Alicante rectifica su gestión de VPO: el Ayuntamiento endurece los pliegos para evitar otro escándalo como el de 'Les Naus'

El Ayuntamiento de Alicante ha dado un giro de 180 grados en su estrategia de control sobre la Vivienda de Protección Oficial (VPO) apenas unas horas después de recibir duras críticas por parte de la oposición. El Patronato Municipal de la Vivienda ha aprobado este miércoles una actualización profunda de los pliegos para la licitación de la parcela ubicada en la calle Ceuta, introduciendo medidas de fiscalización que hasta ahora no figuraban en el proceso. Esta rectificación oficial se produce en un clima de alta sensibilidad política, marcado por el precedente de 'Les Naus' de Benalúa, donde la gestión privada de las listas de espera sobre suelo municipal generó un escándalo de opacidad al conocerse que muchos de los beneficiarios estaban vinculados a la órbita del PP, del Ayuntamiento de la la alta sociedad.

La presión ejercida por el PSPV, que denunció públicamente que el modelo original de Barcala permitía adjudicaciones “a dedo” por parte del promotor, ha forzado al equipo de gobierno a blindar administrativamente la futura promoción de San Blas. En el nuevo marco regulatorio, el adjudicatario privado pierde la autonomía total de la que gozaba anteriormente, quedando obligado a presentar un plan de comercialización que deberá ser validado por el propio Patronato. Este organismo municipal se reserva ahora la facultad de fijar baremaciones específicas, como el criterio de empadronamiento, para garantizar que la vivienda pública responda realmente a las necesidades de arraigo de los ciudadanos alicantinos y no a los intereses comerciales de la empresa constructora.

Para elevar el estándar de integridad, el Ayuntamiento ha diseñado un nuevo protocolo de cumplimiento que incide directamente en la transparencia de las transacciones y la prevención de irregularidades. Entre los requisitos más exhaustivos destaca la obligatoriedad de que tanto el adjudicatario como los beneficiarios y los miembros de la mesa de contratación suscriban una declaración de ausencia de conflictos de intereses (DACIs), un documento que deberá ser firmado por todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años.

Asimismo, se impone un estricto control sobre los tiempos de comercialización, prohibiendo cualquier reserva o pago a cuenta hasta la obtención de la calificación provisional y la autorización de la Conselleria de Vivienda. El promotor tendrá que habilitar obligatoriamente una web o aplicación móvil para la publicidad e inscripción de los interesados —con un plazo mínimo de 30 días y un anuncio previo de 10—, permitiendo que el Patronato supervise las listas provisionales y definitivas tras un periodo reglado de alegaciones de siete días naturales. Finalmente, el control será permanente mediante la entrega de informes trimestrales detallados de todas las operaciones realizadas, desde reservas hasta escrituras, asegurando así una trazabilidad total que impida cualquier asomo de discrecionalidad en la asignación de las viviendas.