Más burocracia pero mismo modelo: el promotor decidirá la adjudicación de nuevas VPO en Alicante pese al precedente de 'Les Naus'

El Ayuntamiento de Alicante ha tratado de blindar la gestión de la vivienda protegida mediante un nuevo paquete de medidas de control, aunque sin alterar el núcleo del modelo que ha generado fuertes críticas en la ciudad tras el escándalo de las VPO de 'Les Naus'. El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha dado cuenta ante el Consejo Rector del Patronato de la Vivienda de un decreto que introduce nuevas exigencias burocráticas para la promoción de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas. Sin embargo, estas medidas conviven con la realidad de que seguirá siendo el promotor privado quien decida si los futuros propietarios de las viviendas de protección pública (VPP) se eligen por sorteo, por baremación o por estricto orden de antigüedad en el registro.

El precedente de Benalúa de 'Les Naus' donde la opacidad en la comercialización de viviendas protegidas derivó en adjudicaciones bajo sospecha especialmente en el entorno del PP y de cargos del Ayuntamiento de Alicante. Para intentar evitar un nuevo escenario de “pelotazo” urbanístico, el consistorio obligará ahora a adjudicatarios, subcontratistas y beneficiarios a firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses. Además, la empresa ganadora de la licitación —que se ha ampliado hasta el 30 de junio para adaptar los pliegos— deberá presentar informes trimestrales al Patronato sobre todas las transacciones realizadas, desde las reservas hasta las escrituras finales.

Pese al endurecimiento de los requisitos formales, la oposición municipal considera que estas cautelas son insuficientes si el control de la lista de demandantes no vuelve a manos públicas. Desde el PSPV se ha denunciado que el equipo de gobierno de Luis Barcala ha renunciado a tutelar directamente un proceso tan sensible, permitiendo que una entidad privada gestione suelo municipal valorado en más de 450.000 euros. La crítica se acentúa al recordar que el Ayuntamiento devolvió en su día una subvención millonaria de la Generalitat que hubiera permitido que estas 30 viviendas fueran de promoción 100% pública y destinadas íntegramente al alquiler asequible, en lugar de las tres unidades que finalmente recibirá el consistorio tras la enajenación de la parcela.

Por su parte, desde Esquerra Unida-Podem lamentan que una operación de esta magnitud, que supone la pérdida de patrimonio público, se gestione a golpe de decreto y sin un debate político de fondo que cuestione el modelo de colaboración público-privada. La desconfianza radica en que, a pesar de los nuevos filtros administrativos, la arquitectura del sistema sigue permitiendo que el promotor diseñe el pliego de condiciones de comercialización. En una ciudad que aún digiere las irregularidades de procesos anteriores, la delegación de la fe pública en manos de intereses mercantiles sigue siendo el principal foco de conflicto, dejando en el aire si la nueva burocracia será un muro eficaz contra el amiguismo o simplemente un trámite más antes de que el suelo público cambie de manos.