Los docentes vacían las clases e inundan las calles en la primera jornada de huelga indefinida mientras la Generalitat se enroca

Este lunes daba comienzo la huelga indefinida en la educación pública valenciana no universitaria, y lo hacía con un gran nivel de movilización -los sindicatos convocantes, STEPV, CCOO, UGT y CSIF, cifraban el seguimiento del paro en alrededor del 90% mientras que la Conselleria lo reducía a un 50%-. Y mientras se vaciaban las aulas, más de 40.000 personas han salido a la calle en València (más de 20.000 manifestantes), Alicante (12.000), Castelló (5.000) y Elche (2.100) en lo que los representantes de los trabajadores han calificado como una movilización “histórica”. Los profesores y maestros cuentan con el respaldo de gran parte de la comunidad educativa representada en la Plataforma per l'Ensenyament Públic, Fampa-València, la Confederación Gonzalo Anaya o el Sindicat d'Estudiants.

Con los profesores de segundo de Bachillerato en el centro de la diana, con unos servicios mínimos que les obligan a acudir a atender aquellas cuestiones “imprescindibles para la evaluación ordinaria y extraordinaria, calificación, firma de actas, publicación de resultados y tramitación de reclamaciones o documentación necesaria para el acceso a la EBAU”, el president Pérez Llorca ha insistido en ponerlos en el foco con una publicación en redes sociales en la que escribía: “Entiendo las reivindicaciones y por supuesto, el derecho a la huelga; pero hoy pienso en los 31.977 alumnos de 2º de Bachillerato que se juegan su futuro en pocas semanas. Y en sus familias. Este gobierno está de su lado. Siempre”.

Precisamente, los profesores de segundo de Bachillerato denuncian la situación de indefensión jurídica en la que se encuentran por unos servicios mínimos, validados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que no especifican sus obligaciones: “Es todo demasiado ambiguo, y suponen un boicot a nuestro derecho a la huelga”.

Los representantes de profesores y maestros invitan a la consellera de Educación, Carmen Ortí, a que escuche las reivindicaciones de unos docentes que están “indignados” y se siente a negociar con una propuesta “real y efectiva” que sea satisfactoria para lo la mejora del sistema educativo valenciano.

Los docentes valencianos, además de la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, exigen la derogación inmediata de la Ley Rovira, “pedimos a la consellera que actúe con responsabilidad y escuche el clamor unánime de los centros y familias”; ratios más bajas y recursos suficientes, “las aulas masificadas impiden una educación de calidad”; menos burocracia y mejora de la salud laboral del profesorado, “la sobrecarga administrativa impide hacer una docencia plena”; infraestructuras educativas dignas y recuperación de los presupuestos recortados, “hay centros que todavía sufren las consecuencias de la dana y que continúen sin soluciones”.

Conselleria invita a los sindicatos a negociar “sin ruido de fondo”

Y mientras tanto, la Conselleria de Educación ha respondido a la primera jornada de huelga emplazando a los sindicatos de docentes a volver a sentarse en la mesa de negociación para reunirse “esta misma tarde si fuera necesario” y ha afirmado que respetan el derecho a huelga, pero consideran que detenerla sería “un buen gesto, porque se negocia mejor sin ruido de fondo y nos evitaríamos esa zozobra del alumnado y ese impasse que a nadie favorece”.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha subrayado que están “abiertos a cualquier posibilidad, con la mano tendida”, ha asegurado que “no son orgullosos ni tozudos” y ha insistido en que “no entiende” medidas “tan extremas” cuando “no se había roto la vía de negociación”.

Estas declaraciones se producen después de que el pasado viernes el departamento de Carmen Ortí insistiera en que los servicios mínimos planteados son “innegociables” y de plantear una subida salarial de 75 euros al mes brutos en tres años hasta un total de 1.050 anuales a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los sindicatos reclaman entre 4.000 y 6.000 euros anuales para compensar la pérdida de poder adquisitivo que padecen desde 2007 y que mantiene a los maestros y profesores valencianos como “los peor pagados de España”.