sus respuestas, Fabra cita tres veces a Gozalbo y escribe el número “1988” en nueve ocasiones.
En blanco
Así, tanto Fabra como Bataller dijeron no saber nada o no tener constancia de lo que se les preguntaba como respuesta a varias cuestiones. “Por el absoluto respeto a la autonomía (...) no tomé parte en ningún tipo de indicación o procedimiento a seguir al respecto, siendo la Junta de Fiestas quien lo gestionaba” fue la respuesta de Fabra a la pregunta de cómo se contrataban los servicios de electricidad, sonido o sillas.
Con frases parecidas, Fabra y Bataller respondieron que no les consta, por ejemplo, a la pregunta de por qué la Junta de Fiestas destruía toda la documentación contable cada año, después de presentar la liquidación. O cuál era el procedimiento mediante el cual se hacían las concesiones de las diferentes carpas. O por qué la Fundación Municipal de Fiestas otorgó una subvención a una empresa pública de la Generalitat.
Que no sabían nada fue también la respuesta a la cuestión de por qué la Junta pagaba IVA de aquello que su presidente -Jesús López- creía que tenía que hacerlo, y el resto quedaba fuera de esta tributación. Ni acerca del personal dedicado a tareas auxiliares que no tenían contrato ni estaban dados de alta en la Seguridad Social, ni -a veces- tenían ni siquiera la edad mínima para trabajar.
La culpa, de la crisis
Bataller explicó que en 2014, se creó el Patronato Municipal de Fiestas para sustituir a la Fundación y “poner fin a esta situación de amplia autonomía” de la Junta de Fiestas. Ante la pregunta de por qué incluso entonces se hicieron contrataciones sin concurso, el exalcalde no lo negó. La razón es que durante este año y el siguiente ambas estructuras funcionaron de forma paralela, “siguiendo la recomendación de los técnicos” y porque no había dinero para contratar personal administrativo.
Además de Fabra y Bataller, también declaró por escrito Joaquín Torres, concejal de Fiestas bajo el mandato de los dos alcaldes. Torres reconoció que “no se seguía proceso administrativo” en la adjudicación de carpas y mesones. Explicó que a partir de 2014, con la creación del Patronato, firmó “algún documento” pero descargó la responsabilidad en “el secretario municipal” que “me indicó que debía hacerlo, si bien fueron documentos en cuya redacción y contenido no participé pues me fueron puestos a la firma”.
Los concejales participantes en la comisión de investigación tienen ahora dos meses para estudiar la documentación. A partir del 24 de abril comenzarán las reuniones para redactar el dictamen.
